La violencia de género en la pandemia

24 Mar 2020 Por Gabriela Baigorrí

A la situación extraordinaria por la que atraviesa el mundo, el país y la provincia por la pandemia por la Covid-19 acapara la atención y los esfuerzos estatales. Después de las medidas de emergencia, las autoridades están abocadas por estas horas a ocuparse de situaciones especiales e igualmente urgentes. Una de ellas es la violencia de género. Desde los primeros momentos en los que se recomendó el aislamiento, tanto las dependencias oficiales y las organizaciones sociales que se ocupan de este drama social como los movimientos de mujeres difundieron que las guardias permanecerían en alerta, por aquellas mujeres a las que la cuarentena las encuentra encerradas con un violento.

En este contexto de crisis y de dificultades para el acceso a la asistencia es útil tomarse unos minutos para reflexionar sobre la importancia de las políticas para la prevención, como la llamada Ley “Micaela”, una norma nacional a la que la Provincia aún no se adhirió. También sobre lo clave que resulta la mirada de género en la Justicia.

La otra “epidemia”

Según datos del Registro de Femicidios de la organización nacional Mumala, el 62% de este tipo de crímenes que se registraron durante la última década sucedió en la casa de las víctimas o en los sitios en los que vivían con los agresores. En nuestro país, según el monitoreo, se asesina una mujer cada 25 horas. En la provincia, los casos suman cuatro en los tres meses que van del año.

La ONU advirtió el temor de que haya más pobreza entre las mujeres y una escalada de violencia machista por las medidas que se están tomando en la región y reclamó a los estados que se garantice el apoyo y la asistencia a las víctimas. La directora regional para las Américas de ONU Mujeres, María Vaeza, explicó hace pocos días que en China y en Europa hubo un incremento de la violencia y de los femicidios por la cuarentena, según reflejó el sitio de noticias www.eldiario.es.

Lego de que jueces y juezas expresaran su preocupación por lo que sucedería con las medidas de protección -como las prohibiciones de acercamiento o las exclusiones del hogar- que están vencidas o por vencer, la Corte Suprema de Tucumán, encabezada por la jueza Claudia Sbdar, emitió una resolución. Puso el foco en que efectivamente las medidas de aislamiento pueden dificultar el acceso al servicio de Justicia y que el encierro podría recrudecer la violencia de género. Por ello, el máximo Tribunal local reiteró la prórroga de los vencimientos de las medidas cautelares hasta el 31 de marzo.

La medida va en consonancia con otras señales positivas del Poder Judicial en relación a la mirada de género, como la aplicación del cupo laboral trans o el fallo del caso “Lucía”, que instó al Estado a asumir un rol activo para que las niñas conozcan su derecho a vivir una vida libre de violencia.

¿Por qué no?

Tucumán integra el puñado de provincias que no adhirió a la Ley Nacional Nº 27.499, que prevé la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajen en la función pública en los tres poderes del estado. Sancionada el 19 de diciembre de 2018 prácticamente por unanimidad, entró en vigencia en enero de 2019. Según el Gobierno nacional, el 70% de las provincias y 500 municipios ya la aplican. La norma lleva el nombre de Micaela García, una joven cuyo femicidio (en Gualeguay, en abril de 2017) conmocionó al país.

En la Legislatura hubo varios intentos para la sanción, todos infructuosos. El proyecto que más avanzó fue el que en agosto de 2019 llegó al recinto, pero fue retirado del temario a tratar en plena sesión. La entonces legisladora Silvia Rojkés responsabilizó a la “intervención de externos”. Algunas organizaciones autodenominadas “pro vida” -en el contexto de la discusión por la despenalización del aborto- habían expresado su oposición a la iniciativa.

Hay legisladores que suscriben a esta postura y que apuntarían a una supuesta “ideología de género” en la norma y que propondrían la elaboración de una alternativa local. Stella Maris Córdoba, que también ocupaba una banca en ese momento, había equiparado la situación con una película surrealista. “La perspectiva de género no tiene que ver con la idea de género, ni con la educación sexual integral. Se refiere a la no discriminación y la no violencia contra las mujeres”, había manifestado. En los pasillos de la Cámara se supo que grupos eclesiásticos habrían intervenido para evitar la sanción. Ex parlamentarios que están a favor y en contra de la Ley ratificaron esa versión off the record.

En febrero se intentó de nuevo, pero el grupo que se resiste a la aprobación pudo frenar nuevamente el debate. Los legisladores que impulsan la iniciativa afirman que seguirán insistiendo.

Algunos municipios, como el de Las Talitas, llevan adelante capacitaciones sobre violencia de género para sus empleados. Las iniciativas no quedan ajenas, sin embargo, a la oposición de algunos concejales cuando llegan a los Concejos Deliberantes. Los argumentos son idénticos a los que se escuchan en la Cámara.

Falta de voluntad política

¿Por qué Tucumán no se adhirió? La respuesta es sencilla: porque no hay ni hubo voluntad política ni suficiente acuerdo en la Legislatura para que eso suceda. Ni siquiera el cambio de Gobierno nacional y el impulso que la Nación le da a la Ley sería suficiente.

Si bien la Ley Micaela no detendrá los femicidios, sí complementaría otros esfuerzos estatales para que esto suceda y más en épocas de crisis.

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