Narcotráfico: Famaillá, una ciudad en la mira

“Han pasado tantas cosas feas en esta ciudad que es preferible no recordarlas”, dijo Juana Martínez, una mujer que desde hace más de 70 años que vive en Famaillá. “Tampoco las quiero contar porque tengo miedo”, añadió el ama de casa. En los últimos 20 años, el municipio ubicado a unos 42 kilómetros de la capital fue escenario de varios casos en que la droga estuvo presente.

El 17 de agosto de 2003, Adrián Mansilla fue visto por última vez en la zona de la ex Terminal de Ómnibus. Un grupo de hombres lo obligó a subir a su auto. Luego de semanas sin que la investigación avanzara, Carlos “Pirucho” Chávez contó que él integraba esa patota y que, después de secuestrar a la víctima, lo llevaron hasta el paraje de Sauce Guacho donde lo mataron y enterraron. Identificó a Miguel Ángel “Piki” Orellana, hermano de José y Enrique Orellana, como el ideólogo del plan y señaló a las otras seis personas que participaron en el hecho.

La investigación del caso fue una de las más polémicas de los últimos tiempos. Denuncias cruzadas, cambio de fiscales, sobornos, acuerdos millonarios y hasta el desplazamiento de los investigadores que llegaron a la verdad, formaron parte del expediente. El juicio se desarrolló cinco años después y, a pesar de que todos los acusados fueron condenados (incluso el testigo arrepentido) nunca se conoció el verdadero móvil del crimen.

Mansilla trabajaba para Orellana. Sus familiares, antes de renunciar a la querella al haber llegado a un millonario acuerdo económico, dijeron que el joven viajaba en reiteradas oportunidades a Buenos Aires y regresaba con misteriosos paquetes que podrían haber sido droga. Extraoficialmente siempre se pensó que la víctima se habría apoderado de una importante cantidad de cocaína (algunos dijeron que era medio kilo) y por eso decidieron matarlo.

Un caso impune

Río Colorado está muy cerca de Famaillá. Esa localidad fue escenario de un doble homicidio que aún permanece impune. El 30 de marzo de 2015, los sargentos Alberto Antonio Valdez y Ángel Ernesto Véliz, pese a no estar prestando servicios, recibieron un llamado de un vecino porque algo raro estaba ocurriendo en la entrada del pueblo. Se subieron a una moto y fueron hasta el lugar. Llegaron hasta un refugio ubicado en el acceso de la ruta 157 y se toparon con un auto negro. No tuvieron tiempo de nada. Los acribillaron con pistolas nueve milímetros. El caso fue conocido como “El crimen de los guardianes”.

La fiscala Adriana Reynoso Cuello estuvo al frente de la investigación e imputó por homicidio a Sebastián Exequiel Jaime, José Carlos Acosta y Juan Carlos Tártalo. “Le voy a decir la verdad: esas personas no tienen nada que ver”, dijo el acusado Jaime mientras apuntaba con una mano a los también imputados Tártalo y Acosta. “No dije la verdad porque fui amenazado por Nicolás Orellana y Samuel Morales (hijo y ex yerno de “Piki” Orellana, respectivamente)”, advirtió generando más asombro en la sala de audiencias.

Los mencionados fueron citados a declarar y negaron la acusación en su contra. Un tribunal condenó a Jaime y absolvió a los otros dos acusados. También resolvió que se reabriera la investigación en contra de Orellana y de Morales. Pero la fiscala Reynoso Cuello poco pudo hacer. El paso del tiempo y el miedo de los habitantes de Río Colorado terminaron sellando la impunidad en “El crimen de los guardianes”. Sin embargo, tiempo después Morales fue detenido, acusado de comercializar drogas en esa ciudad.

Un prófugo

Claudio Ávalos, de un día para el otro, se transformó en un empresario dedicado al rubro de transporte y alquiler de maquinarias viales que habría realizado tareas para el municipio de Famaillá. Sin embargo, en noviembre de 2021 fue detenido en Bolivia, acusado de secuestrar a un proveedor de cocaína que lo habría engañado en una operación de compra de una importante cantidad de droga. Lo procesaron y pese a ser extranjero, le otorgaron el arresto domiciliario. En marzo de 2022 se escapó de la casa que había alquilado.

La primera semana de julio de ese año, los policías de la ex Brigada lo detuvieron mientras caminaba por su ciudad natal. Al constatar sus antecedentes, informaron a las autoridades bolivianas que lo habían atrapado y les avisaron qué documentación necesitaban para que fuera extraditado. Les advirtieron que, según las normas vigentes, no podían retenerlo más de 48 horas. Se vencieron todos los plazos y, ante la ausencia de envío de la documentación exigida, tuvieron que liberarlo. Nunca más se supo de él, a quien los famaillenses aseguran haber visto después de esos días.

El último caso

Lucas Nazaré Córdoba (34) fue detenido en mayo de 2024 acusado de comercialización de estupefacientes en Famaillá. El fiscal Diego Hevia logró que lo procesaran por ese delito, pero no pudo evitar que le otorgaran el arresto domiciliario por cuestiones de salud (sufre problemas de hipertensión). A la causa sólo le faltaban los informes del análisis del celular que le habían secuestrado.

El fiscal Carlos Sale (reemplazó a Hevia en la Unidad Fiscal de Narcomenudeo del sur), al recibir los resultados de la pericia, descubrió que Córdoba en realidad podría ser un distribuidor de estupefacientes a gran escala en todo el sur de la provincia. Basó su teoría al encontrar evidencias de la importante cantidad de paquetes de drogas que había fotografiado el acusado con el móvil. Ante ese panorama, solicitó una audiencia para que se le revocara el beneficio por temor a que se fugara y con el fin de que la causa pasara a la Justicia Federal.

El juez Marcos Núñez Campero rechazó los dos pedidos del Ministerio Público. Consideró que no se había mejorado el estado de salud del imputado y que con fotografías no se podía cuantificar la cantidad de estupefacientes para determinar si era una causa de narcomenudeo o de tráfico a gran escala.