22 Diciembre 2004
Permanece abierta y en trámite sólo una de las tres causas judiciales iniciadas como consecuencia de los saqueos y los disturbios del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Tucumán. Se trata de la investigación de la Fiscalía VIII, que estaba a cargo de la fallecida Joaquina Vermal, sobre la muerte de Luis Fernández. Era un vendedor de sandías, de 27 años, que tenía su puesto frente al Hipermercado Libertad de avenida Roca al 3.400, y que recibió un balazo en el pecho. Tras el episodio, todas las armas de los gendarmes y de los policías tucumanos que estaban en el lugar fueron peritadas, pero no se encontró con la que se le dio muerte a Fernández.
La causa sigue abierta porque la familia de Fernández es querellante, y no puede archivarse a pesar de la aparente imposibilidad de dar con los responsables del crimen.
En el marco de otra de las causas que se abrió en la misma fiscalía hubo más de 100 acusados detenidos. Sin embargo, tras declarar fueron puestos en libertad, porque en ningún caso había pruebas que vincularan a esas personas con los saqueos. La causa se archivó poco después. Otra estuvo radicada en la Fiscalía VII, que estaba a cargo del ex fiscal Gustavo Estofán, y hubo más de 400 acusados. A los pocos detenidos en contra de los cuales se hallaron pruebas se les imputó el delito de hurto famélico (por hambre o necesidad) y quedaron libres. Tiempo después, la mayoría de ellos obtuvo el sobreseimiento, y la causa se archivó.
Dos días de caos
Los saqueos en Tucumán comenzaron en la mañana del 19 de diciembre de 2001, luego de que en Buenos Aires, durante la madrugada, se disparó la ola de desmanes. En ese primer día de caos en la provincia, la Policía local detuvo a poco más de 300 personas en los alrededores de unos 30 comercios y negocios de todo rubro que fueron tomados por asalto por los manifestantes sólo en la capital tucumana. En Alderetes y en Banda del Río Salí también hubo saqueos. En la segunda jornada hubo más de 600 personas demoradas. El entonces ministro de Gobierno, Antonio Guerrero, había anticipado que la mayoría de los detenidos quedaría en libertad ante la falta de pruebas en su contra.
La causa sigue abierta porque la familia de Fernández es querellante, y no puede archivarse a pesar de la aparente imposibilidad de dar con los responsables del crimen.
En el marco de otra de las causas que se abrió en la misma fiscalía hubo más de 100 acusados detenidos. Sin embargo, tras declarar fueron puestos en libertad, porque en ningún caso había pruebas que vincularan a esas personas con los saqueos. La causa se archivó poco después. Otra estuvo radicada en la Fiscalía VII, que estaba a cargo del ex fiscal Gustavo Estofán, y hubo más de 400 acusados. A los pocos detenidos en contra de los cuales se hallaron pruebas se les imputó el delito de hurto famélico (por hambre o necesidad) y quedaron libres. Tiempo después, la mayoría de ellos obtuvo el sobreseimiento, y la causa se archivó.
Dos días de caos
Los saqueos en Tucumán comenzaron en la mañana del 19 de diciembre de 2001, luego de que en Buenos Aires, durante la madrugada, se disparó la ola de desmanes. En ese primer día de caos en la provincia, la Policía local detuvo a poco más de 300 personas en los alrededores de unos 30 comercios y negocios de todo rubro que fueron tomados por asalto por los manifestantes sólo en la capital tucumana. En Alderetes y en Banda del Río Salí también hubo saqueos. En la segunda jornada hubo más de 600 personas demoradas. El entonces ministro de Gobierno, Antonio Guerrero, había anticipado que la mayoría de los detenidos quedaría en libertad ante la falta de pruebas en su contra.
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