04 Febrero 2020
EN LA MIRA. La vicepresidenta carga contra la AFI, la AFIP, la UIF y la OA.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cargo interinamente de la Presidencia de la Nación, denunció ayer que el gobierno de Cambiemos armó “verdaderos grupos de tareas desde distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional”, entre los que mencionó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), para articular una “feroz e inédita persecución” en su contra y la de su familia.
La ex mandataria apuntó contra una investigación de oficio iniciada en 2017, que culminó con un reclamo por una deuda impositiva.
Cristina dijo en sus redes sociales que hizo sendas presentaciones ante la justicia federal de Río Gallegos y ante la AFIP, a cargo de Mercedes Marcó del Pont, por “la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial”.
Según sostuvo, en ambos escritos demuestra “la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas que, en coordinación con sectores del Poder Judicial, operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal” contra ella.
“Para los que todavía no creen en la existencia del lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del Poder Judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos…”, escribió en su cuenta de Twitter.
“A partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno, el 10 diciembre del 2015, se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc…) que articularon una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia”, aseveró.
De acuerdo con lo denunciado por la presidenta del Senado, la fiscalía federal de Río Gallegos inició la investigación sin que existiera ninguna denuncia previa.
“Se le ordenó al organismo recaudador que inicie un procedimiento de verificación y determinación de oficio contra mi persona, lo cual viola las normas de AFIP. Se trató de un evidente direccionamiento hacia esta contribuyente, con el inocultable objetivo de realizarle un ajuste impositivo bajo cualquier circunstancia”, argumentó la ex mandataria.
En la presentación, patrocinada por su abogada Romina de los Ángeles Mercado, la vicepresidenta pidió la nulidad de lo actuado y de la ejecución de la deuda.
La deuda reclamada se refiere al Impuesto a las Ganancias de 2011, 2012 y 2016 y se determinó de oficio en una suma de $ 2,1 millones, más intereses y multa. (Télam)
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