Un documento tiene tanto valor patrimonial como un edificio

En procura de una solución de fondo para las agonizantes bibliotecas populares, el Ministerio de Gobierno convocó a un grupo de especialistas capaces de hacer un diagnóstico y esbozar un plan de acción. Nadie quiere otro derrumbe como el sufrido por la biblioteca Alberdi, una desgracia con toda la suerte del mundo. Por lo general, cuando en Tucumán se vienen abajo las estructuras alguien lo paga con la vida. No fue el caso, pero en el ámbito de la cartera que dirige desde el mes pasado Carolina Vargas Aignasse abrieron el paraguas.

Las bibliotecas son como los clubes: asociaciones civiles sin fines de lucro. Además, su ámbito de pertenencia es la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), uno de los apéndices de la Secretaría de Cultura de la Nación, organismo que -de acuerdo con la promesa de las autoridades electas- recuperará el rango ministerial apenas Alberto Fernández se calce la banda presidencial. Para que el Gobierno provincial meta mano en ese entramado será necesario activar una ley pergeñada en los tiempos de Olijela Rivas. Eso le brindaría al Ente Cultural la potestad de gerenciar las bibliotecas. Pedro Ruarte, presidente de la Alberdi, suspiró aliviado. Él ya había avisado que sin ayuda oficial no habría forma de reabrir.

Se subrayó en varias ocasiones que la biblioteca Alberdi no forma parte de los inmuebles protegidos por la legislación. La salvaguardia de ese listado, extenso y variopinto, corre por cuenta de la Dirección de Patrimonio, que en los hechos es uno de los compartimentos sobre los que se configura el rascacielos del Ente Cultural. La arquitecta Mercedes Aguirre fue confirmada al comando de esa oficina, cuya misión es -nada menos-: “elaborar las políticas de preservación, custodia y expansión del patrimonio, así como autorizar las acciones que se propongan para intervenirlo”.

La magnitud de la tarea es inversamente proporcional a los recursos económicos y humanos con los que históricamente cuenta la repartición. Patrimonio es, a fin de cuentas, una Dirección más dentro de una estructura en la que comparte derechos y obligaciones con siete hermanas (Producción y Gestión, Acción Cultural, Artes Visuales, Teatro, Letras, Música y Danza, y Medios Audiovisuales).

“¿Sacarla del ámbito del Ente Cultural? Sería acrecentar la burocracia, que de por sí ya es enorme”, opinó, escéptico, Martín Ruiz Torres, presidente del Ente. La cuestión es si Patrimonio no merece otra clase de consideración en el organigrama del Estado, otra jerarquía, otro peso específico en la mesa de las decisiones. Por caso, cuando se desplomó el techo de la biblioteca Alberdi todos miraron de reojo hacia allí. Es un buen tema para debatir.

La cuestión de “autorizar las acciones que se propongan para intervenir” el patrimonio es de lo más espinosa. Hay una comisión de expertos que analiza y dictamina en consecuencia. Son profesionales sujetos a toda clase de presiones, en especial cuando hay dinero del mercado inmobiliario en juego, y de críticas, en infinidad de casos provenientes de voces desconocedoras de la ley. Si la comisión autoriza una obra es negligente; si no la autoriza, también. Por eso es tan necesario escanear los casos, porque cada uno encierra una historia.

En detalle

Cuando detrás de los bienes culturales hay asociaciones civiles sin fines de lucro u otra clase de instituciones (por ejemplo algunos colegios profesionales o las congregaciones religiosas) las cosas se complican. Por algo las iglesias -salvo La Merced, aquellas que datan de la época de la Colonia en el interior y alguna excepción, como la capilla de Villa Nougués- no figuran entre los edificios protegidos. Sus dueños, ya sean masas societarias o particulares, prefieren disponer de esos bienes sin interferencias. Pero no fue el caso de la Alberdi.

Existen distintas categorías en la valoración que determina cuándo es válida la protección patrimonial: arquitectónica, artística, arqueológica, paleontológica, atropológica, documental, paisajística y científico-tecnológica. De haberse empleado esta herramienta, la Alberdi habría quedado a resguardo, al menos desde la formalidad normativa. ¿Quién puede objetar la condición de dispositivo documental, científico y artístico propio de una biblioteca? Pero no se lo consideró así, seguramente porque desde hace tiempo lo que prima en el análisis es el valor arquitectónico de los inmuebles. Por eso, cuando las autoridades de la Alberdi solicitaron ser tenidas en cuenta, en Patrimonio no afloró el entusiasmo para que avanzara la gestión. Pero no fue el único motivo.

Lo valioso sería que esas categorías valorativas jueguen con mayor preponderancia en el rastrillaje de los bienes patrimoniales. Claro que hay ejemplos positivos en ese sentido, por caso el sitio de Ibatín. Allí la protección se determinó por el valor arqueológico, ya que el visitante no encuentra nada para ver, más allá de un pastizal. Los bienes están bajo tierra, a la espera de que algún día se realicen las excavaciones para rescatarlos. Esa iniciativa -vale apuntarlo- es millonaria y, lógicamente, se mantiene fuera del radar. Lo imprescindible en el caso de Ibatín es delimitar el perímetro con mucha mayor precisión y solidez, porque el avance de los cultivos en los campos aledaños es incesante.

Los archivos son bienes patrimoniales por el apuntado valor documental que ostentan. Muchos se preguntan por qué el registro civil de Villa Luján aparece en el listado de bienes protegidos, tratándose de una casa común y silvestre. Allí está la respuesta. Hay infinidad de archivos que aguardan el mismo tratamiento, aunque el déficit en la catalogación de los materiales suele jugar en contra. Una pila de papeles, por más antiguos que sean, no conforman un bien patrimonial hasta que no se precisa que está escrito en cada uno de ellos.

De todas estas cuestiones debe ocuparse la Dirección de Patrimonio. Mucho trabajo para una oficina que a la luz pública funciona como un cuerpo de bomberos que llega tarde a apagar el incendio. En la web oficial, por caso, sigue apareciendo como edificio protegido -con foto y todo- la sede del ex Banco Francés, víctima de la piqueta hace tiempo ya.

En el caso de las bibliotecas populares, una vez que el instrumento legal quede habilitado la responsabilidad no pasará por la Dirección de Patrimonio, sino por la de Letras. Pero necesariamente tendrán que moverse en conjunto, lo que plantea un atractivo desafío para el Ente de Cultura, cuyas oficinas suelen funcionar como compartimentos estancos. La cultura de trabajo del Ente siempre marchó en ese sentido, cuando está más que comprobado que los modelos transversales son los más exitosos. Tal vez tome forma una experiencia piloto capaz de marcar nuevos rumbos y la biblioteca Alberdi salga beneficiada.