Comando Atila: casos que tuvieron el sello del grupo y generaron conmoción

1- Una foto confirmó el fusilamiento de “Prode” Correa

El 10 de marzo de 1986 se produjo un hecho grave. Antes de las 8, los reclusos Enrique “Prode” Correa y Miguel “Gatita” Lizárraga fueron trasladados desde el penal de Villa Urquiza al hospital Padilla. Ambos estaban en la cárcel por haber cometido varios asaltos. Tenían fama de pesados. Y la confirmarían con el golpe comando mediante el cual fueron liberados. Lo concretaron otros integrantes de su banda: redujeron a cuatro guardiacárceles y generaron terror en el centro asistencial.

La Policía salió a buscarlos. Presionados, intentaron fugarse a Santiago del Estero a bordo de un Renault 12. Pero un uniformado logró identificarlos en Los Puestos al mediodía del 22 de marzo de ese año. Allí fueron detenidos “Prode” y José Gómez, el dueño de la casa en la que los prófugos se habían ocultados. Horas después se entregó José “Boleta” Vázquez. Se escaparon “Gatita”, Rolando “Rulo” Elías y Víctor “Mocho” González. Este último fue descubierto en un camino vecinal y, en vez de entregarse, se tiroteó con los hombres del “Malevo”. Murió al recibir cuatro disparos en el pecho.

Un equipo de LA GACETA, integrado por el cronista Juan Quintero y el fotógrafo Rubén Suárez, se trasladaron hasta ese lugar para cubrir la noticia. “Estaba hablando con los policías cuando Rubén me toma de la mano y me avisa que algo había pasado con ‘Prode’, el mismo que habíamos retratado cuando lo trasladaban en un móvil hacia la ciudad”, recordó el periodista.

Quintero dijo que después de haber recorrido unos dos kilómetros, se toparon con Ferreyra, que estaba parado en la ruta. “Nadie nos detuvo porque viajábamos en un Ford Falcon, el mismo modelo que usaba la Policía. Me arrimé al ‘Malevo’ y lo vi nervioso. Le pregunté qué había sucedido y tartamudeando me respondió: ‘matamos a ‘Prode’ en un enfrentamiento’”, relató.

“Luego -agregó- el fotógrafo se fue hasta el lugar. Encontró a Correa en un zanjón esposado con las manos en la espalda. Mientras él hacía su trabajo, Correa le dijo ‘estoy vivo’. Terminó de hacer las imágenes y me pidió que nos fuéramos de ahí. Y eso hicimos”, añadió.

Quintero contó que Ferreyra le había explicado que el detenido había intentado escapar aprovechando que al móvil policial se le había pinchado una rueda; según su versión, en esas circunstancias se produjo un enfrentamiento. “Hasta nos había señalado el impacto de bala que había recibido la puerta del Falcon que lo trasladaba”, contó.

La imagen de “El Gringo” Suárez se publicó en todos los diarios del país. Nadie creyó en la versión oficial, porque era muy poco probable que un preso esposado haya podido abrir la puerta de un auto, correr por el campo con rapidez y, mucho menos, disparar un arma que nunca fue encontrada. La autopsia confirmó todas las sospechas: “Prode” había fallecido por los 14 disparos que recibió por la espalda.

La Justicia ordenó las detenciones de “El Malevo”, de Vicente Carlos Rodríguez y de Carlos Alberto Villarrubia por haberse excedido en su cumplimiento del deber. Con el “jefe” tras las rejas, el Comando Atila entró en acción. “Estaba en la redacción y sonó el teléfono. Uno de los integrantes de ese grupo me amenazó de muerte por haber publicado esa fotografía. Reaccioné insultándolo y diciéndole que no le tenía miedo. Ahí dejaron de llamar, pero estuve alerta por mucho tiempo”, indicó. La misma situación vivieron los funcionarios judiciales que investigaron el caso.

El por ese entonces jefe de Policía, Segundo Corbalán Costilla, ordenó realizar una investigación por el hecho. El comisario Víctor Aráoz y el perito Rubén Terraza (uno de los fundadores del Movimiento Policial Tucumán) fueron designados para desarrollar la tarea.

