Por Gustavo Rodríguez
29 Diciembre 2019
ANÁLISIS. Los peritos volvieron a trabajar en la zona donde ocurrió la pelea. la gaceta / foto de diego aráoz
La investigación de la muerte de un hombre a la salida de un boliche de la capital sigue avanzando. La agresión que sufrió el inspector de tránsito podría haberse organizado por el secuestro de una moto. También estaría confirmado que los atacantes fueron “patovicas” del centro nocturno y no policías, como se había sospechado en un primer momento.
Ramón Acuña, de 55 años, y su hija Dali Mariana Acuña fueron a bailar el sábado a la noche al boliche Sasha, ubicado en avenida Benjamín Aráoz al 700. A la salida del centro nocturno, después de una discusión entre la víctima con uno de los hombres encargados de la seguridad, comenzó la golpiza. El inspector de tránsito regresó a su casa. Al día siguiente se sintió mal y, por ese motivo, lo atendieran en el Hospital Padilla. El lunes, como no había lugar en la sala de terapia intensiva del centro asistencial, lo llevaron a un sanatorio privado. Falleció el viernes a la mañana después de haber sufrido varios infartos.
Los parientes de la víctima denunciaron que cuando se retiraban del boliche, uno de los “patovicas”, de mala manera, le pidió que le convidara un cigarrillo. Acuña se negó a hacerlo y comenzó una discusión. María de los Ángeles le dijo a la Policía que en medio del intercambio de palabras, uno de los agresores le dijo: “vos fuiste el que me levantó la moto de la calle”. Después de eso comenzaron a pegarle salvajemente. La golpiza llegó a su fin cuando un tercer miembro de seguridad detuvo a sus compañeros.
El subdirector de Tránsito y Transporte Enrique Romero no pudo confirmar la versión. “Es el relato de la hija y debemos creerle, pero no tenemos registro de ningún incidente. Acuña era un hombre con mucha experiencia y pícaro para trabajar en la calle. Secuestraba muchas motos por diferentes irregularidades todos los días. Se perdió un buen trabajador”, comentó el funcionario.
Nuevas medidas
Por otra parte, por orden de la fiscala Adriana Giannoni, personal de la División Homicidios al mando de los comisarios Cristian Peralta y Diego Bernachi volvió a hacer una inspección ocular en el lugar donde se produjo en el hecho. Encontraron manchas de sangre que confirmarían la versión de los parientes de la víctima.
Además, sumaron testimonios de varias personas que reconocieron que los agresores integraban el personal de seguridad privada y no eran policías que realizaban servicios adicionales en el lugar. Los uniformados pertenecerían en su gran mayoría a la dotación del Servicio 911.
La fiscala Giannoni ya identificó a los “patovicas” que trabajaron esa noche. Habrían negado que se haya producido una pelea y mucho menos que ellos fueron los que agredieron a Acuña. Todos los sospechosos fueron sometidos a una serie de pericias y estudios médicos para determinar si estuvieron implicados en el hecho. Además, durante las próximas horas se terminarán de analizar las imágenes de las cámaras que pertenecen al boliche.
Aclaración
Rodolfo Di Pinto, vocero de la entidad que reúne a los propietarios de los boliches, aclaró que Sasha no está afiliado a la cámara y por esa razón no puede opinar con qué criterio eligen al personal de seguridad que trabaja en el lugar.
“Los que pertenecen a la cámara firmamos un convenio con el gremio que nuclea al personal de seguridad del país. Son hombres que han sido preparados y están habilitados por ley a realizar este tipo de trabajo. Además, hace muy poco tiempo terminamos de dictar un curso sobre el manejo de personas y con el Inadi, que los preparó sobre cuestiones de género y situaciones especiales para evitar actos discriminatorios”, explicó el empresario.
Di Pinto aclaro que la provincia se adhirió a la Ley 26.370 que ordenó la habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general, para empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos. “Sin embargo, en nuestra provincia no se tuvo en cuenta que se debían cumplir algunos requisitos, como la instrucción del personal, que lleva su tiempo. Por eso fue impracticable”, comentó.
El empresario destacó que por esa razón se vieron obligados, como cámara, a tomar algunos recaudos. “Nuestro personal de seguridad está perfectamente capacitado para atender situaciones de riesgo -dijo Di Pinto-. Eso es fundamental porque los niveles de violencia siguen creciendo y más en nuestra actividad”.
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