Por Gustavo Rodríguez
31 Diciembre 2019
TODO UN SIMBOLO. Año a año se incrementa el número de participantes en las marchas que se realizan en la plaza Independencia. la gaceta / foto de DIEGO ARáOZ
Una y otra vez se concentraron en distintos puntos de la ciudad y, abrazados por el espanto y unidos para hacerse escuchar, centenares de tucumanos caminaron hasta la plaza Independencia. Todos juntos, gritaron bien fuerte: ¡Ni una menos! La expresión, que se acuñó en 2015 por una reacción espontánea en contra de la violencia de género, quizás sea el mayor movimiento social para reclamar al Estado acciones concretas en todo el país.
“En los últimas años se han aprobado importantes leyes en la Argentina. Las mismas significaron un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Este cambio legislativo de relevancia, ha sido, entre otros factores, fruto de la lucha llevada adelante por el movimiento de mujeres en nuestro país”, aseguró Yanina Muñoz, una de las referentes de Mumala (Mujeres Matria Latinoamericana).
Entre otras normas, se destacó la reforma del artículo 80 del Código Penal incluyendo la figura de femicidio, en noviembre de 2012. María Medina fue quemada por su pareja en abril de 2012. Armando Martín se transformó en el primer tucumano en ser condenado a prisión perpetua por ese agravante.
Luego vendrían las leyes conocidas como Brisa (que habla de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes hijos de victimas de femicidios) o Micaela (ordena la capacitación para personas que trabajan en los tres poderes del Estado), a la que Tucumán todavía no se adhirió a esta última. “También se fueron realizando otras modificaciones que fueron consiguiéndose después de que se visibilizara la dura realidad que se vivía”, comentó Muñoz.
Pero con el dictado de normas no alcanzó. “En el análisis del presupuesto destinado al Consejo Nacional de Mujeres, después Instituto Nacional encargado de la aplicación de la ley Nº 26.485 no cubrió ni un digito del presupuesto total, lo que muestra que no fueron acordes a la dimensión de la problemática, ni a las áreas específicas”, agregó Muñoz.
Vale la pena aclarar que tanto a nivel nacional como provincial se declaró la emergencia por los casos de violencia de género, pero la falta de presupuesto impidió que se llevaran adelante los proyectos más ambiciosos como la construcción de albergues transitorios o que los acusados y condenados por violencia de género sea tratados.
Rosa del Valle Luna fue asesinada por su pareja en setiembre de 2014. El agresor, que se quitó la vida con la misma escopeta que ultimó a la víctima, había cumplido una pena de 18 años de prisión por haber matado a su anterior pareja. Este caso fue una prueba contundente de que no alcanza con aplicar duras condenas en contra de los femicidas.
Estadísticas
Mumala tiene prestigio a nivel internacional por encargarse de realizar un registro sobre la cantidad de femicidios que se produjeron a nivel nacional desde 2015. “Nos proponemos visibilizar la realidad de nuestro país. Las complejas problemáticas que atravesamos las mujeres en la actualidad. La idea es generar herramientas que permitan graficar el cuadro de situación, que se tomen como punto de partida para pensar las soluciones y transformar la realidad. Que sean utilizadas para diseñar políticas públicas que puedan implementarse de manera inmediata para el abordaje de las mismas”, explicó Muñoz en una entrevista con LA GACETA.
“El registro nacional de femicidios, monitoreo de leyes vigentes, análisis y seguimiento del presupuesto nacional y el desarrollo de encuestas sobres diferentes problemáticas son algunas de las actividades llevadas adelante por nuestro observatorio”, comentó.
En Tucumán, según los números que maneja la entidad, desde que comenzó a realizar el trabajo, se contabilizaron 54 casos. La discriminación por años es así: 2015, 3 (se comenzó a llevar el registro a mediados de junio); 2016, 8; 2017; 13; 2018, 17 y, en lo que va del 2019, 13 (la Justicia sólo lleva contabilizado 11).
Los casos de violencia de género obligaron al Estado a buscar soluciones. La Legislatura sancionó normas; el Gobierno creo dependencias especiales para atender a las víctimas y preparó a sus efectivos para contener a las mujeres que denunciaban; y la Justicia creó la Oficina de Violencia Doméstica y se abrieron fiscalías especiales para atender los casos que no paraban de crecer.
Se consiguieron importantes resultados, pero no los suficientes. De los 11 femicidios que se registraron en nuestra provincia en lo que va del año, siete fueron en el interior. Hay una razón para entender lo que está pasando: las víctimas no cuentan con las mismas facilidades para recibir asistencia y, fundamentalmente, protección.
