La Legislatura sancionó en la última sesión una ley que establece una alícuota reducida del 1,5% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para actividades vinculadas al turismo. La medida busca darle continuidad a los efectos positivos logrados con el Decreto N° 1.998/3 (ME) de 2023 (el cual expiraba a fines de mayo); es decir, fomentar nuevos proyectos, emprendimientos y el fortalecimiento del empleo en una actividad considerada estratégica para la economía provincial.
“Este proyecto propone transformar ese beneficio temporal en una política pública permanente”, remarcó el legislador Hugo Ledesma, impulsor de la iniciativa junto con el monterizo Francisco Serra (presidente de la comisión de Turismo). “La actividad turística constituye una fuente trascendente de generación de empleos y tiene un elevado impacto en la economía provincial”, señalaron en los fundamentos de la propuesta.
Los favorecidos
La iniciativa alcanza a los contribuyentes inscriptos en el “Registro Provincial de Prestadores de Servicios Turísticos”, de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 7484. Además, los establecimientos deberán operar en municipios o comunas reconocidos como turísticos y contar con al menos tres empleados registrados. La norma excluye expresamente a los emprendimientos que funcionan bajo la modalidad de franquicia.
Entre las actividades contempladas, figuran los servicios de alojamiento en hoteles, cabañas y hosterías, agencias de viajes, alquiler de equipos turísticos, excursiones, gastronomía y parques temáticos, entre otros.
“Tucumán tiene un enorme potencial turístico. Contamos con más de 12.000 plazas de alojamiento registradas, una gastronomía que emplea a más de 14.000 personas y una cadena de valor donde intervienen miles de emprendedores, productores, artesanos y prestadores de servicios”, expuso Ledesma antes de que la propuesta se aprobara por unanimidad.
El Ente Tucumán Turismo será el encargado de validar el registro de prestadores, y la Dirección General de Rentas tendrá a su cargo la implementación del beneficio tributario. Además, el Ejecutivo podrá dictar normas reglamentarias para garantizar la correcta aplicación y fiscalización del régimen.