“Nos ordenaron que fuéramos lo más benévolos posible con los compañeros y cumplimos con la orden”, relató Aráoz en una entrevista con LA GACETA. En febrero de 1987 la Justicia sobreseyó a los acusados y Ferreyra volvió a la Brigada de Investigaciones.

2- La muerte de Salinas marcó un quiebre

El oficial Juan Salinas era considerado un investigador completo. Era respetuoso para hablar con funcionarios judiciales, pero se mostraba áspero cuando le tocaba dialogar con informantes y acusados. Pero el 30 de enero de 1992 fue asesinado en la esquina de España y República del Líbano mientras dialogaba con Ángel “El Mono” Ale. Fue uno de los casos más polémicos de la historia de la provincia.

La Policía, en un primer momento, orientó la investigación en contra de la familia Ale, cuyos miembros fueron detenidos por el hecho después de que se le secuestrara un arsenal en el sanatorio donde había sido internado “El Mono” por la herida que había sufrido. Con el correr de los días, la investigación fue cambiando de rumbo. Los buenos policías, aquellos que estaban en contra de los códigos que había impuesto “El Malevo” y su grupo, sumaron numerosos indicios en contra de varios miembros del Comando Atila.

En marzo de 1993, los fiscales Esteban Jerez y Gustavo Estofán consiguen la orden de detención en contra de Luis Francisco “Chueco” Medina, Juan Armando “Ratón” Velárdez, Camilo Orce, Juan “Perro” Bobi, Ricardo “Cuchulo” Sánchez (comisario que entregó del arsenal de la Unidad Regional Este el arma que se utilizó para asesinar a Salinas), Miguel “Tono” Pereyra, Luis Humberto “Niño” Gómez y Jorge Orlando “Feto” Soria. Según la teoría de los funcionarios judiciales, el grupo parapolicial había intentado asesinar al “Mono” Ale y no al policía.

Salinas era un enemigo de los Atila. Él respondía a los uniformados que estaban en la vereda de enfrente de los Atila. Era integrante de la camada que había enfrentado en más de una oportunidad a “El Malevo”: lo invitaron a pelear mano a mano o los tiros, pero él siempre rechazó estos convites. Fue uno de los que no durmió durante varios días para cuidar a Luis Dino Miranda, el testigo clave que ayudó a esclarecer el triple homicidio de Laguna de Robles. Lo hacía por lealtad a sus compañeros de la fuerza y por ser hermano de Martín Miranda, otro oficial honesto que formaba parte de la Brigada.

Pero Salinas también era un hombre que estaba en contra de las actividades ilícitas que desarrollaban sus camaradas. Se había enterado que “Tono” Pereyra, después de haber protagonizado un incidente con “El Mono” en El Cadillal, habría pensado matarlo. La enemistad había nacido por una sola razón: Ale había logrado que legalizaran sus máquinas de juego y denunciaba que varios miembros del Comando manejan centros clandestinos de apuestas.

Este caso, como la mayor parte de los que tuvieron como involucrados a miembros del Comando Atila, terminó impune. Un año después de su detención, los acusados fueron dejados en libertad por un polémico fallo de la Cámara de Apelaciones que le cambió las imputaciones, declaró nulo el pedido de elevación a juicio y ordenó una nueva investigación. Los fiscales se excusaron de seguir con la investigación y el expediente cayó en manos de Carlos Albaca, un especialista en enfriar causas. Tanto la congeló que la causa prescribió y nadie fue enjuiciado.

3- El horrendo crimen de un “Gardelito”

Daniel Carrizo, integrante del clan Los Gardelitos, fue detenido en la calurosa mañana del 5 de enero de 1989, junto a dos cómplices en el barrio Padilla. Según el informe oficial, habían ingresado a una casa de familia y, después de amenazar a una mujer, le quitaron al menos tres televisores y huyeron en su vehículo. A los detenidos los trasladaron a la ex sede de la Brigada de avenida Sarmiento al 700. Convocaron a LA GACETA para que hiciera la foto de rigor de los apresados.

Cerca de las 13 se confirmó que Carrizo había fallecido por causas naturales. Los familiares del supuesto ladrón armaron un escándalo en la dependencia policial. Hombres, mujeres y niños fueron golpeados por los efectivos de la Brigada de Investigaciones que dirigía Mario  Oscar “El Malevo” Ferreyra. Antes de retirarse, los amenazaron con matarlos si es que realizaban alguna denuncia.

