27 Enero 2007
EMBARGO. En la resolución, Oyarbide decretó que dos ex policías deben hacer un depósito de $ 500.000. TELAM
Buenos Aires.- El juez federal Norberto Oyarbide dictó la prisión preventiva contra la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y los tres ex policías Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rovira investigados en la causa iniciada por los crímenes de la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la Triple A.
La resolución fue tomada con el objetivo de lograr la extradición a la Argentina de la viuda de Perón y la de Almirón, ambos detenidos en España. Además, el juez federal dictó embargos por $500.000 sobre los bienes de Morales y de Rovira, ambos acusados, junto con Almirón, de los crímenes del diputado Rodolfo Ortega Peña, del dirigente Julio Troxler, del periodista Rodolfo Barraza y del fotógrafo Carlos Lahan, entre otros.
Protección estatal
Según se desprende de la orden de prisión preventiva que emitió en su contra, el magistrado considera que la ex presidenta prestó una colaboración esencial para que la Triple A llevara adelante sus crímenes.
Además, Oyarbide puso de relieve que la organización paraestatal -presuntamente comandada por el ex ministro de Bienestar Social José López Rega- actuaba bajo el amparo de la estructura gubernamental y con armas que pertenecían al Estado.
El juez aclaró que no imputó a la ex presidenta los homicidios de la banda, aunque, de acuerdo con lo que consta en la resolución -de casi 40 carillas-, existe una serie de indicios que razonablemente permiten sospechar que la ex presidenta conocía la situación y que, pese a su posición, no articuló los recursos para evitar que la agrupación continuara con su accionar delictivo. Martínez de Perón tampoco evitó que los delitos ejecutados por la Triple A se concretaran desde las estructuras del Estado y con los medios que el propio Estado les proveía.
La extradición
El juez calificó a las acciones de la organización parapolicial de ultraderecha como el resultado de una política terrorista institucionalmente implementada, a la vez que recordó que fueron delitos de lesa humanidad, que, por tanto, son imprescriptibles. La ex presidenta también está procesada por el juez federal de San Rafael Héctor Acosta, por la desaparición de un estudiante mendocino ocurrida en el mes de febrero de 1976. Acosta la investiga por la firma, el año anterior, de tres decretos que ordenaban acciones contra la guerrilla, bajo la siguiente instrucción: “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias para aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. (NA)
Mendoza.- El ex presidente Raúl Alfonsín negó que durante su gestión haya existido un acuerdo con el justicialismo para que no se investigaran los delitos cometidos por la represión ilegal antes del 24 de marzo de 1976. El juez mendocino, Héctor Acosta decidió citar a Alfonsín basándose en declaraciones del ex diputado nacional por la UCR, Luis Brandoni, que dijo que en 1983 cuando se impulsó la creación de la Conadep, el PJ aprobó la iniciativa a condición de que las investigaciones comenzaran a partir del 24 de marzo de 1976. (NA)
La resolución fue tomada con el objetivo de lograr la extradición a la Argentina de la viuda de Perón y la de Almirón, ambos detenidos en España. Además, el juez federal dictó embargos por $500.000 sobre los bienes de Morales y de Rovira, ambos acusados, junto con Almirón, de los crímenes del diputado Rodolfo Ortega Peña, del dirigente Julio Troxler, del periodista Rodolfo Barraza y del fotógrafo Carlos Lahan, entre otros.
Protección estatal
Según se desprende de la orden de prisión preventiva que emitió en su contra, el magistrado considera que la ex presidenta prestó una colaboración esencial para que la Triple A llevara adelante sus crímenes.
Además, Oyarbide puso de relieve que la organización paraestatal -presuntamente comandada por el ex ministro de Bienestar Social José López Rega- actuaba bajo el amparo de la estructura gubernamental y con armas que pertenecían al Estado.
El juez aclaró que no imputó a la ex presidenta los homicidios de la banda, aunque, de acuerdo con lo que consta en la resolución -de casi 40 carillas-, existe una serie de indicios que razonablemente permiten sospechar que la ex presidenta conocía la situación y que, pese a su posición, no articuló los recursos para evitar que la agrupación continuara con su accionar delictivo. Martínez de Perón tampoco evitó que los delitos ejecutados por la Triple A se concretaran desde las estructuras del Estado y con los medios que el propio Estado les proveía.
La extradición
El juez calificó a las acciones de la organización parapolicial de ultraderecha como el resultado de una política terrorista institucionalmente implementada, a la vez que recordó que fueron delitos de lesa humanidad, que, por tanto, son imprescriptibles. La ex presidenta también está procesada por el juez federal de San Rafael Héctor Acosta, por la desaparición de un estudiante mendocino ocurrida en el mes de febrero de 1976. Acosta la investiga por la firma, el año anterior, de tres decretos que ordenaban acciones contra la guerrilla, bajo la siguiente instrucción: “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias para aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. (NA)
Niegan un pacto Alfonsín-PJ
Mendoza.- El ex presidente Raúl Alfonsín negó que durante su gestión haya existido un acuerdo con el justicialismo para que no se investigaran los delitos cometidos por la represión ilegal antes del 24 de marzo de 1976. El juez mendocino, Héctor Acosta decidió citar a Alfonsín basándose en declaraciones del ex diputado nacional por la UCR, Luis Brandoni, que dijo que en 1983 cuando se impulsó la creación de la Conadep, el PJ aprobó la iniciativa a condición de que las investigaciones comenzaran a partir del 24 de marzo de 1976. (NA)
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