06 Noviembre 2019
El crimen del rondín Ramón Herrera, ocurrido en una finca de limones de Los Nogales hace poco más de una semana, movilizó al sector productivo de la provincia. Fue el segundo homicidio que se registró en octubre en contra de personas vinculadas al campo. Respecto del más grave de una serie de hechos que se vienen registrando en los últimos tiempos, dirigentes de la Sociedad Rural de Tucumán presentaron al Gobierno un listado con 10 delitos frecuentes.
El presidente de la entidad Sebastián Murga se presentó en la Casa de Gobierno y amplió la perspectiva de su planteo. “No queremos que esto quede como un reclamo sectorial: venimos a plantear que a la inseguridad la venimos sufriendo todos los tucumanos”, explicó antes de reunirse con el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Fernández, y con el titular de la cartera de Seguridad, Claudio Maley. “Tampoco venimos a quejarnos, sino a ponernos a disposición de los autoridades para buscar soluciones. No hay nada más efectivo que contarles nuestras propias experiencias para que la fuerza policial pueda actuar”, agregó.
Hubo otras voces de protesta. Los directivos de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del NOA (Apronor), a través de un comunicado expresaron: “Imploramos al Gobierno provincial que, de una vez por todas, haga lo que tenga que hacer para frenar la ola de delincuencia. Lo que estamos viviendo es aberrante y genera mucha impotencia y tristeza”. Los trabajadores también se mostraron espantados por la situación que viven. “Actualmente, firmar un contrato de trabajo en el campo es como firmar un certificado de defunción. Las cosas se están poniendo cada vez peor”, hizo hincapié el dirigente de Uatre, Ramón Ayala.
Sin embargo, a la respuesta que recibieron ya la habían escuchado antes; y, como viene pasando en los últimos encuentros, no dejó conformes a las entidades. Se retiraron del palacio gubernamental con la promesa de que se dotará con más recursos a la División de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía cuando tengan presupuesto para hacerlo.
Ese cuerpo de la fuerza fue creado durante la gobernación de Ramón Ortega. El proyecto inicial consistía en crear un grupo especialmente preparado para luchar contra los delitos rurales, que ya se encontraban en franco ascenso, y perseguir a los que atentaban contra los recursos naturales de la provincia. Han pasado más de 20 años y la división sigue sin poder cumplir con la misión que se le designó. Actualmente cuenta con 120 hombres y cinco camionetas para prevenir e investigar los hechos de inseguridad; detectar la tala indiscriminada de árboles, custodiar las áreas protegidas y luchar en contra de la caza y de la pesca ilegal.
El reclamo de los productores no solo es justo, sino que se suma a los repetidos y permanente planteos que formula gran parte de una sociedad que clama por vivir sin miedo y con tranquilidad. El Estado debe poner particular atención a las solicitudes del sector productivo, ya que es uno de los principales motores de la economía de la provincia. Si no lo hace, desalentará nuevos proyectos y difícilmente se producirán nuevas inversiones, por lo que será complicado que la provincia cuente con más recursos para cumplir con su promesa de equipar a la fuerza.
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