El conflicto del transporte público, otra vez en puerta

El conflicto del transporte público, otra vez en puerta

Por lo menos una o dos veces al año provocaba el malhumor de los tucumanos, especialmente en los últimos años, pero desde fines de 2018 el transporte público de pasajeros se ha convertido en un problema significativo para los usuarios. Las quejas por los esquivos subsidios y los pedidos de incremento del boleto, como consecuencia de la crisis económica, los paros de los choferes vienen alterando la vida de los comprovincianos.

La Asociación de Empresas de Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) decidió en estos días modificar la frecuencia de los ómnibus fuera de los horarios pico, como un modo de racionalizar el combustible, razón por la cual los pasajeros tendrán un mayor tiempo de espera.

Uno de sus directivos declaró que el tiempo de espera de seis minutos, entre un coche y otro, pasó a 10 minutos. “Se redujeron las frecuencias en pos de racionalizar el combustible por la reducción de cupos y por el valor, ya que lo liberó a los precios mayoristas. Hacemos esto para garantizar el servicio. La reducción es de un 15% y dentro de los horarios no pico”, dijo. Pocos días atrás Aetat había pedido al Concejo Deliberante de la capital una nueva tarifa porque el último aumento del boleto de $19,30 a $24) fue absorbido por la inflación causada por la devaluación del peso.

Por otro lado, la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros le pidió al Gobierno nacional que parte de lo recaudado por el Impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono volviera a tener “justicia y equidad distributiva”. Esa central argumentó que luego del traslado de los subsidios nacionales del sector a las provincias, cada vez que alguien carga combustible en un surtidor se le cobra un impuesto que antes era distribuido al transporte de todo el país como subsidios nacionales y desde enero esos fondos solo se destinan a las empresas porteñas.

Respecto de la modificación de la frecuencia horaria, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán advirtió que podría multar a Aetat porque cualquier medida de esa naturaleza debe ser autorizada por el Ejecutivo Municipal, de modo que los empresarios están en falta.

En estos nueve meses, el conflicto ha recrudecido por acusaciones entre la Nación, la Provincia y los empresarios sobre el subsidio que se otorgaba al sector y que producido su traspaso a esta última, comenzaron a producirse discontinuidades. Esta controversia se agravó por medidas de fuerza salariales de los choferes que dejaron a los usuarios sin transporte varios días. En esa compulsa se involucró también a la Municipalidad que es la que debe fijar el precio del boleto en el ámbito capitalino. Cada parte ha esgrimido sus propias verdades. Se habló de un estudio de costos que habría hecho la UNT a pedido de Aetat para justificar la suba de la tarifa. Sin embargo, todas las partes han sido incapaces de sentarse para dirimir las diferencias y principalmente para que haya un sinceramiento. Si realmente hay una inequidad manifiesta en la distribución de los dineros por parte de la Nación, en beneficio de Buenos Aires, ¿qué esperan las autoridades para ocuparse con seriedad del tema? La guerra de recriminaciones nunca ha solucionado nada. Solo con el diálogo se puede llegar a buen puerto y evitar que el ciudadano, cuyo salario tampoco ha sido actualizado en relación con la inflación, siga siendo el eterno rehén de este conflicto que amenaza en convertirse en crónico.

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