Historias
Detrás de cada uno de los femicidios hay historias aberrantes, Claudia Lizárraga fue ultimada de dos puñaladas en la plaza de Barrio Jardín en octubre de 2016. Salía de trabajar y fue alcanzada por su ex pareja que huyó después de haber cometido el ataque. Al revisar su cartera, los efectivos policiales encontraron un oficio judicial donde constaba una prohibición de acercamiento en contra del hombre que le arrebató la vida.
En la audiencia del juicio, se demostró que Lizárraga denunció a Víctor Hugo Argañaraz por violencia de género en 1997 y su última demanda fue semanas antes de ser asesinada. En total fueron más de 30 denuncias. “Él la mató y recién la justicia actuó, cuando durante 20 años nunca hicieron nada”, se quejó Yanina Lizárraga, hija de la víctima. El femicida fue condenado a prisión perpetua dos años después.
Ornella Dotori y Giselle Barrionuevo nunca se conocieron. Pero sus vidas tuvieron un trágico desenlace. Ambas fueron ultimadas por personas vinculadas al consumo o a la comercialización de drogas.
El cuerpo de Ornella, de 16 años, fue encontrado en un campo de soja cercano a Alberdi. Estaba embarazada y, después de haber abusado de ella, la mataron golpeándole la cabeza con una piedra. La adolescente tenía problemas de adicción y, junto a su amigo Gustavo “Perrito” Carretero estuvieron todo un día buscando dinero para adquirir sustancias hasta que sucedió el crimen. El acusado fue condenado a prisión perpetua el año pasado.
Barrionuevo tenía 17 años cuando encontraron su cuerpo golpeado en un cañaveral cercano a Monteros. Su muerte dejó al descubierto una cruel historia. Un relato en donde se mezcla el oscuro mundo de la droga. Ella, que cargaba en su espalda un problema de adicción nunca tratado por falta de recursos, estuvo tres días en la casa de Luis Cristian “Pony” Danún (40 años), que se habría dedicado a la comercialización de estupefacientes. Varios tetigos dijeron que él y su pareja, Teresita del Milagro “Tere” Raso (21), la golpearon en reiteradas oportunidades los días previos a su muerte. La Justicia les imputó el crimen de la adolescente, pero ambos recuperaron la libertad a los pocos meses. Esperan, como muchos otros más, ser enjuiciados.
1 Una provincia cada vez más violenta
Los índices de homicidios en Tucumán vienen en alza en los últimos tres años. Las estadísticas sobre los crímenes comenzaron a informarse oficialmente en 2013, cuando la Corte Suprema de Justicia destacó que habían registrado 112 hechos de sangre. En 2014, fueron 111; en 2015, 105; en 2016, 92 (fue el descenso más importante de la década), en 2017, 118; en 2018, 135 (con este número la provincia fue la segunda más violenta del país por detrás de Santa Fe) y en lo que va del 2019, 141. En 2010, 2011 y 2012, los números no llegaban a los tres dígitos.
2 Caso Betty: pena confirmada
En octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia confirmó la sentencia a las condenadas por el crimen de la docente Ángela Beatriz Argañaraz, ocurrido en julio de 2006. Las ex novicias Susana Acosta y Nélida Fernández habían sido condenadas por un tribunal a 20 años de prisión por haber asesinado y ocultado el cuerpo de la docente en algún lugar de la provincia. El máximo tribunal de la provincia también confirmó la absolución de Luis Fernández, el hermano de una de las acusadas. Las mujeres continúan detenidas en el penal de Banda del Río Salí.
3 Cambio de pena en el caso Aráoz
En 2004, el juez de Menores Agustín Aráoz fue asesinado en su casa de Yerba Buena. Siete años después se realizó el juicio en contra de varios imputados. Al oficial Darío Pérez lo condenaron a 18 años y a Ema Gómez, la ex amante de la víctima, a 13. Sin embargo, se apeló el fallo y la Corte decidió que otro tribunal revise la pena que le dieron. Dos años después, a ambos le dictaron la prisión perpetua. Gómez volvió a la cárcel, pero Pérez se escapó antes y sigue prófugo. Andrés Fabersani fue condenado a cinco años por encubrimiento y está en liberta por haber cumplido la pena.
