Usurpaciones: hay un plan para recuperar las tierras de la vera del río Blanquito

“Autotutela”. Ese es el nombre jurídico que está utilizando la Provincia para recuperar tierras fiscales que fueron ocupadas. Se puede decir que es el poder que tiene el Gobierno para velar por el patrimonio de todos los tucumanos sin tener que recurrir a la Justicia para concretar la liberación de zonas ocupadas. Eso es lo que hizo la Dirección Provincial del Agua (DPA) para disponer de cuatro desalojos en la vera del río Blanquito, en Tafí del Valle. Esta estrategia comenzará a ser utilizada en esa localidad y otras.

Esta es la segunda vez en menos de 10 días que las autoridades utilizan esa estrategia para avanzar en la regularización dominial. La semana pasada, pusieron punto final al loteo “Los Guayacanes” y a un supuesto emprendimiento inmobiliario que se habría proyectado construir en la zona del perilago.

“Es una buena noticia para todos los que amamos Tafí del Valle. Es un buen mensaje para seguir adelante. Hay muchos espacios públicos que fueron ocupados por lugareños y veraneantes”, aseguró el ingeniero Osvaldo Merlini, profesional que desde hace años viene denunciando las irregularidades en esa localidad. “Esto debería ser el comienzo”, insistió el defensor de la villa turística más importante de la provincia.

María del Carmen Ramírez, otra residente ocasional, se mostró sorprendida con la noticia. “Se viralizó una foto por los grupos de WhatsApp en la que aparecía una orden de desalojo. Creía que era una broma. Son tantos años de venir escuchando reclamos y planteos judiciales que nunca tuvieron respuestas. Esta es una gran iniciativa, pero sería importante que se aplique en toda la villa y que se mantenga con el tiempo”, pidió.

El camino

Esta historia comenzó a escribirse en 2023, cuando una persona denunció que había una construcción al final del pasaje Crataeugus, a la vera del río El Blanquito (en La Quebradita) que pertenecía al Estado. En el caso intervinieron varias reparticiones hasta que los inspectores de la DPA confirmaron que la vivienda estaba en un área de la Provincia, puesto que no respetaba los límites que exige la norma de edificaciones en zonas de riberas o inundables.

En febrero de 2024, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó un decreto ordenando a la DPA, en su carácter de autoridad de aplicación, con la participación de la subsecretaría de Medio Ambiente a adoptar, en el ejercicio de la autotutela administrativa y con el auxilio de la fuerza pública de ser necesario, las medidas para recuperar ese bien del Estado.

“A partir de ese momento se hizo un estudio importante que derivó en la notificación que debían desalojar voluntariamente o, en su defecto, recurrir a la Policía para que haga cumplir la orden”, explicó el ingeniero Marcelo Cancellieri, titular de la DPA. Pero en el medio sucedió algo particular.

Cuando los inspectores volvieron a presentarse en el lugar, descubrieron que desconocidos habían cercado otro lote; que un vecino había extendido su dominio al sector donde no está permitido y que a una mujer, por una orden municipal de la anterior gestión, le habían colocado una casilla allí, sin tener en cuenta que era una zona prohibida y que además pertenecía al Estado. El miércoles 9 los ocupantes fueron notificados de la resolución y tenían 10 días para cumplir con la orden. Al coincidir la fecha con Semana Santa, los plazos podrían estirarse unos días más.

Primeros pasos

“Este es tan solo una primera etapa del plan de recuperación. Ya tenemos identificados otros casos y vamos a actuar de la misma manera”, aseguró el representante legal de la DPA Juan Pablo Occhipinti que prefirió no brindar más detalles por el momento. Sí trascendió que la repartición podría estar realizando la misma investigación en San Pedro de Colalao, otra villa turística en la que se denuncian permanentemente la venta de terrenos ilegales.

