Ficha “sucia” y cero anticorrupción

No hace falta astucia para advertir que el tumor de la corrupción crece lozano en “Trucumán”. Y quienes -todavía- alberguen dudas al respecto pueden echar un vistazo al documento “Hacia un Acuerdo Social Anticorrupción” (disponible en poderciudadano.org): la conclusión irrefutable es que la provincia está en las antípodas de las iniciativas que los especialistas proponen para impedir la expoliación del Estado. El reverso de ese corolario resulta aún más decidor. Por inepcia o conveniencia de la política, la institucionalidad tucumana da lugar a que algunos ciudadanos corruptos puedan ocupar cargos públicos y se sirvan de los bienes de la comunidad. El riesgo de recibir un castigo es irrelevante. Sólo el 0,5% de las denuncias contra funcionarios consiguieron una condena firme durante los 13 años que siguieron a la supresión de la Fiscalía Anticorrupción (2005), según una investigación de LA GACETA y Chequeado.

La escasez de juzgamientos de pesquisas sensibles para los poderosos se corresponde con la pulverización de la mayoría de los organismos de control y la inexistencia de un programa tendiente a garantizar la honradez estatal. Si hasta la palabra “corrupción” ha desaparecido del discurso de las máximas autoridades, quienes parecen exentas del fenómeno. Es, en cualquier especulación, un vacío rebosante de significado.

El silencio impera incluso en los ámbitos cuya legitimidad depende del esclarecimiento de estos casos. Edmundo Jiménez, ministro público fiscal, asumió hace cinco años como cabeza del organismo encargado de representar los intereses de la sociedad en la Justicia mediante la función de acusar, y, que se sepa, jamás brindó una explicación detallada sobre cómo iba a combatir el cáncer que amenaza a la democracia y al sistema republicano. Su propio Ministerio funciona en la oscuridad: no cumple ninguno de los estándares del documento “Hacia un Acuerdo Social Anticorrupción” pese a que algunos son ley vigente.

La sequía de resultados del Ministerio Público Fiscal frente a la corrupción estaría naturalizada. El último síntoma de esa renuncia a la independencia acaeció el 4 de noviembre, cuando estalló el escándalo de supuestos abusos en el manejo del erario en Tafí del Valle. Un príncipe del foro asiduo de Twitter subrayó que era ocioso pedir una reacción que incomodara al oficialismo a aquel cuyo hijo, Reinaldo Jiménez, se desempeña como secretario de Estado de Acción Política del Poder Ejecutivo. Aunque más no fuese por resguardar las apariencias, en los días subsiguientes no hubo atisbos de intentar investigar al intendente tafinisto verborrágico Francisco Caliva: una pasividad parecida había “bendecido” en septiembre el uso del avión oficial para trasladar a la vicegobernadora bonaerense electa, Verónica Magario, y al diputado nacional justicialista Fernando Espinoza. El jefe de los fiscales dio una conferencia periodística el viernes en la que calló sobre Tafí del Valle; reiteró su “preocupación por la inseguridad” y, como si hiciera falta agregar algo más, dijo: “es una provincia chica en donde todos nos conocemos”.

El manejo de los resortes de la investigación penal, en esencia, de sus tiempos, y el déficit de igualdad ante la ley en los Tribunales tornan ineficaz la normativa que prohíbe la postulación a cargos públicos a aquellos ciudadanos con condena penal firme a una pena privativa de la libertad en virtud de un delito doloso. El requisito es tan elevado para las instituciones locales -como lo demuestra el informe de LA GACETA y Chequeado- que en los hechos cualquiera puede candidatearse, sin importar cuántas veces haya sido denunciado. Esta habilitación “amplia” permitió, por mencionar dos casos recientes, a los dirigentes oficialistas Agustín Ruiz, ex funcionario condenado en octubre por la comisión del delito de exacciones ilegales agravadas, y a Bruno Romano, a quien su ex pareja lo acusa de perpetrar actos de violencia de género, ganar sus respectivas concejalías en Las Talitas y Juan Bautista Alberdi, en los comicios del 9 de junio.

Una porción significativa de la dirigencia arrastra procesos urticantes sin que ello conlleve un impedimento para saltar de un cargo a otro o acceder a reelecciones. En ese universo hay víctimas de acusaciones injustas e infundadas, que buscan extorsionar y desprestigiar, pero la impunidad general los asimila a los que sí son culpables. Caen justos por pecadores porque la inacción de la Justicia y, en particular, de los fiscales extiende la sospecha indiscriminadamente. El episodio testigo de ese descontrol ocurrió en marzo pasado, cuando “apareció” bajo un armario del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº5 de esta ciudad el expediente abierto contra 27 legisladores acusados de cobrar coimas en 2002. El listado de involucrados incluye a varios de los protagonistas actuales de la vida pública de la provincia (los curiosos pueden chequear esa nómina en la edición de LA GACETA del 8 de abril de 2019). Ni las irregularidades denunciadas hace 17 años ni las irregularidades del trámite aplicado a este proceso fueron dilucidadas.

En el menú local de las candidaturas hay suciedad y contaminación a contramano del movimiento a favor de una ficha de antecedentes judiciales limpia, uno de los reclamos sociales más lógicos para alentar los liderazgos políticos decentes. El Brasil de Lula incorporó aquel requisito a la normativa electoral en 2010. En Tucumán, una ley que rebaje la exigencia de la condena firme a una resolución de elevación a juicio podría higienizar el escenario: es un filtro que, por ejemplo, no superan ni el edil talitense con licencia indefinida Ruiz ni el ex intendente tafinisto y legislador oficialista Jorge Yapura Astorga, a quien cuatro jueces consideraron en condiciones de rendir cuentas por un supuesto enriquecimiento ilícito (el caso subió a la Corte Suprema hace casi un año). Esta medida anticorrupción desde luego luce quimérica en una jurisdicción que no controla de dónde salen los fondos para hacer campaña, y que carece de normas básicas de ética y de acceso a la información públicas. Son circunstancias óptimas para la decadencia de “Cambalache”, donde el que roba reina y el que no roba puede llegar a sentirse un gil.