Análisis. Por Federico Abel - Redacción LA GACETA.

¿Qué dirán ahora los hijos de Antonio Bussi? Resulta que los jueces manejados como marionetas por el kirchnerismo, los que iban a limitarse a pronunciar una sentencia redactada en Buenos Aires, demostraron tal independencia de criterio que, en los hechos y en el corto plazo, favorecieron -y cuánto- al progenitor de aquellos.
Por el contrario, en la Casa Rosada no deben estar muy felices precisamente de que Bussi, aun con sentencia definitiva a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad -nada menos-, pueda continuar disfrutando en un country de los beneficios de la prisión domiciliaria. Por los recursos pendientes (de casación y extraordinario), pasará más de un año y medio largo hasta que la sentencia pronunciada ayer quede firme -si tal cosa sucede- para que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal recién pueda determinar cómo debe cumplirse. A eso hay que sumar que, en la próxima causa por violaciones a los derechos humanos que será elevada a juicio oral (“Romero Niklison”), el principal acusado será Luciano Benjamín Menéndez (no Bussi, que no pudo ser indagado).
Rigurosamente garantistas, los vocales del tribunal entendieron que hasta que la valiosa e histórica sentencia no adquiera autoridad de cosa juzgada no pueden ejecutarla. Muy diferente fue el criterio de sus pares de Córdoba, que cuando condenaron a reclusión perpetua a Menéndez consideraron que, como la pena era de cumplimiento efectivo (pese a no estar firme), correspondía revocar la detención domiciliaria de la que aquel gozaba y alojarlo en la cárcel de Bower. El fallo tucumano, quizás, dejó un flanco al no haberse pronunciado congruentemente sobre el pedido del fiscal Alfredo Terraf de que fuera revocada la prisión preventiva (bajo la modalidad de la prisión domiciliaria). Esta, por ende, quedó subsistente, pero como una consecuencia implícita del salomónico diferimiento. El garantismo protege hasta a sus detractores.