Juicio histórico.

“EN RELACION con Guillermo Vargas Aignasse no cabe siquiera analizar aquellos argumentos defensivos de que estaban en guerra. No existía una guerra, existía, conforme todas las pruebas aportadas en esta causa, un aparato estatal montado para ejercer el terrorismo”.

“LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ y Antonio Bussi integraban la cadena de mandos superiores en esa maquinaria de poder en que se convirtió a las Fuerzas Armadas, y decidían sobre la vida de aquellos que pudieran perturbar el denominado Proceso de Reorganización Nacional. Decidieron el secuestro de Vargas Aignasse en su domicilio, el terror por medio de torturas y la posterior muerte sin asignarle especial significación al hecho de que quienes cumplieron los distintos tramos (es decir, los ejecutores materiales) fueran efectivos policiales, guardia cárceles o militares”.

“LA MUERTE DE Vargas Aignasse está conectada causal y normativamente con la acción de hacerlo desaparecer dispuesta por Menéndez y por Bussi, desde el momento que dispusieron de él como un objeto desprovisto de derechos, sometido absolutamente a su voluntad. Desde el punto de vista subjetivo, actuaron dolosamente: representaron el resultado y lo quisieron”.

“DEL DISCURSO de descargo que pronunció el imputado Bussi al comienzo de la audiencia, en el que exaltó el rol que le cabía sobre la vida de sus semejantes, surge claro que aún sostiene una especie de concepción que lo lleva a confundirse con la divinidad”.

“EL APARATO DE PODER que desarrolló sus tareas ilegales durante el gobierno de facto desplegó una serie de actividades que, directa o indirectamente, provocaron una enorme cantidad de focos de peligro para los bienes jurídicos de más alta apreciación para nuestro digesto penal: la vida, la libertad y la integridad física.- La actividad de estos individuos se dirigió sistemáticamente a organizar una estructura que puso en peligro la vida y la libertad de los individuos y que, en la mayoría de los casos, se transformaron posteriormente en resultados típicos de muerte, lesiones, apremios ilegales, violaciones de domicilio y privación de libertad, entre otros”.

“EL MAPA OPERACIONAL (del gobierno militar) estaba destinado a la ejecución de un plan que piloteaba sobre dos órdenes normativos: uno expreso, público y con pretensiones de legalidad; y el otro predominantemente verbal y clandestino. Así, la efectividad de ese plan sistemático de exterminio, demandó la coexistencia de ciertos factores: una dominación jerárquica con una fuerte concentración de poder, la fungibilidad de sus operadores en las escalas intermedias y bajas y la previsibilidad casi total de las consecuencias ante cada uno de los hechos -delitos- que formaban parte de estas órdenes”.