Finalmente la política se metió dentro de la sala de audiencias de manos del ex presidente de Fuerza Republicana, cuando se refirió a episodios de los comicios de 1987. Por Juan Manuel Asis -Redacción LA GACETA.

La política no había franqueado hasta ayer el límite de los muros de los tribunales; no había podido llegar al recinto de las audiencias -aunque lo sobrevolaba-, lo mismo que aquellos que detrás de las vallas metálicas, con pancartas y cánticos, se mantenían ajenos, aunque expectantes, a lo que sucedía en la sala. Sin embargo, finalmente apareció; la política metió la cola en el juicio de la mano de Antonio Bussi. Sucedió cuando este acusó al fiscal Alfredo Terraf de tener una actitud vengativa por hechos vinculados a la elección de 1987, la que ganó Rubén Chebaia en las urnas y que perdió en el Colegio Electoral, a raíz del acuerdo entre José Domato y Osvaldo Cirnigliaro (los electores de ambos sumaban más que los del dirigente radical, a quien acompañaba Terraf desde la UCR). En algún momento el ataque político tenía que aparecer; venía mostrándose en los dichos de la calle, se presagiaba su presencia en ese ámbito ajeno.
¿Le sirve algo al esclarecimiento de la causa? En el fondo, para nada; el mensaje de Bussi estuvo dirigido más hacia afuera que a los jueces que mañana darán su veredicto. Quiso mostrar que es una víctima política, no un victimario en este proceso por el secuestro y la desaparición del ex senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse.
Su intención es políticamente comparable con la actitud que tuvo en 1991, cuando denunció que fue víctima de un fraude electoral tras perder los comicios provinciales con Ramón Bautista Ortega. Su objetivo hoy es el mismo: convertirse en una víctima política, aunque en otro terreno; el de la Justicia.

Mezclando pasados
El hecho no puede menos que analizarse desde el plano político, no desde el plano judicial (para eso están los jueces de la República). Esto es así desde el momento en que Bussi decidió incursionar en la política a partir de 1987 (siendo candidato a gobernador por Bandera Blanca), pero aprovechando su pasado militar en la provincia (1976-1977), del que siempre se mostró orgulloso.
Alguna vez, siendo gobernador electo por las urnas, cuando ingresó a la sede del ex Regimiento 19, confesó a los periodistas que allí había pasado los mejores días de su vida. Lo evidente es que el ex mandatario parece no rendirse más como político que como militar; lo demostró ayer al pedir la palabra para cuestionar el rol de Terraf, no por su presente como fiscal sino por su pasado como dirigente radical.
Mañana se verá, cuando haga uso de la palabra para defenderse, si su discurso estará más a tono con lo político para justificar su conducta como militar o si hará otro tipo de apelaciones para evitar la posible condena, como lo viene vaticinando su hijo Ricardo Bussi. El pedido de la defensora oficial del militar retirado, Amalina Assaf, de una prisión domiciliaria en caso de una sentencia desfavorable, más allá de una actitud previsora en el alegato, parece una expresión de cuasi certeza sobre el final de este proceso.
¿Cómo impactará este probable final? Si hay condena, el festejo será del oficialismo, tanto a nivel nacional como provincial, más que nada por una cuestión ideológica. El kirchnerismo será el primero en salir a aplaudir, algunos se anotaron para eso. En términos políticos, el efecto Bussi o el bussismo en Tucumán seguirá siendo tema de análisis; especialmente, por las posibles consecuencias en las filas de Fuerza Republicana.