La duda esencial

La Universidad Nacional de Tucumán se debate entre la lenidad de la declaración de principios al rechazar el acuerdo minero firmado en Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) el 3 de octubre y la esperanza de que algún día lejano la Justicia pueda resolver los desaguisados armados con su participación en el negocio minero. Lo cual es casi imposible: lo más probable es que, si algo se resuelve, por ejemplo, en el juicio contra el ex rector Juan Cerisola y tres ex funcionarios por irregularidades con las regalías mineras, se trate de la situación de los cuatro acusados. Probablemente no vayan a cambiar el sistema de trabajo de la UNT en este asunto ni las consecuencias de las decisiones (equivocadas o no, legales o no) tomadas en los 25 años pasados desde que se firmó el acuerdo minero con la Alumbrera, en 1994.

YMAD es una empresa formada por la Ley 14.771, a partir del legado de Abel Peirano, que descubrió el yacimiento Farallón Negro y dejó los derechos de explotación minera a la Nación, la provincia de Catamarca y la UNT. En consecuencia, la empresa tiene cinco directores: Luis de Miguel (la Nación), Ángel Mercado y Justo Daniel Barros (Catamarca) y Alfredo Grau y Domingo Marchese (UNT). YMAD firmó su acuerdo en 1994 con Minera Alumbrera y entre 2003 y 2014 llegó dinero de las regalías por la producción minera del yacimiento Bajo la Alumbrera. Los fondos que corresponden a la UNT tuvieron como destino exclusivo (determinado por el mismo Peirano) terminar la Ciudad Universitaria. El ex rector Juan Cerisola logró decretar el fin de la obra de la Ciudad Universitaria en 2008 con un programa de construcciones en predios de la UNT y a partir de ese año los fondos que llegaron fueron de libre disponibilidad. Cerisola y sus tres ex funcionarios han sido llevados a juicio por el uso supuestamente irregular de esos fondos, por el manejo de las colocaciones en plazos fijos y por presuntos sobreprecios en las obras. El juicio acaso se lleve a cabo antes de julio próximo.

Darse cuenta

El Consejo Superior, que es el órgano que debe decidir sobre los bienes de la Universidad, se dio cuenta en 2014 de que en 2008 se había firmado en YMAD esa acta que cambiaba el destino de las regalías, después de que el ex director por la UNT en el ente minero Florencio Aceñolaza revelara que la Universidad se había perdido de ganar 500 millones de pesos en este concepto. El Consejo Superior declaró nula el acta y luego pidió a la Justicia Federal que la anule. Ese trámite lleva los tiempos de la Justicia, por lo tanto, por ahora, el acta de 2008 sigue vigente en YMAD, 11 años después. La Justicia es lerda. No es la solución a los problemas; acaso repara algunos.

Mientras tanto, al terminarse el yacimiento de Bajo la Alumbrera, la minera primero empezó el cierre de mina y luego buscó otros caminos para seguir el negocio, con el proyecto de la explotación subterránea primero y luego con el anuncio de la futura explotación del yacimiento de Agua Rica, ubicado a unos 30 km arriba de Andalgalá. Ese anuncio se hizo formal con la visita de las empresas mineras Yamana, Glencore y Newmont al presidente Mauricio Macri en abril pasado. Previamente, se había modificado el acuerdo de YMAD con la minera en 2014, de lo cual el Consejo Superior se enteró en 2019. El 24 de abril pasado se hizo un Memorándum de Entendimiento para empezar las negociaciones para el emprendimiento y el 3 de octubre se aceptó la oferta de las mineras, en un acta con firmas de los directores de la Nación y Catamarca, sin la presencia de los de la UNT, que se mantuvieron prescindentes al costado, según dijo Marchese, por orden del rector José García, ante la imposibilidad de que el Consejo Superior tratara el tema.

Discusión difícil

Por qué no se llevó el asunto al Consejo Superior entre abril y septiembre es un misterio que puede ser una bomba judicial. Marchese dice que era difícil que se discutiera en el ámbito del Consejo. ¿Miedo a las tensiones de la democracia o a las presiones de los distintos grupos ideologizados y partidarios? Eso lo sabían los decanos y muchos consejeros que fueron informados, más mal que bien, de las complejidades de la negociación minera. Aunque en las sesiones se ha reclamado que la información aportada por los directores de la UNT era incompleta, ya que no se les había entregado en tiempo y forma los documentos importantes (que se iban modificando en las negociaciones, según Marchese), lo cierto es que los plazos se les vencieron y la locomotora minera fue adelante sin ellos. Marchese no pudo decir por qué ellos no se opusieron en la reunión de YMAD. Apenas dijo que recibieron la orden del rector de no presentarse.

