Las comisarías, con capacidad para 400 reos, tienen más de 950

Las comisarías, con capacidad para 400 reos, tienen más de 950

17 Noviembre 2019

En 2015 los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni advirtieron el problema. Al año siguiente se declaró el estado de Emergencia que estuvo vigente -en 2017 se la prorrogó por dos años más- hasta el 6 de noviembre, y nada cambió. La crisis carcelaria empeoró en estos cuatro años.

Cuando se encendió la luz de alarma, había unas 500 personas detenidas en las comisarías, actualmente, según los registros oficiales, hay 960 procesados encerrados en los calabozos, cuando la capacidad es de 400. En esa cifra no están contemplados los detenidos por contravenciones, que serían más de 150 en promedio por semana. Los fiscales habían presentado un hábeas corpus en favor de los reos, los policías y los vecinos de las dependencias policiales. “En esos momentos considerábamos que había un desborde. Entendíamos que era imposible que de un día a otro se hiciera una nueva cárcel. Se hizo un nuevo pabellón en el penal de Villa Urquiza, pero eso no alcanzó y hoy estamos peor”, explicó López Ávila.

La Corte Suprema de Justicia aceptó el planteo y le pidió al Poder Ejecutivo que se encargara del problema. Luego se resolvió que el máximo tribunal de la provincia, a través de su Oficina de Derechos Humanos, se encargara de analizar la situación. Se realizaron audiencias, hubo reuniones, pero nada cambió.

En la Legislatura, cada vez que se reunía la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia, el ministro de Seguridad Claudio Maley hablaba del mismo proyecto: las remodelaciones en Villa Urquiza y la construcción de un penal en Benjamín Paz, pero tampoco fueron una solución. “Ahora que habrá mayor afinidad entre la Provincia y la Nación, esperamos conseguir los fondos para hacer realidad ese proyecto”, explicó una fuente del área de Seguridad.

Y si de afinidad se trata, la senadora Silvia Elías de Pérez estuvo al frente de un proyecto para paliar la crisis. Consiguió los fondos para que se construyera una alcaldía en el predio del ex Arsenal. Sin embargo, la iniciativa no prosperó aún porque la Justicia Federal debe analizar si se puede edificar en los terrenos que están protegidos por investigaciones de delitos de lesa humanidad.

“Es una situación grave la que se está viviendo. No sólo están en peligro los detenidos, sino que también se está afectando al personal policial con otra tarea que no es propia a la de sus funciones. También hay que prestarles la debida atención a los vecinos de las comisarías que, con justa razón, están preocupados por esta situación”, opinó López Ávila.

Un paliativo

En los últimos días, representantes de la Policía y del Ministerio Público Fiscal comenzaron a mantener reuniones para la creación de un nuevo protocolo de traslado de presos a Tribunales.

Esta plan había comenzado a discutirse cuando la cartera de Seguridad era conducida por Regino Amado y Paul Hofer. En ese tiempo se había pensado que el Servicio Penitenciario sería el responsable de cumplir con esta tarea. Sin embargo, con el cambio la llegada de Maley y de Luis Ibáñez, la iniciativa se frenó.

Voceros del MPF confirmaron que están avanzadas las gestiones para que los reos sean trasladados por un equipo especial. Muy temprano se encargará de retirarlos de las comisarías y los llevarían hasta Tribunales. Luego, una vez que todos hayan cumplidos con los trámites judiciales, serán devueltos a los lugares de encierro.

“Con esta medida se pretende no afectar los recursos humanos de la fuerza y que los móviles policiales estén para realizar tareas de prevención y no de traslados de los presos”, explicó el vocero del MPF.

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