Los jueces ante el brete salarial

20 Ene 2020 Por Irene Benito

El congelamiento y la reducción de los sueldos del Estado tucumano atañe doblemente al Poder Judicial: por un lado, lo alcanza la restricción de ingresos y, por el otro, debe resolver los pleitos que estos ajustes generen, incluso los que podrían plantear sus propios sindicatos y estamentos.

El agotamiento de las arcas públicas no tendría que sorprender a nadie, mucho menos a las autoridades de la Justicia. En octubre, el Gobierno “se tiró el lance” y pretendió disponer de alrededor de $ 74 millones ahorrados con fines edilicios por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) que presidía Estofán, y que, para evitar la desvalorización de su capacidad adquisitiva, estaban colocados en plazos fijos. Sólo la oposición de los entonces consejeros de la abogacía, en particular los de la capital, y la publicidad de la voluntad del Poder Ejecutivo impidieron el traspaso de esos fondos insignificantes para el nivel de obligaciones del erario. El hecho de que se trataba de “monedas” permitía intuir el grado de agotamiento del Tesoro. La frustración de esta experiencia de “absorción” del dinero del CAM llevó, a continuación, a la gestión del gobernador Juan Manzur a endeudarse con los bancos y a intensificar -vía reforma legislativa- el concepto de que los recursos públicos forman parte de una “masa única” supeditada a las necesidades de financiamiento del Estado. El argumento de la emergencia y de la crisis rajó así un poquito más la deshilachada división de poderes.

Desde los orígenes de la doctrina de la separación de las funciones de legislar, ejecutar y juzgar enunciada por Montesquieu allá por el siglo XVIII se sabe que ninguna de estas tareas es posible en la práctica sin el manejo autónomo de los fondos destinados a cada una de ellas. La posibilidad de que los distintos poderes se controlen y equilibren va de la mano de que sean libres, y no guarden entre sí dependencias económicas. Tal vez el pecado original de la ineficacia de la institucionalidad “trucumana” esté ligado a esta cuestión básica del financiamiento, que mantienen similitudes con la monarquía absoluta. El jefe del Ejecutivo “paga” los sueldos de todo el personal del Estado, incluidos los legisladores y los jueces, más allá de que cada esfera calcula su presupuesto. Esto explica por qué la Legislatura y la Justicia están atadas a lo que haga Manzur respecto de la planilla salarial -y, por añadidura, en otras materias sensibles para la república-.

Un ejemplo de esos vínculos materiales insalubres es el propio hecho de que las arcas de la Provincia fueron secadas sin que nada ni nadie pudiese evitarlo cuando, como se sabe, había señales de la gravedad de la crisis, como lo corrobora el episodio del CAM que recibió abundante cobertura periodística. Pareciera que la dirigencia de Tucumán perdió la capacidad de prevenir daños o se olvidó de que la comunidad los retribuye -mediante el pago sacrificado de tributos- esencialmente para eso. Pero hay más: como faltan límites, austeridad, rendición de cuentas y fiscalización para el manejo de las cuentas públicas, los diferentes ámbitos del Estado deben pagar los excesos y los rojos. Y luce absurdo pedir a los Tribunales, que están metidos en aquella misma bolsa, que “curen” esa mala administración. Los juicios promovidos para impugnar la suspensión de la última cuota de la cláusula gatillo pactada en su momento dan por supuesta una división de responsabilidades que la realidad burocrática desmiente. Por desgracia los mismos gremios que acuden a los jueces callan frente a los abusos que los gobernantes cometen contra la independencia de aquellos. Ahora es tarde para lamentarlo.

El incumplimiento del compromiso que el Poder Ejecutivo contrajo de modo voluntario en cuanto al mecanismo de actualización de las retribuciones de los estatales y la decisión de reducir los emolumentos del funcionariado toca una fibra muy delicada: el bolsillo abultado de la magistratura. En términos objetivos pareciera que los jueces, defensores oficiales y fiscales, y sus superiores están mejor parados que el resto de las autoridades para ser “solidarios”. Pero adentro de los Tribunales protestan porque, según dicen, ellos sí viven de sus retribuciones, a diferencia de lo que sucedería con los políticos. Más allá de ese capítulo oscuro relacionado con las cajas opacas y la corrupción impune -y, de nuevo, con la inacción de los sectores judiciales que deben investigar y sancionar estas anomalías-, lo cierto es que los ingresos de la judicatura son intangibles por disposición constitucional justamente para garantizar la independencia. Si bien hay fallos que interpretan que una disminución general de los salarios no puede ser considerada un ataque a esa garantía, la cuestión es vidriosa. A muchos magistrados bien pagados les pesa la mala imagen general -muy alimentada por el desempeño deficitario del fuero penal- y hay quienes, si bien discrepan desde el punto de vista técnico con el ajuste de Manzur, sostienen que oponerse a él sería políticamente incorrecto y profundizaría el malestar social.

El brete es más grande de lo que se insinúa porque, además, en el Congreso de la Nación está en suspenso un debate sobre las jubilaciones con el beneficio del 82% móvil que perciben, entre otros “privilegiados”, los jueces y cierta categoría de funcionarios. La combinación de restricciones puede aumentar el número de despachos vacantes, acefalías que resienten la función judicial y en los últimos años han erosionado el método constitucional de cobertura por concurso en favor de un rebrote de la discrecionalidad política que Manzur estimuló con voracidad. La conexión entre inseguridad jurídica y pobreza es patente: por enésima vez Tucumán “sufre” las consecuencias de instituciones sin vocación de prosperidad duradera. Y, también por enésima vez, esa decadencia desafía la capacidad de poner límites que atañe a la Corte, último guardián de la Constitución en este territorio tironeado por la barbarie.

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