A las 15.32 de ayer el termómetro rozó los 33 grados. Pero el calor era aún mayor en la sede del Poder Ejecutivo. A esa hora, el juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez, requirió a la Legislatura que destituya al gobernador Julio Miranda por el presunto pago de coimas a los 27 legisladores que en febrero habilitaron la reforma de la Constitución provincial.
El secretario del magistrado, Luis Lezana Flores, dejó el escrito con la documentación recabada en los últimos dos meses (abarca dos cuerpos de expediente) y en base a la cual se solicitó el juicio político contra el titular del PE, para poder citarlo a declarar por la presunta comisión de cohecho activo.
Los fundamentos del pedido del juez fueron manejados con suma reserva. Sin embargo, Pérez habría hecho mención a las denuncias efectuadas por los diputados nacionales Ricardo Bussi (FR) y Ricardo Falú (PJ) y a la declaración judicial del legislador Osvaldo Cirnigliaro (PJ). Este reveló que, antes de asumir, en octubre de 1999, en una reunión de la que participaron entre 15 y 16 legisladores del PJ, estos acordaron una suma de hasta $ 9.000 para quienes acompañaran los proyectos del oficialismo.

Hipoteca
El magistrado también habría utilizado como argumento la evolución del patrimonio de algunos legisladores y hasta un crédito hipotecario por $ 160.000 que habría cancelado el legislador Mariano Poliche, supuestamente con fondos recibidos a cambio de favores políticos, según dijo el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez. Por este tema y otros relacionados con los bienes del ex bussista, este le envió una carta documento al fiscal y prepara otra en contra del juez. Antes de saberse lo resuelto por Pérez, la incógnita era si el juez incluiría como prueba los polémicos dichos de la esposa de Poliche, Alejandra Ducca, respecto de que Miranda habría autorizado el pago de $ 2 millones en coimas. Es que un fallo de la Sala III de la Cámara Penal. excluyó la posibilidad de que el testimonio pueda ser usado en la causa. A pesar de que Pérez habría manifestado su disconformidad con esa resolución, aclaró que no la usaría en esta instancia. Así dejó abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro si la decisión de la Cámara es revisada por la Corte Suprema.

Plazos legislativos

Una vez que ingresa un pedido de destitución, la comisión de Juicio Político tiene 15 días hábiles para tratarlo. Para rechazarlo o para correrle traslado, se necesita simple mayoría. Siendo 12 los miembros, siete dan quórum y cuatro pueden resolver. Para formular acusación, se necesitan dos tercios, o sea, ocho votos.

EN CONTRA
“Es otro delito de Jerez y de Pérez”

El vicegobernador Sisto Terán no dudó en calificar el el pedido de destitución contra el gobernador Julio Miranda como “un mamarracho, del tipo de los que el juez (Víctor) Pérez nos tiene acostumbrados. El fallo sólo tiene una visión política y constituye una manifestación de ignorancia del Derecho por donde se lo mire”, sentenció.
Terán confirmó que se le imputa a Miranda la supuesta comisión del delito de cohecho activo. “Pérez dice, respecto de las declaraciones de (Amelia Alejandra) Ducca (es la esposa del legislador Mariano Poliche), que excluye la prueba. Pero la menciona en todos los considerandos -manifestó-. Y para justificar la acusación, cita declaraciones de (Ricardo) Bussi, de (Pablo) Walter y de (Osvaldo) Cirnigliaro, quienes de ninguna manera son objetivos. Este es, sin duda, el más pobre de todos los fallos que conocemos de Pérez. No resiste el menor análisis”, aseveró.
Poliche también se manifestó en duros términos contra el planteo judicial. “Es una vergüenza que este sector, denunciado por accionar políticamente, siga utilizando métodos anticonstitucionales e ilegales con el solo propósito de voltear a un gobernador. Ni el fiscal (Esteban) Jerez ni Pérez leyeron mis declaraciones juradas. Ni las anteriores ni las posteriores a mi asunción, que prueban que ya tenía propiedades y autos y que mis ingresos provienen de la actividad privada. Por ello, no puede pretende utilizar esto para destituir a Miranda. Este es un nuevo delito del tándem Jerez-Pérez. Ambos serán denunciados”, señaló. El secretario general del PJ, Antonio Isaac Guerrero, consideró que “hay problemas en la Justicia si una sala de la Cámara Penal considera inválidos los dichos de Ducca y un juez de instrucción los tiene en cuenta para imputar al gobernador. Ante esta controversia judicial, el pedido de Pérez no tiene viabilidad jurídica”.

A FAVOR
“Las pruebas son contundentes”

En Buenos Aires, el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, estaba exultante por la decisión del juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez, de pedir la destitución del gobernador Julio Miranda. “Acompaño la valentía de Pérez, pero las pruebas son contundentes”, afirmó a LA GACETA. Luego criticó con dureza el fallo por el que la Sala III de la Cámara Penal impidió que sean usados como prueba los polémicos dichos de la esposa del legislador Mariano Poliche, Alejandra Ducca. Esta mencionó una supuesta autorización del gobernador Julio Miranda para que se paguen $ 2 millones en sobornos para la aprobación de la reforma de la Constitución, según consta en el expediente. “Ya había advertido que más jueces se van agregando a la quinta columna”, dijo el fiscal, y reavivó así la hipótesis de que dentro del Poder Judicial funciona un sector que obstaculiza su accionar, como dijo hace un mes, cuando fue apercibido por la Corte Suprema. “Gracias a Dios, el ministro fiscal, Luis de Mitri, dio la orden de casar la sentencia. Esto permitirá que sean subsanados todos los errores y vicios, tanto del fallo de la Sala III como del emitido por el juez Alfonso Zottoli (este, en setiembre anuló el testimonio de Ducca)”, señaló. El funcionario judicial agregó que la Legislatura cometerá un grave error si archiva el pedido de Pérez sin efectuar un estudio detenido del requerimiento. “Ello marcaría falta de independencia, además de complacencia y de complicidades. Se trataría de actitudes reñidas con lo que la gente quiere de sus representantes; mucho más ahora, cuando vemos cómo nuestros chicos se mueren de hambre por mala aplicación de los planes sociales o por la deficiencia de la estructura estatal para dar soluciones a los temas que tanto preocupan a la sociedad”, concluyó Jerez.