La ética y la eficacia afligían a la Corte

El nuevo siglo apenas comenzaba a desperezarse, pero los movimientos cívicos y sociales llevaban ya tiempo buscando otra forma de organización institucional. Entre fines del 1800 y principios del 1900, una generación de tucumanos (de nacimiento o de radicación) reclamó cambios en la relación entre la sociedad y los poderes del Estado y una jerarquización de las estructuras de la incipiente democracia. Sus ideas fueron la base de la reforma constitucional de 1907, cuyo eje fue la supresión del Colegio Electoral Permanente, base de sustentación de un régimen que resistía toda mutación.
Esta Carta Magna, sin embargo, no implicó modificaciones de fondo en el Poder Judicial. Por el contrario, la principal (casi única) innovación fue en la denominación del máximo órgano provincial, que pasó de llamarse Superior Tribunal a Corte Suprema de Justicia. Los acuerdos tenían un plazo de vencimiento y la organización fue delegada a una Ley Orgánica de Tribunales. El prestigioso Juan Heller calificó de defectuosa esa Carta Magna y sostuvo, refiriéndose a lo sancionado acerca de la Justicia: "ha creado, enumerando al mismo tiempo una sola de sus competencias una Corte, único tribunal que la ley no podría suprimir por emanar de una constituyente, pero la ley de organización le ha fijado una diminuta serie de atribuciones, impropias de un tribunal supremo".

Prestigio nacional
El abogado e historiador Félix Montilla Zavalía, autor de la Historia del Poder Judicial de Tucumán desde 1565, relacionó el cambio de nombre con la búsqueda de obtener parte del prestigio de la homónima Corte nacional, y como excusa para modernizar la designación de sus miembros. Destacó que la Ley Orgánica de 1908 se encargó de perfilar la composición de la Corte, que se integró con siete vocales (los miembros del Superior Tribunal eran cinco). "Fueron llamados vulgarmente camaristas, en alusión a la antigua denominación del otrora tribunal: Cámara de Justicia. Se estructuró en dos salas, cada una con tres vocales y el presidente: la Criminal y de Juicios Universales, y la Civil y Comercial", describió en diálogo con LA GACETA.

- ¿Qué reconocimiento tenía el Poder Judicial en esa época?
-La organización judicial gozaba de un sólido reconocimiento adquirido desde 1860 (fecha del primer reglamento judicial posconstitucional). Existía, en los hechos, una estricta carrera que se iniciaba en una Defensoría o como agente fiscal, y que concluía con una vocalía en el Superior Tribunal que la clase política respetó -casi irrestrictamente- hasta 1943. Por lo tanto, los jueces de la primera Corte, mayormente, fueron avezados magistrados con gran trayectoria, muchos de los cuales eran camaristas del suprimido Superior Tribunal.

- ¿Cuáles eran las cuestiones más comunes que llegaban a los Tribunales?
- Los pleitos que se ventilaban en los tribunales eran complejos en la naturaleza de sus planteos, pero reducidos en número. En su mayoría eran acciones penales de instancia pública, como homicidios y robos, a las que seguían las cuestiones testamentarias y de sucesiones; los deslindes de tierras; los cumplimientos de contratos y los reclamos de deudas cobros. Luego estaban las relacionadas con calumnias e injurias, que acaparaban la atención de los jueces y de la prensa. Por entonces, el periódico "El Orden" publicaba las novedades judiciales. Entre los actores y demandados con mayor participación figuraban la Provincia, las compañías de ferrocarriles y las industrias locales, principalmente la azucarera y otras vinculadas con el agro.

- No había una presencia masiva de la gente común...
- Indudablemente, la sociedad no acudía masivamente al sistema judicial sino que resolvía sus conflictos de otra manera.

- ¿Cuáles eran las preocupaciones de esa primera Corte?
- De las resoluciones dictadas por el primer presidente de la Corte, José Ignacio Aráoz, es evidente la inquietud por mantener un buen nivel de moralidad en la organización judicial. La eficiencia y la ética eran valores que intentaban mantener y proteger. Los sumarios administrativos se tramitaban con rapidez y, con pruebas objetivas e irrefutables, se sancionaba a quienes no cumplían con su deber. También había preocupación en la publicidad de los actos judiciales. En ese sentido se dieron instrucciones para publicar por la prensa escrita y por el Boletín Oficial, diariamente, todas las novedades que producía el Poder Judicial, con la finalidad de desempeñar una función educativa por el nivel científico de las sentencias, como para cumplir con la exigencia republicana de la publicidad de los actos de Gobierno.