Pero la bronca de Los Gardelitos se multiplicó cuando vieron el cuerpo de su pariente. Estaba tirado en el suelo, en medio de ataúdes y con signos de haber recibido una feroz golpiza. Después de “haberle dado cristiana sepultura”, como se publicó en las crónicas de la época, se presentaron en la Justicia para denunciar el hecho. Las sospechas de que había sido asesinado por los policías se confirmaron con los resultados de la autopsia. Los forenses, muy al pasar, describieron que las causas de la muerte habrían sido un golpe en la cabeza y que también presentaba lesiones en los pulmones.

Un ex policía que prestaba servicios en la fuerza, pidió que no se publicara su nombre y contó una versión de los hechos. “Lo torturaron feo al chango para sacarle información. Le metían la cabeza en un tacho de agua hasta casi asfixiarlo (método conocido como “submarino”) y después le pegaron un fuerte golpe con una máquina de escribir. Ahí se les terminó yendo la mano”, comentó.

El testimonio del ex uniformado coincidió con el “blando” informe de los forenses y con la opinión del abogado Bernardo Lobo Bugeau. “Las prácticas que llevaba adelante el Comando Atila tenían que ver con el aprendizaje que tuvieron durante la dictadura cuando formaban parte de los grupos de tareas”, le dijo a LA GACETA.

Pero la aberrante historia no terminó ahí. En la madrugada del 11 de enero, un grupo de entre seis y ocho hombres con el rostro cubierto y con armas largas coparon el Cementerio del Norte. Se dirigieron hasta la tumba donde se encontraba el cuerpo de Carrizo, abrieron el ataúd, extrajeron la cabeza, arrojaron unos cinco litros de ácido y luego cubrieron el cuerpo con cal viva. No hubo ninguna acusación formal, pero nadie tuvo dudas: el Comando Atila había dado un nuevo golpe. Días después, los forenses dijeron que por el daño causado al cadáver, no se podía realizar ningún estudio.

El grupo policial no paró:  Mercedes Soria, una de las referentes de Los Gardelitos, realizó nuevas denuncias, pero su lucha fue vana y peligrosa. De a poco, los 22 policías detenidos por el caso terminaron sobreseídos y, con el correr de los días, una bomba estalló en la esquina de la casa de la mujer y otro, en el frente. Ella y su familia se salvaron de milagro. “La culpable de todo esto es la Policía. Que el ladrón robe es normal. Que la Policía sea corrupta, no”, declaró en esos días Miguel Angel Ponssa, abogado de la familia de la víctima. Este fue otro caso que quedó impune.

4- La muerte de la promesante salteña

En 1989, las calles de Tucumán se habían transformado en un caos. Se  había desatado una batalla entre los dueños de las máquinas de juego que no estaban reguladas. Por un lado estaban los miembros del Clan Ale y por el otro, el Comando Atila, que supuestamente defendía sus propios intereses y los de terceros que recurrían a sus servicios.

En la madrugada del 7 de abril, un grupo comando de hombres encapuchados y con armas largas hicieron un raid delictivo por los bares donde se encontraban esos aparatos. Primero se detuvieron en el bar El Chavo, de avenida Benjamín Aráoz primera cuadra. Después de amenazar a los pocos clientes, destruyeron la única máquina que había en el lugar. Luego se dirigieron hacia el bar Las Vegas, de avenida Juan B. Justo al 1.000, para realizar el mismo trabajo.

Desde Salta venía un ómnibus que trasladaba un grupo de religiosos hacia Catamarca para honrar a la Virgen del Valle. Se detuvo en la vereda de enfrente, justo cuando el grupo de atacantes salía del bar  (habían destruido al menos seis máquinas de juego). Alguien se asustó por el ruido que había generado el micro y disparó una ráfaga contra la unidad de transporte. Segundos después, huyeron en los Ford Falcon que usaban para trasladarse.

Los gritos de los pasajeros conmocionaron a toda la cuadra. Habían resultado heridas Carmen Gamboni (48 años), Ernestina Orquera (64), Wenceslao Simón Ríos (68) y Susana Ramoa (57). La primera fue trasladada hasta el Hospital Padilla para ser atendida por el disparo que recibió en la cabeza.