Por el momento es imposible determinar cuántas son las propiedades que están señaladas por las autoridades. Los vecinos señalan al Barrio Crataegus como un lugar donde se construyeron viviendas y hasta se instalaron negocios. “Tenemos que velar por nuestro patrimonio, pero también por la seguridad de las personas. El Blanquito es un hilo de agua, pero cuando crece, se lleva todo. Si no actuamos y ocurre una tragedia, la Provincia se tendrá que hacer cargo”, finalizó.

“La idea es buena, pero hay que mantenerla con el tiempo. En Tafí del Valle hay muchas personas que se ganaron enemistades por denunciar y poner la cara por las usurpaciones. Encima, muy pocas veces tuvieron respuestas. Con el mecanismo que están utilizando, muchos se animaran porque saben que no se jugarán en vano”, recalcó Ernesto Camandona.

Una tragedia anunciada: hace 38 años, la crecida del río El Blanquito arrasó con todo a su paso en Tafí del Valle

El 21 de enero de 1987 el arroyo El Blanquito desató un desastre natural que quedó grabado en la memoria de los habitantes de Tafí del Valle. Era una tarde de verano como cualquier otra cuando de repente la tierra comenzó a temblar y el silencio se vio aturdido por el ruido del agua y las rocas que viajaban a gran potencia. Debido a las fuertes lluvias, alrededor de las 16.30 el inofensivo río creció hasta superar el metro y medio de altura y destruyó todo lo que encontró a su paso, mientras arrastraba árboles, lodo, piedras y animales. 

Esta catástrofe ya había sido advertida semanas atrás. El 17 de diciembre de 1986 (año en el que la provincia tuvo cantidades atípicas de precipitaciones) la creciente del río Tafí cortó la ruta 307 a la altura del kilómetro 73 interrumpiendo la comunicación con Amaicha del Valle. El aluvión también destruyó la toma que distribuía agua “potable”. El 19 de enero, El Blanquito tuvo una importante creciente que sorprendió a todos; sin embargo nadie se esperaba que dos días después un bestial aluvión causara un derrumbe bestial.

En 2018 la doctora en arqueología María Marta Sampietro investigó el fenómeno junto a su colega español José Luis Peña Monné y explicaron que “Se trató de una creciente producida por una lluvia localizada en la cuenca alta del río, de corta duración y alta intensidad. El estado de degradación de la cuenca, debido a su mal manejo -quemas, sobrepastoreo y tala indiscriminada, entre otros-, favoreció la saturación del sustrato de la zona y fue arrastrando todo el material aluvional hasta la villa”. “El resultado más importante es que existe peligro de que se registre una nueva inundación. No se trata de generar temores. Simplemente es un estudio en el que se descubrió que no se hizo ningún mantenimiento a los trabajos de sistematización de cuenca que se realizaron después del episodio”, concluyó la investigadora

Informe definitivo: productores usurparon al menos 20 hectáreas en el predio de Ibatín

Después de haber realizado una inspección con diferentes reparticiones del Estado, la Unidad Ejecutora, que depende de la Fiscalía de Estado y que está al frente de la regularización dominial, confirmó que productores estaban ocupando alrededor de 20 hectáreas en el predio de Ibatín. Uno de los casos más llamativos es que los agentes estatales, cuando llegaron al lugar, se toparon con cosecheros y camiones que se preparaban para ingresar a una quitan de limones de 12 hectáreas. La plantación, según explicaron las autoridades del Ente Cultural, está encima de un sector de la ciudad fundacional de Tucumán. También confirmaron que se sembró caña de azúcar en un predio de ocho hectáreas. Al tener estos resultados y al comprobar que existen varias viviendas en el interior del predio fiscal, la Provincia notificará que deben abandonar el lugar o serán desalojados por la fuerza. En principio utilizarán la herramienta de la autotutela para evitar un proceso judicial. El gran tema a analizar es que harán con el sector destinado a la producción. Ocurre que los restos arqueológicos están a partir de los 30 centímetros de profundidad y quitar un árbol puede generar un importante daño en el museo a cielo abierto.