Recurso de amparo para frenar la venta de inmuebles

La violación de artículos de las constituciones provincial y nacional por parte de los legisladores que sancionaron cambios a la Ley de Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico de Tucumán será judicialmente denunciada por organismos que se oponen a la venta de inmuebles en manos del Estado.
El abogado Pedro Ignacio Bazán redactará el escrito, que será presentado hoy o a principios de la próxima semana en los tribunales tucumanos. En la elaboración del texto colabora Clímaco de la Peña. El Grupo Alberdi, el Colegio de Arquitectos, la Junta de Estudios Históricos y probablemente la Federación Económica de Tucumán serán los firmantes.
"Hay mucha gente interesada en frenar la intención y amenaza evidente de poner bajo la picota a inmuebles del patrimonio cultural y arquitectónico. Hemos empezado a recolectar antecedentes jurisprudenciales y de expertos urbanísticos para interponer una acción de amparo contra la sanción de la ley que afecta a edificios representativos de nuestro patrimonio intangible, que deben ser preservados como símbolos del pasado histórico viviente y de la memoria de la sociedad", afirmó Bazán.
El letrado deslizó que la presentación podría ingresar en enero y ser presentada como un asunto de feria por contemplar un ataque a la Carta Magna. Remarcó que, como todavía no fue publicada en el Boletín Oficial, no está vigente aunque haya sido firmada por el gobernador José Alperovich antes de viajar a Punta del Este de vacaciones, como trascendió ayer en la Casa de Gobierno. Aclaró que basta con la sanción de la ley para interponer el amparo en la Justicia provincial, con la aplicación del Código Procesal Constitucional.
"En la norma se vulnera el artículo 145 de la Constitución de 2006, donde se dispone que el Estado es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión de su patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico, arquitectónico, documental, lingüístico, folclórico y paisajístico, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad. También se carga contra el artículo 41 de la Constitución Nacional, que responsabiliza a las autoridades de la preservación del patrimonio natural y cultural", sostuvo.

Críticas al alperovichismo
Bazán cuestionó el accionar del vicegobernador Juan Manzur, a quien mencionó como el simple brazo operativo del gobernador, y de los legisladores del oficialismo.
"Cualquier iniciativa que reciben desde el Poder Ejecutivo es aprobada levantando la mano, sin permitir un debate real, sino apenas una discusión al sólo efecto de las formas. Ni siquiera conocemos fehacientemente que se haya derogado la Ley 7.500, que es la norma marco en este tema y dispone el funcionamiento de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, cuyos dictámenes son vinculantes sobre el destino y la modificación de los inmuebles históricos. De esta forma se obvió un paso natural y lógico previsto legalmente, al punto que ni siquiera le dieron a ese cuerpo la oportunidad para que opine", aseguró.
El abogado cuestionó que los edificios que podrán ser vendidos al sector privado sean cotizados por su precio inmobiliario. "Su valor no puede ser calculado por el monto del predio, sino por el del pasado que se nos revela en cada lugar", concluyó.