Piden informes por los saldos no transferidos de la tarjeta Ciudadana

La incorporación del nuevo sistema para el transporte público de pasajeros generó una controversia que todavía resuena en la provincia. Sucede que, pese a que la tarjeta Independencia funciona con normalidad y de manera exclusiva desde hace 10 días, todavía se cuestiona el saldo que perdieron los usuarios al quitar a la Ciudadana del tablero de ofertas para viajar en las líneas interurbanas. En la última semana se presentaron tres notas y un proyecto de ordenanza en torno a esta polémica.

El plástico diseñado por el Gobierno provincial y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) empezó a ser comercializado a fines de marzo, y la -hasta entonces vigente- tarjeta Ciudadana tenía como fecha límite de recarga el 21 de abril, para dejar de funcionar de manera definitiva nueve días después. Sin embargo, el cambio de sistemas no contempló el traspaso de dinero de un plástico a otro; aunque hubiera saldo a favor, la Independencia volvía a $0, y eso generó descontento.

El legislador José Seleme (Avanza Tucumán) envió una nota al secretario de Transporte de la Provincia, Vicente Nicastro, cuestionando la moneda perdida. “¿Esa plata se evaporó, servirá para pagar los colectivos que les regalaron a los empresarios o la están guardando para repartir en las próximas elecciones?”, planteó.

El parlamentario consideró que el mecanismo implementado demuestra un “problema estructural” que perjudica a los usuarios. “Esto no es solo desprolijidad, es casi como una transferencia forzada del dinero de la gente a una empresa que dejó de operar. A esto, en cualquier otro lado, le dicen de otra forma”, deslizó.

Con anterioridad a la llegada de la Independencia, también se incorporó la tarjeta SUBE para el transporte urbano, que ofrece un subsidio federal directo a los pasajeros de colectivos. “Basta de subsidiar a la oferta, de subsidiar a los empresarios; hay que subsidiar a la demanda, a la gente. La SUBE debería implementarse en toda la Provincia y que el subsidio vaya a quienes usen el colectivo, no a quienes lo manejan. Así, por lo menos, el dinero llega a destino”, defendió Seleme.

Es así que solicitó a Nicastro que le comparta un informe en el que se detalle cuántas tarjetas nuevas se han entregado, cuántas faltan y las razones por las que los ciudadanos habrían tenido problemas al comprar y cargar el plástico. Seleme agregó: “los usuarios hacen colas eternas y los kioscos no quieren vender recargas porque no les deja ganancia o cobran un extra. ¿Quién pensó este plan, un funcionario que nunca pisó una parada de colectivos?”.

En este sentido, el legislador cruzó al gobierno de Osvaldo Jaldo por la “falta de información oficial” sobre la nueva metodología. “Con más de $5.000 millones aprobados en Comunicación Pública, ¿no se les ocurrió usar unos pesos para explicarle a la gente cómo cargar o conseguir la tarjeta?”, reclamó.

Montos retenidos

Las quejas por el traspaso de tarjetas también llegaron desde el Concejo Deliberante capitalino. Los ediles radicales José María Canelada y Gustavo Cobos hicieron presentaciones ante la Aetat y la Defensoría del Pueblo para que se realice la devolución del dinero que los pasajeros cargaron en la Ciudadana. Coincidieron en que el proceso de transición fue “desordenado, caótico e indigno para los usuarios”, y tildaron de “robo” a los saldos no devueltos a los usuarios.

Canelada demandó que la cuestión del dinero retenido no recibe respuestas. “Muchos usuarios tenían saldo en las tarjetas que quedaron en desuso, tenían dinero que salió de sus bolsillos. Si son $10.000, $5.000 o $200, el reclamo es exactamente el mismo, porque el dinero es de los usuarios, no es de las empresas ni del sistema. En este contexto económico no se puede mirar con desdén ninguna suma”, señaló.

Por su parte, Cobos añadió que corresponde que el Gobierno reponga a los usuarios el dinero invertido para utilizar el transporte público. “La solicitud es concreta: que se devuelva esa plata a los pasajeros, que es lo que corresponde. Porque además, si nos ponemos a sumar el dinero que quedó sin utilizarse en las cientos de miles de tarjetas Ciudadanas, estamos hablando de un monto millonario”, sostuvo.

Además, los concejales hicieron una presentación ante la Defensoría del Pueblo para solicitarle que intervenga de oficio. Cobos y Canelada declararon que hicieron la presentación en mesa de entrada y que fueron recibidos por el secretario legal y técnico del organismo, Adelmo Rosello, quien tomó nota de cada uno de los pedidos.

Beneficios

En medio de las quejas por los sistemas de transporte, el concejal Carlos Ale (Partido por la Justicia Social) presentó un proyecto de ordenanza para que el usuario capitalino reciba un 50% de descuento si realiza dos viajes en la misma hora. Se trata de un “sistema automático de combinaciones de pasajes en el transporte urbano” para aliviar el bolsillo de quienes lo ocupan a diario.

Según la propuesta, el beneficio se aplicaría exclusivamente a las líneas urbanas comprendidas entre la 1 y la 19, y sería válido únicamente para usuarios que abonen con las tarjetas vigentes u otra que el municipio establezca en el futuro, sin incluir abonos prepagos. “Es una medida concreta para aliviar el bolsillo de quienes más usan el transporte público: trabajadores, estudiantes y vecinos de la Capital. Porque viajar no debe ser un lujo, sino un derecho”, remarcó Ale.

La propuesta se fundamenta en la necesidad de modernizar el sistema de transporte local, tomando como referencia jurisdicciones de mayor extensión territorial que ya han incorporado este tipo de beneficios, como en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires. “Las empresas deben dejar de ser sólo transportistas y pasar a ser prestadoras de servicios”, sostiene el escrito.

El proyecto que modifica la ordenanza Nº 400/79 también establece que podrán realizarse hasta dos combinaciones por día, siempre que transcurra al menos una hora entre ambas. De aprobarse, los costos de implementación y bonificación del nuevo sistema serían absorbidos por el municipio, con cargo al presupuesto anual vigente.