10 Noviembre 2019
Las deudas sociales en la Argentina se vienen concentrando tras décadas de fracasos acumulados, a la vez que con cada crisis la pobreza estructural y las desigualdades sociales se hacen más hondas. En el actual contexto de estanflación, los hogares de los trabajadores informales y de las clases medias bajas vinculadas al mercado interno, son una vez más los más golpeados. Lamentablemente, también una vez más la infancia que reside en dichos hogares es la población más afectada. Estos problemas, tal como ha señalado el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, se alivian pero no se solucionan con políticas compensatorias de carácter local, mucho menos si dichas políticas no logran una efectiva coordinación en los diferentes niveles estatales: nacional, provincial y municipal.
Recientemente, el documento del ODSA-UCA “Derecho a un hábitat digno en la infancia” presentó indicadores en materia de infraestructura social, sobre la situación que atraviesan los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años en los principales centros urbanos del país, incluido el Gran Tucumán. En el caso de este aglomerado urbano, la muestra comprende hogares de los municipios de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Yerba Buena y Las Talitas. El tema cabe aclararlo debido a que en una reciente columna publicada por este mismo diario los datos del informe fueron mal interpretados como de alcance provincial, así como referidos al conjunto de los tucumanos, cuando los datos presentados referían sólo a la infancia. Un diagnóstico más certero sobre la problemática analizada debe contemplar una lectura más precisa sobre los problemas que afectan a los hogares que habitan esta extendida área urbana.
En el Gran San Miguel de Tucumán, el 23,6% de los hogares vive en situación de pobreza, el 2,9% en la indigencia y el 7,9% se encuentran afectados por inseguridad alimentaria severa. Asimismo, en materia de infraestructura social se registra que el 17,5% de los hogares habitan en viviendas precarias y el 12,7% vive en condiciones de hacinamiento. El 33,9% de los hogares no cuenta con conexión a la red cloacal y el 46,6% no tiene acceso a la red de gas natural. Con respecto a los servicios municipales, el 28,6% no cuenta con calles pavimentadas, el 7,5% de los hogares señala no tener servicio de recolección de residuos. Además, el 73,1 % de los hogares asegura no contar con vigilancia policial, un 44,3% de los hogares reconoce la presencia de basurales en su barrio y el 29,5% de los hogares se encuentra cerca de agentes contaminantes.
Datos sin duda alarmantes, sin embargo, cuando se comparan los datos del Gran Tucumán con los de los otros aglomerados, observamos que no es el que tenga el mayor déficit social del país. En términos comparados, en materia de pobreza, los indicadores del Gran Tucumán (23,6%) se encuentran por debajo del Conurbano Bonaerense (30,7%) o Gran San Juan (32,8%) y similar a otros aglomerados como Gran Mendoza (24,4%) y Gran Rosario (21,1%). En el mismo sentido, los niveles de indigencia de Tucumán (2,9%) son similares e incluso menores que los de otros aglomerados: Conurbano Bonaerense (5,9%), Gran San Juan (4,5%), Gran Mendoza (3,6%) o Gran Rosario (3,4%).
En materia de infraestructura social, la tasa de hogares que habitan viviendas precarias en el Gran Tucumán (17,5%) es menor a la del Conurbano Bonaerense (18,3%) o Gran Rosario (24,1%) aunque mayor que la de Gran San Juan (5,6%) o Ciudad de Buenos Aires (2,5%). Con respecto a los hogares que viven en condiciones de hacinamiento, los indicadores de Tucumán (12,7%) también son sólo algo mayores a los del Conurbano Bonaerense (10,5%) y Gran San Juan (10,6%) y Gran Rosario (7,3%). También son equivalentes los índices de calles sin pavimentar, donde el Gran Tucumán (28,6%) presenta una mejor situación que el Conurbano Bonaerense (31,5%) y Resistencia (50,3%) aunque, presumiblemente, peor que Gran Córdoba (12,7%) y CABA (0,9%). Cuando se trata de servicios públicos, la cantidad de hogares sin conexión a la red cloacal en el Gran Tucumán (33,9%) es menor que la del Conurbano Bonaerense (48,9%), Córdoba (47,5%) y San Juan (50,3%) aunque, por supuesto, mayor que la de CABA (0,5%). En materia ambiental, en términos comparados, el 34,3% de los hogares en el Gran Tucumán registra la presencia de basurales o agentes contaminantes cerca de su vivienda, mientras que en otros aglomerados este indicador ronda el 25,0%. Un déficit socio-ambiental que atraviesa, aunque de diferente manera, al conjunto de los municipios que forman el jardín de la República y sus alrededores.
Superar las deudas y desigualdades que sufre nuestro país no necesita de relatos triunfalistas ni de análisis sesgados o fatalistas que supongan una condena, en uno u otro sentido, sino de políticas públicas basadas en diagnósticos certeros y en acuerdos políticos y sociales estratégicos de impacto redistributivo. En este sentido, el hecho de que el Gran Tucumán comprenda -al menos- cinco municipios requiere el esfuerzo adicional de la articulación entre el gobierno provincial y los gobiernos locales de diferentes signos partidarios que coordinen políticas de Estado tanto para las situaciones de emergencia como para las nuevas generaciones. Para tal efecto, debería entrar en escena un innovador diálogo económico, político y social todavía ausente, para el cual el campo académico-científico debe prestar activa colaboración.
N. DE LA REDACCIÓN. Hay dos dimensiones que distinguir. Las precisiones técnicas sobre los índices que elabora la UCA están referidas al informe de esa institución. La nota "Confirmado: al peor gestión del país" (2/11), de Federico Türpe, es una columna de opinión que toma datos de ese informe para analizar la administración política de Tucumán. Entonces, la UCA apunta a la rigurosidad estadística, mientras que el periodismo reivindica la legitimidad de la interpretación. Los aportes de los autores ajustan los alcances de su estudio,pero no modifican el cuadro de situación que describe Türpe, ni tampoco invalidan su crítica periodística.
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