4 Amín no pudo evitar la cárcel
El 27 de octubre de 2007, Pablo Amín y su pareja María Marta Arias llegaron desde Santiago del Estero para participar de un congreso. En la madrugada del día siguiente, el joven asesinó brutalmente a la chica en su habitación y, después de sacarles los ojos, la arrastró por el pasillo del hotel. Cuatro años después fue enjuiciado. Lo condenaron a prisión perpetua. En 2010, la Corte confirmó el fallo después de que su defensor apelara. Actualmente, estudia Derecho, juega al rugby en el equipo del penal de Villa Urquiza y habría iniciado más de una relación sentimental.
5 Una ley no frenó un tipo de robo
Primero fueron los arrebatos y después los motoarrebatos. Esta modalidad de robo fue la que más creció en la década que se termina. Se aprobó una Ley que se ordenaba dictar la prisión preventiva a todos aquellos que fueran detenidos por haber cometido este tipo de delito. Sin embargo, la norma dejó de aplicarse a los meses de haberse puesto en vigencia por ser considerada inconstitucional. Las motos se transformaron en un medio para delinquir, ya que también crecieron los casos de ataques de rompevidrios en diferentes sectores de la ciudad.
6 Dura condena al clan Ale
La Justicia Federal condenó en diciembre de 2017 a 13 de los 16 integrantes del Clan Ale por haberlos encontrado culpables de haber integrado una asociación ilícita que habría lavado activos provenientes de usura, explotación económica del ejercicio de la prostitución, extorsión y comercialización de estupefacientes. Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale, considerados los líderes del grupo, recibieron una condena de 10 años. María Jesús Rivero, en cambio, fue penada a seis años. Los absueltos fueron Oscar Dilascio, Hernán Lazarte y Sergio Parrado.
7 Dos muertes que dejaron una marca
Tenían toda una vida por delante, pero a ambos se las arrancaron con armas blancas. El 19 de mayo de 2017, Matías Albornoz Piccinetti (17 años) fue asesinado de una puñalada durante una pelea ocurrida en Santiago del Estero al 400 y tres adolescentes quedaron a disposición de un juez de Menores. El 21 de octubre de 2018, Valentín Villegas caminaba con una amiga por la calle San Martín al 1.300, de Yerba Buena cuando fueron sorprendidos por un joven que quiso robarle el celular a su amiga. Él la defendió y recibió una moral puñalada. El acusado será enjuiciado en febrero.
8 El drama de la crisis carcelaria
Franco Emanuel Gallardo y Mateo Boris Visa eran los nombres de los jóvenes que murieron en un calabozo de la Brigada Norte de Yerba Buena en junio de 2015. Por ese caso, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila consiguieron un hábeas corpus a favor de los presos, policías y vecinos de la comisaría. Esos días, había poco más de 500 detenidos en las celdas de las dependencias policiales. A pesar de las acciones que tomó la Corte, la situación se complicó. Hoy, n las comisarías, hay más de 1.000 arrestados y, otras 1.200 en las trés cárceles de Tucumán.
Caso Lebbos
Paulina Lebbos desapareció un 26 de febrero después de haber ido a bailar a un boliche de El Abasto. Su cuerpo fue hallado a la vera de la ruta que conduce a Raco 13 días después. Desde esa fecha, Alberto Lebbos caminó por tribunales buscando justicia para su hija. El 25 de febrero pasado, el tribunal integrado por Rafael Macorito, Carlos Caramutti y Dante Ibáñez, condenó a Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, (ex jefe y ex subjefe de Policía) y a Rubén Brito (jefe de la Unidad Regional Norte) por encubrimiento. Decidió absolver a Roberto Gómez, el único que llegó a juicio acusado por homicidio. Los jueces pidieron que se profundice la investigación, tarea que se iniciará si es que la Corte Suprema de Justicia confirma el fallo. Por el momento, el crimen que conmocionó al país, sigue impune.
Caso Verón
María de los Ángeles Verón desapareció en abril de 2002. Su madre, Susana Trimarco desde un primer momento denunció que su hija había sido llevada a la fuerza por desconocidos para integrar una red de trata. La fiscala Adriana Reynoso Cuello pidió que se enjuiciaran a 11 personas al acusarlos de haberla privado ilegítimamente de la libertad y ejercer la prostitución. En febrero de 2012, un tribunal integrado por los jueces Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina, decidieron absolver a los imputados, fallo que generó un escándalo a nivel nacional. Un año después, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, modificó la sentencia y terminó condenando a todos. Sin embargo, mantuvo la absolución de María Jesús Rivero, ex esposa de Rubén “La Chancha” Ale, y de su medio hermano, Víctor.
Lo más popular