Otra vez la provincia volvía a captar la atención de los medios nacionales porque el Comando Atila había quedado sospechado de un nuevo ataque. En un primer momento, la investigación avanzó lento primero y después se detuvo. La Policía había confirmado el ataque al bar Las Vegas, pero no pudo identificar a los integrantes del grupo violento. También consideró que los disparos fueron realizados desde el interior del local. Sus propietarios negaron esa versión. Los testigos también desmintieron esa posibilidad, y por último, los peritos del poder judicial también rechazaron de plano la hipótesis. Otra vez, la fuerza le había entregado “carne podrida” a la Justicia para desviar la atención. Otra vez un crimen quedaba increíblemente impune.

5- Un operativo para rescatar al jefe

Mario “El Malevo” Ferreyra volvió a ser noticia luego de protagonizar otro famoso enfrentamiento. El 10 de octubre de 1991 en Laguna de Robles murieron tres presuntos delincuentes: José “Coco” Menéndez, Hugo “Yegua Verde” Vera y Ricardo “El Pelao” Andrada, que fue encontrado varios días después en un paraje cercano al lugar del supuesto tiroteo. El ya jefe de la Brigada de Investigaciones aseguró que se había tratado de un choque armado que se inició porque los asaltantes habrían intentado escapar. En el hecho fue herido el agente Luis Dino Miranda.

Fiel a su estilo, “El Malevo” se fue de boca a las pocas semanas de haberse producido el hecho. El 30 de noviembre de ese mismo año denunció públicamente que nueve comisarios utilizaban la estructura de la Policía en provecho propio; afirmó que tenían “ambiciones desmedidas” y aseguró que se estaban enriqueciendo ilícitamente. Sus declaraciones le generaron problemas casi de inmediato. Al otro día, por orden del jefe de Policía, Víctor Rubén Lazarte, Ferreyra fue pasado a disponibilidad.

Una semana después, uno de los comisarios a los que “El Malevo” había denunciado, Alberto Ignacio Alcaraz (quien luego sería titular de la fuerza), afirmó que lo de Laguna de Robles había sido una ejecución, versión que fue apoyada por el agente  Miranda, que supuestamente había sido herido en el enfrentamiento. El 9 de diciembre, el ex jefe de la Brigada  y sus hombres se entregaron a la Justicia.

El juicio por el triple homicidio comenzó el 26 de noviembre de 1993. Las audiencias fueron categóricas. Basándose en los testimonios se pudo establecer cómo sucedieron los hechos. La Policía salteña detuvo a los asaltantes en esa provincia por averiguación de antecedentes. Se comunicaron con sus colegas tucumanos para saber si los estaban buscando. Ferreyra dijo que sí y formó una comisión. Llegaron a “La Linda”, hicieron todo el papeleo y decidieron regresar a la provincia. El grupo pasó la noche en un pueblo cercano y, al día siguiente, siguieron viaje. Al llegar a Laguna de Robles, se detuvieron y fusilaron a los detenidos. “El Malevo” pensó que seguía siendo el niño mimado de los funcionarios de turno, pero no. Ramón Ortega, que gobernaba la provincia, le bajó el pulgar para siempre. El 14 de diciembre de 1993, por primera vez en su vida cargada de excesos, fue condenado a prisión perpetua.

El Comando Atila, que no pudo hacer nada para evitar la acumulación de pruebas en contra de su líder, presentó otras cartas sobre la mesa. Liberó la zona de Tribunales para que Ferreyra protagonizara una cinematográfica fuga. Escoltados por sus hombres más fieles con el que había transitado caminos alejados a la ley, cruzó la plaza Hipólito Yrigoyen con una granada de mano. Antes de subirse a una camioneta avisó: “me voy a entregar muerto”.

Ortega hizo rodar las cabezas de todos aquellos que colaboraron con la fuga y reubicó a los hombres que estaban acusados de integrar el Comando Atila. Dio la orden de que a “El Malevo” lo atraparan vivo o muerto.

El 3 de marzo de 1994 fue apresado en un rancho de Zorro Muerto, alejado paraje del este de la provincia. Como ocurrió siempre, no se atrevió a enfrentar a los hombres que lo habían ido a buscar, sino que pasó horas negociando sus condiciones. El parlamento llegó a su fin cuando su esposa, María de Los Ángeles Núñez, le pidió a gritos que se entregara.