El fin de las relaciones contractuales entre el Consorcio Público Metropolitano y Moviser SRL (ex adjudicataria) mantiene sus roces. La firma de Yerba Buena elevó un reclamo al organismo por una deuda total de $3.600 millones, y exigió el pago a cuenta de los servicios de abril. El ente intermunicipal, en tanto, rechazó esos números y responsabilizó a la empresa por la protesta que realizan los trabajadores de la planta de San Felipe, alegando que no se abonaron los sueldos con el anticipo que la Girsu le otorgó.
La nota presentada el jueves pasado lleva la firma del socio gerente de Moviser, Máximo Ignacio Jiménez Montilla, y va dirigida a la presidenta del Consorcio, Eugenia Andrade. En el texto se reconoce que se toma nota de una transferencia de $300 millones efectuada por el organismo, pero se intima a cumplir “de forma inmediata y sin más dilaciones, al depósito de la totalidad de los importes que continúan siendo adeudados a la fecha, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales que correspondan”.
En particular, detalla que se trata de diferencias en base a lo solicitado como anticipo correspondientes al mes de abril, que ascienden a la suma de $600 millones, más una deuda de $3.600 millones “conforme surge de los expedientes presentados y demás antecedentes obrantes”.
Funcionamiento
La firma que dejó de operar a fines de abril, producto de un proceso de licitación que ganó una UTE (Polo Ambiental de Tucumán), remarca que los fondos son necesarios para afrontar obligaciones laborales (como pago de haberes, cargas sociales, aportes sindicales y demás) y operativas (compromisos impositivos, pago de servicios, proveedores, etcétera). Aduce que el incumplimiento de la retribución afectaría el normal funcionamiento de la empresa y atribuye al Consorcio toda consecuencia derivada de esa situación.
En tanto, la presidenta de la Girsu aseguró que no existe tal deuda. “A esa suma la desconocemos porque ellos no cumplen con varias cuestiones, entonces se les hacen deducciones por incumplimiento contractual. Lo demás son saldos de facturaciones desde enero hasta abril; pero de abril tienen los plazos suspendidos porque no presentaron toda la documentación de respaldo, y la facturación de enero todavía no vence. Estamos al día”, remarcó.
Por el contrario, reclamó que la firma “se quedó con dinero que era destinado al pago de los trabajadores”, en referencia a la suma de $300 millones que el Consorcio le otorgó a Moviser. “Están con corte en la planta de San Felipe porque no se les pagó, a pesar de que tenían el dinero para hacerlo y lo reconocieron”, apuntó. Andrade señaló que contractualmente no está previsto el pago de un anticipo, pero que como la firma yerbabuenense sostenía que no tenía fondos para pagar sueldos, se hizo una excepción.
“Hablo con documentación en mano, porque acá tengo las planillas de los gremios. Moviser recibió dinero de parte del Consorcio e incumplió con el pago. Ahora el transporte de la planta de San Felipe está de paro hasta que no se terminen de acreditar los fondos. Y ese pago fue un anticipo sobre la facturación de abril, porque todo lo demás no está vencido; contractualmente no hay deuda”, aseveró Andrade.