En realidad, hay una gran distancia entre lo que se discutió en las sesiones del Consejo Superior y lo que aparentemente se hablaba entre las bambalinas de las reuniones de directores con decanos y consejeros. A tal punto que Marchese dice que creía que el Consejo Superior iba a aprobar el acuerdo minero. En las sesiones del Consejo se han expuesto temores profundos sobre la dificultad para hacer control ambiental (el tema se trató en medio de reclamos de estudiantes y organizaciones ambientalistas, así como de las comunidades aborígenes y de Andalgalá) y sobre el derecho a la salud social, planteado principalmente por el decano de Medicina, Mateo Martínez. También hubo temores por el negocio económico, expuestos por la decana de Derecho, Adela Seguí, quien además de criticar la forma de actuar de las mineras y de hablar de “saqueo” en perjuicio de YMAD, expresó que acaso el acuerdo sea cuestionable jurídicamente. No obstante, los mismos directores de la UNT en YMAD están de acuerdo, les parece ventajoso para la Universidad y además dice Marchese que las empresas mineras se comprometen a cuidar el ambiente mediante estándares internacionales.

Alea jacta est

Ya todos los consejeros deben tener el acta firmada y sus anexos. ¿Cómo pudo ocurrir que no haya sido posible debatir con un estudio profundo todo esto antes del 3 de octubre? Aunque se ha planteado discutir la responsabilidad de los dos directores de la UNT, no se ha hallado un responsable directo de esta situación, que se parece mucho a la de la firma del acta de 2008. Tarde se descubre que se está ante hechos consumados. Y esto ocurre en la cabeza pensante de la Universidad, donde están no sólo todas las voces, sino donde deberían estar, presentes o asesorando, los mejores intelectos de la sociedad. Para eso la universidad es formadora de esos intelectos.

La comisión que se ha de constituir para estudiar tanto el tema minero como las responsabilidades acaso pueda determinar si, como dice Marchese, es un buen negocio para la UNT o si se trata de un saqueo y de un riesgo ambiental. ¿Habrá planteos jurídicos, como los del acta de 2008, cuyo final es incierto? Los otros directores de YMAD dicen que la propuesta minera aprobada es la mejor de las alternativas con que se cuenta, que la empresa interestadual está “en el peldaño anterior a la nada” y que el convenio tiene estrictas cláusulas de transparencia y anticorrupción. En el acta se menciona que la UNT acompañó favorablemente las negociaciones y que dio su acuerdo para finalizarlas. Se critica, eso sí, indirectamente, a los directores de la UNT por “huir a hurtadillas del campo de las decisiones”.

¿Dónde está el culpable?

¿A qué se debe esa huida? A un problema de constitución de la UNT. Las decisiones sobre los bienes deben ser tomadas por el Consejo Superior, pero eso no significa nada para YMAD, según lo acaba de contar Marchese, que dice que los otros directores “entienden que de acuerdo con la ley de creación de YMAD nosotros no necesitamos autorización del Consejo Superior, que esa es una decisión interna de la UNT”. O sea, Marchese y Grau (y posiblemente el rector y el vicerrector, Sergio Pagani) han navegado permanentemente en la duda, sin animarse a enfrentar al Consejo Superior, negado por YMAD, hasta llegar a la huída a hurtadillas del campo de las decisiones.

YMAD no es una empresa privada como las mineras. Hace negocios con ellas, pero esta empresa tiene directores del Estado (De Miguel, Barros y Mercado) y de ese miniestado que es la Universidad. Tienen obligaciones frente a la sociedad porque es al Estado a quien se le reclama proteger a la sociedad, defender el ambiente y cuidar la plata de los ciudadanos. La UNT parece sentir mucho más cercana esa obligación, y así se expresa en la resolución de rechazo, cuando establece que “debe velar por el derecho a un medio ambiente sano de toda la población, así como está obligada a no participar en la causación de daños y a tener una actitud proactiva en la prevención de cualquier afectación al medio ambiente y la salud pública entendidos en el más amplio sentido”.

La Nación y Catamarca, interesadas en el negocio minero, no parecen tener esos pruritos o, en todo caso, ven la problemática de otro modo, sin las dudas éticas sobre su esencia que dominan a la UNT, que al mismo tiempo que cree que el negocio minero es beneficioso plantea que es un saqueo y se pregunta si no debería salir de él. Es una contradicción profunda, ontológica.