Una flagrante violación del derecho internacional

Una flagrante violación del derecho internacional

El juicio a Saddam es "jurídicamente descalificable", dijo el constitucionalista Luis Iriarte. "En nuestro país la pena de muerte fue dejada sin efecto por causas políticos".

30 Diciembre 2006
"El enjuiciamiento de Saddam Hussein, por un tribunal impuesto por el país ocupante, es descalificable jurídicamente". Así comenzó sus respuestas el reconocido constitucionalista tucumano, Luis Iriarte, en diálogo con LA GACETA. Iriarte, que se encuentra en Buenos Aires, fue consultado por nuestro diario respecto de la decisión del tribunal de condenar a la horca al ex dictador iraquí. "Tal situación importa una violación flagrante de principios de derecho internacional, pues la persona debe ser juzgada por tribunales independientes y no por un tribunal constituido en función de la voluntad política de la nación ocupante", agregó, aclarando enfáticamente que sus dichos no pretenden ser una defensa a Hussein.
Al ser consultado sobre la legislación que ampara la pena de muerte en el mundo, Iriarte declaró que hay países que la cuentan en su Constitución, como EE.UU., por ejemplo, aunque hizo mención a los últimos debates que estarían dandose en torno de ella. "En su legislación estadual admite la pena de muerte, pero ciertas metodologías están siendo cuestionadas; son sufrimientos inhumanos, y entran en contradicción con enmiendas de la Constitución de EE.UU".
"En nuestro país la pena de muerte por causas políticas fue dejada sin efecto", dijo al referirse a la situación de la Argentina. Con respecto al método de ahorcamiento, agregó que la experiencia histórica del país no hace referencia a la horca. Sí, en cambio, a las ejecuciones "a lanza y cuchillo", y mencionó que la Constitución de 1853 prohibió estas formas. El constitucionalista dijo que, a su modo de ver, es impensable que la Argentina restablezca la pena capital, puesto que el país "constitucionalizó pactos internacionales de derechos humanos, como el de San José de Costa Rica, que prevé que los que derogaron la pena de muerte no la pueden restablecer". "(Primero se debería) restar jerarquía constitucional a los pactos para luego restablecer la pena", afirmó.