El Comisario del peronismo frente a la crisis de los alimentos

Alguna vez, Javier Milei se definió como un topo que había ingresado al Estado para destruirlo desde adentro. Desde luego, no se puede concluir que Osvaldo Jaldo tenga esas intenciones en la provincia. Pero sí es factible advertir que muchos peronistas locales ven al gobernador como ese topo entrometido en sus asuntos.

Los episodios se suceden desde el comienzo mismo de la gestión. Primero fue el ajuste en el Presupuesto y la eliminación de un programa que cobijaba a unas 8.000 personas. Luego, el acercamiento al alfarismo, la incorporación de opositores a su gabinete y la quita de recursos o cajas históricamente en manos de “compañeros”. El cenit de su transformación, todos coincidirán, fue la decisión de erigirse como el mandatario más leal al Gobierno libertario. Estas medidas llevaron a Jaldo a tener que lidiar prematuramente con una oposición dentro de su propio espacio. Un simple repaso muestra que a lo largo de este primer año, el tranqueño no recibió ataques certeros de la oposición, sino más bien algunas balas de fogueo que apenas le causaron rasguños. En cambio, sí debió convivir con esa incomodidad de escuchar los cuchicheos permanentes de un sector del justicialismo.

Esto permite entender por qué al titular del Poder Ejecutivo no le costó demasiado haber tomado las últimas resoluciones. En un mismo día, Jaldo propuso ampliar la ley que se conoce como Ficha Limpia, para que sea aún más abarcativa la imposibilidad de ocupar cargos públicos en caso de una condena judicial en segunda instancia. Además, anticipó que a partir de 2025 ya no habrá organizaciones sociales y políticas como intermediarias para el reparto de alimentos. Con la primera disposición, el mandatario evidentemente trató de salir del embrollo causado por el escándalo de la mercadería de Desarrollo Social encontrada en un domicilio particular. Más allá de ese trasfondo, lo cierto es que pueden ser dos sopapos al peronismo tradicional.

En el caso de Ficha Limpia, haber dejado en manos de la Legislatura el tratamiento del proyecto implicó haber soltado una bomba activada en el bloque oficialista. Principalmente, porque el peronismo parlamentario tendrá la responsabilidad de avanzar o de frenar la iniciativa, y de asumir las consecuencias públicas de la postura que adopten. El brete no es menor, porque en el recinto está sentado el famaillense José Orellana, quien cuenta con dos fallos judiciales en contra y podría tener complicaciones para candidatearse en adelante. Casualmente, el “Mellizo” es uno de los enemigos del momento de Jaldo y la tensión está lejos de calmarse. Anoche, el gobernador hizo pie en Famaillá con el ministro del Interior Darío Monteros para un acto organizado por el intendente Juan Enrique Orellana, el otro mellizo.

En tanto, la entrega de una tarjeta para la compra de mercadería a familias vulnerables puede provocar un desparramo en el engranaje territorial del justicialismo. Sencillamente, porque de concretarse se generaría una segunda tanda de desocupados políticos (la primera fue con la eliminación de la famosa y polémica Unidad de Reconversión Laboral, creada por el manzurismo). Este asunto, de todas maneras, requiere de un abordaje más profundo. En menos de un año, saltaron dos casos similares. ¿Antes no había sospechas de una posible venta de módulos? No se puede analizar lo sucedido sin tener presente que, apenas asumió, Jaldo le quitó esa caja al peronismo y se la entregó a Federico Masso, un opositor forjado desde el trabajo social con Barrios de Pie. Desde ese momento sobrevino un rosario de rezongos de legisladores, intendentes, concejales y delegados comunales, que estaban acostumbrados a golpear la puerta del despacho de Desarrollo Social y retirar mercadería con una discrecionalidad asombrosa. ¿Se cortó esa modalidad? En rigor, no. Pero hay legisladores que aún reciben alimentos para los merenderos y comedores que regentean indignados por la cantidad de mercadería que la Policía halló en manos de dos dirigentes barriales. Mientras a algunos de ellos –según dicen- se les da entre 300 y 400 módulos mensuales, a los dos punteros detenidos se los encontró con más de 5.200 kilos de mercadería.

