Panorama Tucumano: malestar institucional agrava pandemia

23 Mar 2020 Por Irene Benito

El coronavirus no reconoce límites socioeconómicos: de poco o nada vale el patrimonio cuando, según los datos oficiales, sólo hay 277 respiradores para atender a 1,6 millones de habitantes y escapar de la provincia resulta inviable. Paradójicamente, las capas medias y altas están más expuestas al contagio, al menos en esta etapa del desarrollo de la enfermedad, ya sea porque viajaron al extranjero o bien porque interactuaron con quienes lo hicieron. A diferencia de otras pestes, la alternativa de “salvarse solo” luce esta vez bastante improbable. El Covid-19 derriba la ilusión de los que se creen inmunes a las desgracias colectivas. La amenaza no es ajena o de los “débiles”, sino propia y general. En esta instancia nadie puede evitar las precariedades que deterioran la vida en común desde -mucho- antes de la pandemia.

El caso de la “paciente cero” de “Trucumán” es paradigmático. Carolina Lezon Gottling, primer positivo de coronavirus, relató a Soledad Nucci, periodista de LA GACETA, que, tras advertir los síntomas, se cansó de tocar las puertas del Estado: llamó al 0-800 y no la atendieron; pidió ambulancias que no llegaban nunca; fue al Centro de Salud y la despacharon sin una solución; tuvo que insistir para que repitieran un test erróneo y recién ayer le confirmaron el diagnóstico de Covid-19 a su marido, que está internado e inconsciente. Ambos habían llegado del exterior el 8 de marzo. “¡El Siprosa es una mafia! ¡Es todo mentira! ¡Es todo un verso! Están ocultando información. No hay ninguna duda de que mi marido se contagió. Si de algo me arrepiento, es de haber perdido tiempo con el sistema público”, advirtió Lezon Gottling tras comprobar las falencias de los servicios a los que acuden los enfermos que carecen de recursos. La experiencia de la primera enferma ayuda a imaginar lo que aguarda a los que vienen por atrás.

La emergencia sanitaria global encuentra a la provincia infectada por el atraso y la concepción feudal del poder estatal, y con las arcas secas. El ejercicio que vació los controles y desdibujó la rendición de cuentas hasta transformarla en una fachada se traduce en la dificultad no ya para prevenir, sino para curar incluso males simples y evidentes. Las reglas existen, pero carecen de fuerza porque transgredirlas no acarrea mayores consecuencias. La calle proporciona un ejemplo elocuente: un porcentaje relevante de motociclistas circula sin casco, pese a la superabundancia de normas que sancionan esa conducta. Son imprudencias que pululan libremente y se expanden gracias, entre otros motivos, al cáncer de larga data enquistado en el transporte público, otra prestación esencial para la convivencia.

Los efectos corrosivos de un Estado incapaz de atender y cumplir sus funciones con eficiencia y transparencia se extienden por doquier. Las inundaciones sistemáticas de los pueblos del sur manifiestan el grado de arraigo de aquella impericia. Otro tanto ocurre con la inseguridad ciudadana y el avance de la criminalidad. Verbigracia, el Gobierno provincial lleva años discutiendo qué hacer con el narcomenudeo: la Legislatura sancionó dos leyes en el último lustro para transferir la persecución de este fenómeno delictivo a los Tribunales locales sin lograr que ello suceda. En el entretiempo, la vacilación no ha contribuido sino a alimentar el negocio del tráfico de drogas en pequeña escala. Esta inacción contrasta con la efectividad de la Policía en la lucha contra los saboteadores de la cuarentena total -la campaña generó alrededor de 600 detenciones entre el viernes y este domingo-, novedad que llevó al activista de las víctimas de la impunidad Alberto Lebbos a preguntarse qué había impedido una actuación igual de rigurosa para evitar otros atentados de similar gravedad. “Si hubiesen implementado esos operativos antes, ¿cuántos homicidios; violaciones; desapariciones de personas; ataques de ‘motochorros’; ‘escruches’; ‘entraderas’; ‘accidentes’ que son homicidios; encubrimientos y actos de corrupción se habrían evitado?”, interrogó Lebbos este sábado en un mensaje que distribuyó por WhatsApp. Y añadió: “los delitos horrendos que menciono destruyeron y destruyen vidas y familias todos los días en Tucumán. ¡Y ocasionan mucho más daño que los virus! Si ahora pudieron hacer estos operativos por la emergencia sanitaria, ¿por qué no los hicieron en nombre de la emergencia de seguridad (existente desde 2016)?”.

Para el padre de la joven asesinada en 2006, que busca justicia desde entonces, la respuesta es obvia: “siempre fue posible hacer prevención del delito, pero el poder político no quiso. En estos momentos de quietud, ensimismamiento y reflexión, ¡ojalá despierten tanta conciencias dormidas e hipnotizadas!”.

Las deficiencias estructurales de la provincia están a la vista desde hace tiempo para quienes quieran verlas. Son déficits endémicos que afectan desde las cloacas y la red de agua hasta a los puentes, la Justicia, los gremios y el cerro El Pelao. Nada queda a salvo de la institucionalidad de escasa o nula calidad: lo padece el régimen electoral sujeto a las distorsiones de los acoples indefendibles así como el sistema carcelario desbordado y el vecino condenado a cohabitar con focos de dengue. El corolario de esta ausencia de anticuerpos políticos es el descrédito y la desconfianza en las autoridades, y la vuelta al estado de naturaleza que el pacto de la Constitución pretendía aplacar. En Tucumán no sólo falta la infraestructura sanitaria de excelencia: los gobernantes tampoco están obligados a garantizar el acceso a la información pública y a divulgar sus declaraciones juradas de bienes. Todas estas carencias están conectadas entre sí porque en última instancia guardan relación con la forma en la que se gasta el dinero que aportan los contribuyentes, y la posibilidad de vigilar las prioridades, y de impedir despilfarros y malversaciones. Esa participación hoy está vedada. La chance de que la realidad sea distinta depende, como predica Lebbos, del reclamo de una ciudadanía convencida de que la decadencia institucional hunde de manera insdiscriminada y universal, como lo demuestra esta inefable pandemia.

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