La siniestra fiaca judicial

07 Oct 2019 Por Irene Benito

No importa cuántos reproches reciba el desempeño de un juez ordinario o de Paz; de un fiscal y de un defensor oficial, y de sus sucedáneos precarios -subrogantes y auxiliares-: el ejercicio incorrecto de la magistratura goza de protección infinita en el ex Jardín de la República. El caso de Roberto Guyot, único juez de Ejecución Penal de la capital, refleja la vigencia de ese desprestigio paradigmático. Se trata de un magistrado avalado por la mayoría justicialista de la comisión de Juicio Político de la Legislatura y, por lo tanto, firme en el cargo, que, como él mismo narró en una entrevista, vive para enfrentar objeciones de las partes y de sus colaboradores; sumarios y denuncias penales. Guyot, ex director del Servicio Penitenciario durante las gestiones de José Alperovich y de Juan Manzur, es un ejemplo de cómo el “salvavidas” oficialista puede “anclar” a la Justicia entera en la vituperación.

La paradoja es que el juez reclama las garantías y los derechos humanos que no tuvo Sebastián Medina, el preso asesinado el 22 de noviembre de 2017 tras denunciar la venta de droga en Villa Urquiza. Guyot y Víctor Taleb, abogado curtido en la defensa de Ángel “El Mono” Ale, recordaron que el comité a cargo del legislador justicialista Zacarías Khoder había descartado en mayo de 2018 la posibilidad de que la tragedia de Medina desembocara en una destitución. En teoría la expulsión está bloqueada por el non bis in idem, principio constitucional que prohíbe perseguir y juzgar dos veces por los mismos hechos. El problema es que el homicidio de Medina está lejos de ser un caso cerrado. Casi dos años después no hay certezas sobre la conexión de los guardias con el comercio de estupefacientes en la cárcel que denunciaron el interno y su compañero sobreviviente José Alejandro Torres Sosa; ni sobre la cadena de responsabilidades que derivó en la cacería de Medina. Aunque dispone de un fallo a favor, técnicamente Guyot aún podría ser sometido a una investigación en la sede judicial penal: la decisión depende de la Cámara de Apelaciones.

Sólo se sabe -desde el mes pasado- que Guyot prestó un “servicio deficiente de justicia” durante el patíbulo del interno que debía tutelar: lo determinó Fabián Fradejas, el camarista penal que asumió en febrero la instrucción de la investigación interna abierta por la Corte en diciembre de 2017. Fradejas desarrolló la pesquisa a sabiendas de que el juez había sido bancado por la Legislatura y de hecho explicitó que ese visto bueno no era óbice para esclarecer las sospechas que habían motivado el sumario.

¿Qué hará la Corte con los cargos que formuló el instructor? Las faltas atribuidas a Guyot son semejantes a las asignadas a los ex fiscales Carlos Albaca y Guillermo Herrera, quienes respectivamente en 2014 y 2015 terminaron yéndose con la jubilación con el beneficio del 82% móvil -por cierto, ninguno de los dos enfrentó todavía el juicio oral-. No es una opción para Guyot. “¿Renunciar por qué?”, interrogó el juez, quien anunció que su decisión de “atornillarse” va de la mano de la de “exponer una verdad que permanece oculta”. No es cierto que el Quijote haya dicho “cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras”, pero lo nunca escrito por Cervantes (la cita procede del Romancero del Cid) encaja de perillas en “Trucumán”.

Los hallazgos de Fradejas han desdibujado -más- al organismo legislativo de control de la magistratura. En ese ámbito arguyen que su decisión no puede depender del plazo amplio que la Corte se toma para practicar los sumarios y sugieren que las pruebas nuevas podrían voltear el non bis in idem. Unos por rápidos y otros por lentos han dado a luz una contradicción que seca el alma del sistema republicano: la población -y, en especial, el subconjunto de los presos, muchos de los cuales gozan de la presunción de inocencia- están a merced de un juez cuya pericia quedó severamente en cuestión y que en su crisis arrastra a la institucionalidad de la provincia.

El repiqueteo de los affaires de Guyot parece desbordar al alto tribunal, que tiene en su poder desde agosto una auditoría que confirma el desastre. El propio auditado está al tanto de esa fiscalización infartante, pero para él sería otro ataque más sin fundamento. Al juez “no le entran las balas”: en junio, los vocales cimeros lo habían expuesto por abandonar su oficina, medida inusual que, sin embargo, parece ínfima al lado de los incumplimientos detectados.

El remedio de insistir en general con el presentismo mínimo de cinco horas diarias empeoraría el descrédito. Los magistrados íntegros se sienten ofendidos por la Corte mientras que los abúlicos y venales pasan inadvertidos. “No importa el compromiso que pongamos, todos somos Guyot”, protestó un camarista dedicado que desde el miércoles aguarda que la Asociación de Magistrados de Tucumán a cargo de Marcela Ruiz separe las aguas. Está visto que el “dar a cada uno lo suyo” no empieza por casa. La corporación ni siquiera pudo pedir la individualización de sus integrantes que cobran sueldazos en forma vitalicia; tienen 45 días anuales de vacaciones más feriados e inhábiles, y jubilación privilegiada, y están exentos de ganancias si ingresaron antes de 2017 y, pese a ello, no concurren 20 horas semanales a sus despachos.

El aplastamiento es grande en los Tribunales porque nadie le coloca “el cascabel al gato”: pedir a los secretarios que retiren la cobertura a sus jefes suena irrazonable, máxime después de que el presidente Daniel Posse afirmara que “los jueces son dueños de sus juzgados” y en un contexto de blindaje ilimitado para los infractores. No obstante las solicitudes del Colegio de Abogados y los compromisos asumidos, la Corte mantiene el candado sobre las estadísticas y las auditorías, que son los parámetros objetivos para determinar el rendimiento. Un príncipe del foro observa que, lejos del Indec, las autoridades judiciales sólo acostumbran divulgar los números que los benefician. Ese proceder alienta la fiaca y la “planchita”. Como razonaba un funcionario, también se puede ir a la oficina de 8 a 13 y matar el tiempo con el celular. Más complejo que pasar lista es controlar el buen desempeño y depurar, pero empeñarse en pasar lista ofrece una medida precisa de dónde está parados los Tribunales.

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