Más de mil estudiantes internacionales en los Estados Unidos enfrentan la revocación repentina de sus visas, una acción que sembró el pánico en campus universitarios y comunidades migrantes. La política, impulsada por la administración de Donald Trump, fue criticada por su falta de transparencia y por prescindir de los procedimientos habituales.
Según la agencia Associated Press, al menos 1.024 estudiantes de 160 instituciones educativas resultaron afectados desde finales de marzo. La mayoría de los casos involucran a jóvenes de la India y China, quienes reportan haber sido sancionados por infracciones menores, como multas de tránsito impagas, sin previo aviso ni derecho a defensa.
Universidades y tribunales en pie de lucha
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó a miles de estudiantes del sistema SEVIS, que monitorea el estatus legal de los alumnos extranjeros. Esta acción unilateral fue calificada como un "ataque sin precedentes" por abogados de inmigración y autoridades universitarias, quienes denuncian la ausencia de notificaciones formales y la exclusión de las instituciones en el proceso.
En respuesta, jueces federales de al menos siete estados, incluyendo Massachusetts, Wisconsin y Montana, emitieron medidas cautelares para frenar las deportaciones y restaurar el estatus legal de los estudiantes. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones presentaron múltiples demandas con el argumento de que las revocaciones violan el debido proceso, y dañan gravemente la salud mental y el futuro académico de los jóvenes.
El impacto de esta política también fue evidente en universidades como Indiana University, donde varios estudiantes vieron sus visas canceladas sin explicación. El rector Rahul Shrivastav confirmó que la institución está brindando apoyo legal a los afectados y expresó su preocupación por el precedente que sienta esta medida.
Analistas señalan que la ofensiva migratoria de Trump busca inflar artificialmente las cifras de personas deportables. Además, alertan sobre el resurgimiento de discursos xenófobos y racistas incentivados por decisiones gubernamentales que atentan especialmente contra las comunidades más vulnerables.
Mientras tanto, miles de estudiantes viven en la incertidumbre con el temor de ser detenidos o expulsados en cualquier momento. Muchos modificaron sus rutinas diarias, evitando espacios públicos y limitando su interacción social, en un intento por minimizar riesgos mientras esperan una resolución judicial que les permita continuar con sus estudios y proyectos de vida.