Los últimos cultores del cupo

La veintena de aspirantes a Medicina y padres que protestan contra el cupo y el ingreso restricto a Medicina esperaron en vano que se tratara el tema en la sesión del Consejo Superior del martes pasado. Es que había la posibilidad de que alguien introdujera sobre tablas la presentación contra la resolución de la facultad de mantener el cupo y además había una polémica alimentada por las diferencias de criterio entre el rector, José García, que había dicho que el ingreso irrestricto es cuestión de una decisión política, y el decano de Medicina, Mateo Martínez, que defiende la política de restricciones que ya lleva 30 años en función de lo que definió como formación de calidad de médicos y de respeto a los pacientes. Como sea, el asunto va a ser tratado, sí o sí, en la sesión del Consejo Superior del martes 10.

El paradigma de la calidad

La veintena de aspirantes a Medicina y sus padres parecen solos. No son malos estudiantes. Sacaron más de seis en el examen de ingreso –lo cual debería indicar que están capacitados para el estudio- y algunos que obtuvieron menos de 8,3 quedaron excluidos por el cupo que para 2019 fue de 291 ingresantes. Pelearon en soledad durante todo el año contra un sistema que tiene internalizado hasta la médula el cupo como una especie de garantía de calidad en un medio lleno de carencias. Así se da una cierta paradoja de que en la Universidad que en los últimos tiempos ha sido calificada como “la peor de todas” por las autoridades nacionales salientes, la facultad de Medicina enarbola como caballito de batalla la excelencia de los médicos formados en sus aulas. Argumento que, por cierto, exhiben en general las autoridades de las mismas áreas universitarias en todo el país, que suelen remarcar que las faltas de recursos humanos y de infraestructura afectan la “capacidad educativa” para garantizar que los que ingresan vayan a ser los “médicos de excelencia que la sociedad merece”.

Es decir, la idea de que un área sensible como la medicina, que se ejerce sobre seres vivos, requiere capacitación de excelencia, parece justificar con creces entre nosotros la idea de las limitaciones de ingreso y de cupo, para que no sólo estudien los mejores sino que la universidad esté en condiciones de capacitarlos. Cualquier persona recibida de medicina, en general, encontrará razonable esta situación y hasta quienes padecieron por el cupo pero luego entraron después de varios intentos y se recibieron, terminan justificándola.

Proceso de adaptación

Por eso esa veintena de reclamantes parecen solos. Pero no están solos. En realidad quienes están solos son el decano Mateo Martínez y el Consejo de Medicina, porque nuestra universidad es prácticamente la única del país con este sistema, después de que todas comenzaron a adecuar sus estructuras a lo que exige la ley de Educación Superior, modificada en 2015, que defiende claramente el ingreso irrestricto, sin aranceles ni cupos. Las autoridades de las otras universidades han renegado pero se adaptaron y escogieron alternativas para resolver el problema de la masividad. La UBA, que tradicionalmente ha tenido altas exigencias en los primeros años de estudio, subió la presión en las materias de biología, física y biofísica y añadió un examen final de toda la carrera. En Córdoba tienen un nivel de correlaciones que funciona como cedazo. En fin, en Medicina de Tucumán parecen quedar los últimos dinosaurios del cupo.

La veintena de aspirantes y sus padres, que parecieron perder todas las batallas este año –hicieron presentaciones en mayo que fueron rechazadas por Martínez y por el Consejo de la Facultad de Medicina en razón del necesario “control de calidad”- ahora aspiran a que el Consejo Superior de la UNT les dé la razón. Fernando Velloso Colombres, vocero y representante de los 20, dice que esta semana va a pedir al Rectorado la intervención de la Facultad de Medicina, por negarse a cumplir con lo que manda la Ley.

La veintena de aspirantes y sus padres ya han sido de algún modo avalados por el dictamen del responsable de Asuntos Jurídicos a la UNT, Augusto González Navarro, que ha dicho que no se puede discutir la vigencia de la ley de educación superior modificada en 2015, lo cual supone adecuar los reglamentos internos “pero no incluir cupos de carácter eliminatorio que encuadrarían en la expresa prohibición legal de adoptar sistemas ‘selectivos excluyentes o discriminatorios’ ”. Para ello, sostiene que la Universidad debe llevar a cabo gestiones para obtener el financiamiento y la provisión de infraestructura para cumplir con los parámetros legales. Y aunque dice que ya nada se puede hacer con respecto al caso de 2019, afirma que el Consejo Superior de la UNT debe discutir los pasos a seguir para 2020. Al respecto, agregándole sal a la herida, ya Medicina publicó un reglamento para el ingreso de 2020 (que aumenta el cupo a 300 ingresantes, más 60 de Salta y 30 de comunidades originarias) y que añade más exigencias en el ingreso, el cual ha sido cuestionado por los aspirantes y sus padres. “Es peor que el de 2019”, dice Velloso Colombres, que critica que Mateo Martínez incluso tomó esta medida “ad referéndum” de su Consejo, soslayando que el tema debe ser tratado por el Superior. “Es patrón de Estancia”, lo califica.

Martínez y su Consejo se van quedando solos. Los resquicios legales que permitían que el Consejo de Medicina tomara decisiones se van cayendo. La argumentación de que las prácticas con androides no reemplazan a las prácticas con seres humanos (que deben ser respetuosas, es decir no se puede meter a 15 practicantes a examinar a un paciente en un hospital) parece caerse en algunos lugares: el decano de Medicina de Córdoba, Rogelio Pizzi, dijo hace un año: “trabajamos fuerte en la simulación para complementar la enseñanza médica; son muñecos sobre los que se realizan las prácticas antes de pasar al paciente”. Martínez también lo dice, pero enfatiza en que es un complemento que nunca puede reemplazar la práctica con un paciente vivo. No obstante, Medicina ha dado tropezones con respecto a los androides en los últimos cinco años, desde que recibió un subsidio de $ 10 millones del Ministerio de Salud de la Nación para hacer el hospital de muñecos, que se iba a erigir en un año y que, con una justificación y otra, no implementó, excepto algunas obras a medias.

“Una crisis brutal del sistema”

Martínez y su Consejo se escudan en que para implementar la ley se requiere un ingreso sustancial extra y que, al contrario, el presupuesto entregado por la Nación se fue reduciendo entre 2015 y 2019. “Un ingreso masivo implicaría un incremento muy notable en materia de equipamiento didáctico. Atentaría contra la calidad de la enseñanza; (los docentes) hoy ya están con una plétora que les hace difícil enseñar con calidad… sería directamente una crisis brutal del sistema. Sería poner bajo riesgo la salud de la sociedad, la salud de los enfermos del hospital público y un quiebre institucional de la Facultad de Medicina”.

Pero el dictamen de Asuntos Jurídicos sostiene que el Consejo Superior tiene que exigir al Estado nacional que cumpla con sus obligaciones, porque la ley también dice no sólo que es responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, sino que “el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional”. O sea, no se puede cobrar nada para el ingreso.

La cuestión no es fácil. Los cambios y ajustes hechos a las apuradas pueden derivar en nuevos conflictos, como el que se viene arrastrando desde hace años con Veterinaria, otro dolor de cabeza, en este caso, para la Facultad de Agronomía.

La veintena de aspirantes y sus padres no están solos. El rector dice que el ingreso irrestricto debe aplicarse en todo el ámbito de la universidad y que la gratuidad y el ingreso irrestricto no dependen de un tema presupuestario, sino de una decisión política. Los responsables de la facultad de Medicina están prácticamente solos en el país. El Consejo Superior debe decidir a quién acompañará y cómo lo hará.