Vulnerabilidad

Por lo pronto, la polémica sirvió para poner otra vez en evidencia la vulnerabilidad del sistema de asistencia social en Tucumán. No es ninguna novedad entre quienes husmean en los suburbios de la política que muchos dirigentes venden parte de la mercadería que reciben. Los lúmpenes disfrazados de dirigentes sociales lucran con los bolsones: los comercializan con almacenes de cercanía y hasta con intendentes y comisionados rurales, que aprovechan para hacer una diferencia con el precio. Entre paréntesis, tras el escándalo del lunes, varios de estos salieron espantados a cambiar de lugar los alimentos que tenían escondidos o a rematarlos para evitar ser los próximos en caer. Después están aquellos que ambicionan una carrera política, y que reparten o almacenan la comida con fines electorales. Es parte de la estrategia más básica para ejercer el dominio dentro de un barrio; y aunque en los comicios ya no aparezcan los bolsones con tanta naturalidad, es una práctica que no se erradicó. Lo que ocurre es que algunos se guardan algunos kilos para un “por si acaso”. De hecho, la anécdota más comentada después de la elección de 2023 fue la aparición de un par de camiones con mercadería que no había sido repartida antes de los comicios. Todos apuntan a uno de los acoples jaldistas más potentes de San Miguel de Tucumán, que finalmente no tuvo la mejor performance electoral o al menos para la que habían invertido tanto.

Lo sucedido sacudió a la Casa de Gobierno y dejó a Masso con escaso margen. Si bien el ex opositor fue respaldado por el propio Jaldo, no cayó bien su presencia en un mitin político por el aniversario de Libres del Sur en medio del escándalo. Aunque el acto en Villa Luján estaba pautado con anterioridad, en este contexto puede ser interpretado como una provocación hacia sectores del peronismo. También puede tener implicancias en la relación de la Provincia con el Gobierno libertario, siempre refractario a estas demostraciones de movilización.

La propia ministra de Capital Humano Sandra Pettovello fue quien sugirió a Jaldo terminar con los intermediarios y emular la medida que ella había adoptado al comienzo de su gestión. Desde luego, a Jaldo le sedujo la posibilidad de avanzar un poco más en el control total del peronismo tucumano y se inclinó por el reparto de tarjetas. Ahora los justicialistas se dividen entre los incrédulos que no imaginan a “El Comisario” yendo por otra de sus atribuciones y entre los asustados frente a la chance de perder más poder clientelar. Sin dudas, el sistema de transferencia de dinero directamente a familias vulnerables simplifica y funciona muy bien en otros programas, como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar. El asunto es que esos plásticos no caigan luego en mano de los jefes barriales, o que la dependencia de los beneficiarios hacia los punteros se mantenga o potencie. Por ejemplo, anotando o punteando a los vecinos. El riesgo para el Gobierno, ante tanta incertidumbre dirigencial, es que se puedan fogonear focos de conflictos sociales en pleno final del año, una época siempre plagada de susceptibilidades.

Debe resultar desgastante para Osvaldo Jaldo diagramar cada acción y mantener un equilibrio entre su historia peronista y su presente “libertario”. Hasta acá, el malabarismo le viene dando réditos políticos. Cuentan que entre los popes de la CGT, espacio al que tiene llegada directa Juan Manzur, tomaron muy bien que los tres diputados del bloque Independencia tampoco hayan dado quorum para debatir el proyecto de democratización sindical. En esta semana, además, políticamente tampoco quedó enfrentado el jaldismo ante el kirchnerismo, que ahora conduce el Partido Justicialista nacional. Agustín Fernández, Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina no bajaron al recinto en la sesión convocada para tratar la Ficha Limpia. El costo de haber truncado ese debate lo paga –hasta ahora- el gobierno de Javier Milei.

Jaldo se apresta a cerrar 2024 con la aprobación del Presupuesto provincial, aunque en el medio deberá ceder. El dictamen de la comisión de Hacienda se demoró porque el vicegobernador, Miguel Acevedo, encabezó algunos reparos a la Casa de Gobierno. En la Legislatura aceptarán que se termine la etapa de los excedentes financieros de cada poder, pero siempre y cuando la medida no afecte los ahorros de este año. La idea es que rija a partir del ejercicio 2025. Tampoco pasaría el artículo que permitiría al Ministerio de Economía otorgar a cada poder u organismo la doceava parte de las partidas en función del comportamiento de la recaudación (nacional y provincial) y no el monto correspondiente según el Presupuesto. Ambas condiciones fueron aceptadas por la Casa de Gobierno. El objetivo real, se ve, es quitar el margen de maniobra que brinda el artilugio de los excedentes financieros.