Los interrogantes que dejan las usurpaciones

Los casos de las usurpaciones siguen calentándose por una sola razón: lo que hasta hace un par de años parecía una utopía, terminó siendo una realidad. El Estado intenta poner algo de orden después de décadas de descontrol. En apenas seis meses se recuperó nueve predios de los al menos 11 que habían ocupado gran parte de la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar. Ahora está decidido a avanzar en El Cadillal que es la capital provincial del caos dominial. Para marcar diferencias, en el “Loteo Gaucho Castro” del valle de Tafí, estuvieron involucradas no más de 40 propiedades, en la otra villa turista, serían más de 3.000.

En ambos centros turísticos es notorio cómo cunde la preocupación entre los compradores de tierras. Terminaron de entender que un boleto de compraventa es inútil para probar la titularidad de un inmueble.

“La verdad es que cuando me di cuenta que pagaría un 40% menos por un terreno ni me preocupé en saber si tenía escritura. Pero si hoy vas a El Mollar, juntás a 10 personas y le preguntás quién tiene ese documento, como mucho, sólo uno te dirá que sí”, analizó Miguel Pedrotti. ¿Una persona puede considerarse como comprador de buena fe si sabe que está adquiriendo un bien a la mitad del precio del mercado y que no cuenta con la documentación que se requiere por ley?

El caso de los ocupantes de El Cadillal es más grave y cuestionable. El Estado, a través de dos leyes, les dio la oportunidad para que regularizaran la situación dominial de sus propiedades. Lanzó una propuesta muy generosa. Estaba dispuesto a hacer la vista gorda a las usurpaciones realizadas en lugares que debían preservarse y reubicarlos si se habían instalado en zonas prohibidas por cuestiones ambientales y de seguridad. Debían, a través de una licitación pública, comprar los terrenos de una sola vez o hasta pagarlos en cómodas cuotas. De los 3.000 candidatos a acceder a ese plan, sólo lo hicieron 400, es decir menos del 20%.

¿Qué pasó? La gran mayoría habría decidido ir por izquierda. Según varias investigaciones, empleados de la eliminada subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, les habrían ofrecido realizar la escrituración de sus tierras a través de otra ley y no de la norma sancionada para poner en orden la villa turística.

De acuerdo a las denuncias que realizaron los ocupantes, pagaron entre $180.000 y $240.000 para que los mismos agentes estatales les hicieran la mensura y los trámites. Ahora gritan a los cuatro vientos que fueron engaños y responsabilizan al Estado por esta situación, pero hasta aquí no apareció ni un damnificado exhibiendo un recibo oficial por el pago que realizaron. Sólo muestran un mero número de expediente. “Confiamos en ellos y así nos fue. Alguien tiene que hacerse cargo de lo que hicieron. Ellos son empleados públicos y el Gobierno no puede mirar para otro lado”, reclamó María del Carmen Osores.

La gran pregunta es qué hará la Provincia con esos más de 2.500 propietarios que no regularizaron su situación porque no quisieron o porque prefirieron pagar sobornos para no tener que comprarle al Estado los terrenos que hoy están en situación irregular.

También sigue dando vuelta la pregunta sobre qué sucederá con los 400 ocupantes que realizaron correctamente el trámite, ya que el proceso que disponía la ley fue suspendido en diciembre pasado por las anomalías detectadas. Lo único cierto es que para lanzar otro plan de este tipo es necesario una nueva norma. El 30 de diciembre de 2023 se cerraron todas las puertas para los adquirentes irregulares. Ahora, ¿se les debe dar una nueva oportunidad a los que no actuaron correctamente?

Marcada de cancha

El Gobierno dio otra clara señal de que hay una decisión política de acabar con las usurpaciones de tierras públicas y privadas. A través de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medioambiente y del Patrimonio Provincial, que está a cargo de la Fiscalía de Estado, se firmó una resolución para que los comisionados rurales tengan poder de policía en materia dominial y ambiental.

“Nos marcaron la cancha”, fue la interpretación que realizó un funcionario del interior. “Ahora saldrá a la luz si los comisionados quieren ser parte del problema o de la solución”, respondieron desde Casa de Gobierno.

A partir de ahora, las comunas deberán crear un equipo para inspeccionar la apertura de caminos, la realización de loteos y las construcciones de viviendas en curso. Tendrán que determinar en qué lugar se está desarrollando y si cumplen con todas las reglamentaciones vigentes. Si están siendo desarrolladas en tierras con dominios irregulares o atentan contra el medio ambiente, deberán detenerlas. Las personas que quieran construir dentro de sus jurisdicciones deberán contar con una autorización de la comuna, previa confirmación de que tienen todo en regla. Los especialistas sostienen que esta resolución no sólo evitará nuevos emprendimientos inmobiliarios irregulares, sino que además marcará la responsabilidad que pudieran tener los comisionados en este tipo de casos.

Antecedentes

El delegado de El Mollar Jorge Cruz fue suspendido de su cargo porque está siendo investigado por su posible vinculación con el “Loteo Gaucho Castro”, emprendimiento inmobiliario realizado en tierras fiscales. Ahora surgió un dato que complicaría su situación. La comuna que dirigía firmó un convenio con la Dirección General de Catastro en el que se dispuso que los titulares de esa comuna custodiarán el patrimonio de la Provincial.

El funcionario suspendido no sólo no lo hizo, sino que habría comprado y posteriormente vendido dos lotes en ese lugar. Podría ser acusado de incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos.

Los ex comisionados de El Cadillal Carlos Bonanno y René Venturelli aparecen mencionados en casos en los que se investigó la usurpación de tierras fiscales. Pasa lo mismo con Dante Delgado, actual titular de esa comuna, aunque en su caso, según informan los afectados, durante su campaña electoral y cuando ya había asumido en el cargo, les recomendó contactar a los empleados de Regularización Dominial para que solucionaran la titularidad de sus lotes y que fueron denunciados en la Justicia por haber realizado esta maniobra. Estos agentes estatales que también están mencionados en la causa de venta ilegal de tierras en El Mollar y que podrían haber hecho lo mismo en casi todo el territorio provincial.