Manzur privilegió a los ministerios públicos al designar magistrados

El gobernador Juan Manzur resolvió siete de las 11 ternas que tenía a su disposición: cuatro de esos nombramientos ajustados al mecanismo constitucional beneficiaron a funcionarios de los ministerios públicos de la Defensa y Fiscal que respectivamente encabezan Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila. Esa tendencia se verifica en los ascensos otorgados a dos auxiliares de fiscal, Raúl Armando Cardozo y Claudio Hernán Aybar; a José Augusto Zapata, secretario de la Fiscalía de Instrucción Nº3 de la capital, y a Julio Daniel Jorge Plaza, auxiliar de defensor.

El titular del Poder Ejecutivo además eligió a un secretario de la Cámara Penal de Concepción, Juan Fernando Saracho Daza, y a los abogados Ezio Jogna Prat y Ana María Mena de Bulacio. Por último, Manzur volvió a nombrar jueces interinos: ejercerán esa función transitoriamente las funcionarias judiciales Soledad Monteros y Cristina Hurtado. Todas las designaciones deben ser controladas y votadas en la Legislatura.

Aybar y Cardozo pasarán de trabajar en la acusación a controlarla: el primero en la Cámara Penal de Concepción (hoy Colegio de Jueces) y el segundo en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº4 de la capital. Zapata se hará cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 10 mientras que Plaza se pondrá al frente de la Defensoría Nº1, ambos cargos en la capital. Saracho Daza se sumará al Colegio de Concepción mientras que Jogna Prat y Mena de Bulacio se desempeñarán en los Tribunales de esta ciudad respectivamente como jueces del Trabajo. Hurtado será jueza subrogante en lo Civil y Comercial Nº5 mientras que Monteros irá, también con la condición de interina, al Juzgado en Documentos y Locaciones Nº3.

Además de la propensión por los funcionarios del Ministerio Público, las designaciones que Manzur firmó ayer exhiben una preferencia por postulantes que cerraban las ternas por haber obtenido los puntajes menores en el concurso. Esa orientación quedó reflejada en las designaciones de Cardozo, Plaza, Saracho Daza, Aybar y Jogna Prat. En el primer caso, el gobernador descartó a los concursantes Guillermo Puig y Gonzalo Ascárate; en el segundo, a Fanny Siriani e Isolina María Apás Pérez de Nucci; en el tercero, a María Raquel Ferreyra Asís y a María Valeria Mibelli; en el cuarto, a Carolina Epelbaum y a Jorge Carrasco, y en el cuarto, a Miguel Enrique Fernández Corona y a Constanza Romero. Manzur nombró a una ganadora de los procesos de preselección públicos de antecedentes y de oposición sustanciados por el Consejo Asesor de la Magistratura, Mena de Bulacio (integraban su terceto Romero y María Carmen López Domínguez), mientras que Zapata era segundo (encabezaba su propuesta Guillermo Taylor y la cerraba Gerardo Nicolás Salas).

La ley autoriza al Gobierno a elegir a cualquiera de los ternados. El titular del Poder Ejecutivo incluso puede descartar sistemáticamente postulantes sin motivar su decisión. Este criterio fue avalado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en 2011 al resolver el juicio que planteó Carlos López, candidato a la magistratura vetado de manera recurrente.

Manzur también desechó a quienes lideraban las nóminas para los juzgados cubiertos de manera precaria, es decir, sin la estabilidad que es una de las garantías constitucionales de la independencia. Con 81,4 puntos, Hurtado estaba en el tercer puesto en la lista de 11 nombres para juez subrogante en lo Civil y Comercial -Carlos Raúl Rivas (83,05) y Fernando García Hamilton (82,25) ocupaban el primer y el segundo lugar-. El listado de postulantes a juez subrogante Nº3 en Documentos y Locaciones incluía 17 nombres. El gobernador se inclinó por Monteros, que estaba en el sexto puesto con 81,6 puntos -encabezaba la lista Pedro Cagna (97 puntos) seguido de Ezequiel Stordeur de Zavalía (92,2); de María Isabel Nieva Conejos (85); de Myriam Inés Costilla (83,5) y de María Elina Nazar (83,1)-.

“Continuamos con la política de cobertura de vacantes y vamos a tratar de llegar al final del mandato con cero ternas pendientes. Es un avance importante para mejorar la administración de Justicia y descomprimir las oficinas, que son atendidas hoy por magistrados que hacen doble tarea”, opinó ayer Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia.

El funcionario expresó que en el Poder Ejecutivo había cuatro tercetos pendientes de definición, entre ellos las ternas estratégicas para el Tribunal de Impugnación de Concepción, estrado que tendrá que revisar las decisiones del Colegio de Jueces. Integran la primera de esas propuestas los aspirantes Mariano Eduardo Fernández, Carrasco y Paul Hofer; Edgardo Sánchez, Carrasco y Carlos Díaz Lannes componen la segunda mientras que Sánchez, Carrasco y Díaz Lannes están en la tercera. Además, el Gobierno está en condiciones de definir el Juzgado Correccional Nº2 de la capital: aspiran a ese cargo Apás Pérez de Nucci, Mibelli y Carlos Sebastián Pais.

El Gobierno volvió a guardar silencio respecto de la Justicia de Paz, que tiene más de un tercio de los despachos acéfalos debido a que el último nombramiento data de 2013. En este ámbito la designación depende de una decisión discrecional del jefe del Poder Ejecutivo.