Por Gustavo Rodríguez
10 Mayo 2025
“Aquí no hay ninguna casualidad, hay una maniobra premeditada del Estado para apoderarse del bien de mi asistido”, aseguró Ricardo Vitellini, defensor de Víctor Hugo Arroyo, el poseedor de un terreno de El Cadillal que la justicia determinó que sea restituido a la Provincia. El procesado por usurpación impugnó la resolución.
El expediente se inició en agosto de 2023 cuando agentes estatales descubrieron que Arroyo había usurpado tierras que el Ente Tucumán Turismo había otorgado a una empresa. Se hizo una denuncia y el año pasado el fiscal Carlos Saltor comenzó a investigar el hecho.
Confirmó que Arroyo había ocupado el lote que pertenece a la Provincia en 2022. Por esa razón, acusó al señalado de usurpación y, con el apoyo del representante de la Fiscalía de Estado Santiago Luis Xamena. El juez Guillermo Taylor hizo lugar a los planteos del acusador y el defensor decidió impugnar la resolución del 22 de abril.
“Arroyo es continuador en la posesión de su abuelo, fallecido de 1991, respecto del inmueble y no es cierto que haya ingresado al lugar de manera violenta, por la sencilla razón que estaba dentro del inmueble y poseyendo de buena fe, por la justa creencia de ser continuador del dueño y señor de la cosa”, indicó Vitellini.
El profesional indicó que en 2002, la Provincia le cedió una fracción del terreno a una fundación, por lo que Arroyo inició una acción civil sobre amparo por simple tenencia. “Si bien es cierto que el planteo no prosperó, sirve para demostrar que mi defendido desde esa fecha se encuentra ejerciendo sus derechos posesorios”, añadió el abogado en el escrito con el que fundamentó el pedido de impugnación.
Pruebas
Durante la audiencia, el acusado mostró pruebas para justificar que es poseedor de las tierras que están en litigio. Entre otros, un plano de mensura de 1999, una constancia firmada en 1995 por el comisionado José Gabriel Ghio en la que confirma que es poseedor desde años anteriores y, por último, un certificado de libre deuda de impuesto del período 1994-1998, rubricado por el ex comisionado Justo José Juárez.
“No desconocieron estos documentos, pero pretenden aplicar el derecho penal sobre funcionarios que osaron cobrar un canon sobre inmuebles o se atrevieron a librar un libre deuda o confirmaron la situación de hecho como que la posesión de las tierras está en cabeza de Arroyo”, indicó Vitellini.
El abogado también hizo un planteo sobre la igualdad de armas en el proceso judicial. “A este defensor le resulta difícil creer que cuando se litiga contra el Estado, existe igualdad de armas. En efecto, el Estado litiga gratis, cuenta con dependencias de apoyo que confeccionan planos catastrales, mediciones geodésicas por agrimensor, colocación de estacas demarcatorias gratuitos, y si no hay planos catastrales, como en el sublite, presentan como prueba una planimetría hecha por el Cuerpo de Ingenieros de la Policía, Institución esta última que también le provee el auxilio de la fuerza pública”, finalizó
Arroyo, por su parte, en una extensa declaración, durante la audiencia se apuró en aclarar que él no es ningún usurpador porque es el titular de las tierras. “Desde hace más de 30 años que estoy ahí y lo mantengo. Nadie se acuerda de que dejó de ser un basural porque lo cuidaba”, explicó. “Mi idea era que ahí se montará la primera estación de servicio de la villa turística. “Ahora están impidiendo este progreso”, finalizó.
Medidas: la Provincia sigue sumando tierras en el proceso de recuperación
El plan de regularización dominial en El Cadillal sigue a paso firme. La Provincia recuperó terrenos y volteó alambrados en el loteo conocido como Torres Espeche, en uno de los mejores sectores de la villa turística. Según explicaron fuentes oficiales, los responsables de la comercialización de los terrenos habían ocupado tierras que pertenecen al Estado y que además están en zona roja de la reserva natural, es decir, en la que está totalmente prohibido hacer cualquier tipo de modificación. Subrayan además que no iniciaron ningún tipo de trámite para realizar ese loteo. Amparándose en la ley que habilita a la Provincia a proteger los bienes del Estado, concretaron las medidas.
Esta es la segunda intervención que realizó la Unidad Ejecutora en un loteo en El Cadillal. El primer desalojo se realizó en el barrio conocido como “Los Guayacanes” y además las autoridades hicieron tapar el camino de un supuesto emprendimiento inmobiliario que se estaba realizando en el camino del perilago. En Ticucho, que pertenece a la comuna de Tapia, también recuperaron el predio del club Scania y, la próxima semana, el dueño del llamado glamping devolverá el lugar que ocupó en los últimos años sin ningún tipo de autorización. “Ya demostraron que van en serio y que esto no es un amague más. Veremos hasta dónde llegarán”, dijo Mario Estévez, vecino temporario del lugar.
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