Juicio histórico.

“Lamentablemente, no se pudo a lo largo de la audiencia responder a los familiares de la víctima dónde está su cuerpo”. La apesadumbrada expresión fue plasmada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal entre los fundamentos de la sentencia en la que condenó a prisión perpetua a Antonio Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse, en 1976.
Los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi reivindicaron el derecho a la verdad en los párrafos finales del escrito, justo antes de la parte resolutiva, y a continuación del apartado en el que explicaron los motivos por los que mantienen el régimen de prisión preventiva con prisión domiciliaria para Bussi.
Aludiendo a fallos de la Corte de la Nación, citaron al pensador francés Emile Durkheim: “La necesidad de saber, de conocer el paradero de la víctima constituye un principio que aparece en toda comunidad moral” (“Las reglas del método sociológico”). Precisaron que cuestionar ese derecho afecta a la sociedad civil toda, que debe sentirse disminuida ante la desaparición de alguno de sus miembros. “Una sociedad sana no puede permitir que un individuo que ha formado parte de su propia sustancia, en la que ha impreso su marca, se pierda para siempre”, sentenciaron, citando al sociólogo francés Robert Hertz (“La muerte”).
Los jueces sostuvieron que vulnerar el derecho de conocer el destino de las víctimas es una impiedad. Por ello, reclamaron que se otorguen al Poder Judicial los medios para emprender las investigaciones que sean necesarias.
“Frente a un pasado dictatorial, un Estado de Derecho no debe aspirar a ‘superarlo’, ‘elaborarlo’ o a cualquier otra estrategia que se traduzca en la búsqueda de un proceso más bien técnico, como si el pasado pudiera ‘dominarse’, solucionarse’, ‘vencerse’, ‘terminarse’. Por el contrario, debe encaminarse a confrontarlo y en esa tarea la vigencia del derecho a la verdad cumple un rol protagónico”, concluyeron.