La “narcodeuda”

En la Legislatura se cocinó la Ley más importante de los últimos tiempos. Después de un paréntesis de cuatro años, la Justicia ordinaria luchará contra el narcomenudeo o el microtráfico de droga. El 13 de agosto, en el programa “Buen día” de LGplay, el vicegobernador había pedido que se la dictara. El jueves pasado, con el rechazo de un solo legislador, la norma se aprobó. O mejor dicho se terminó de arrebatar. Por fuera quedó linda, pero por dentro está tan cruda que muy pocos se atreven a afirmar que algún día se la llegará a comer.

En 2014 la provincia aprobó una ley similar que debería haberse puesto en marcha en marzo de 2015. Pero la Corte Suprema de Justicia le puso un freno porque, como había planteado el ministro Público Fiscal Edmundo Jiménez, no contaban con los recursos necesarios para hacerlo. Los debates por esta norma se abrían cada tanto, o mejor dicho, cada vez que el poder de las redes que manejaban los transas salía a la luz. Dicen que el vicegobernador se cansó, que en cada recorrido que realizaba por la provincia, los vecinos siempre le pedían lo mismo: que acabe con los quioscos de ventas de droga. Otros dieron otra explicación de este apuro: aseguran que por las últimas elecciones los dirigentes tuvieron que pedir permiso a los transas para poder militar políticamente en diferentes lugares de la provincia. El cachetazo de realidad fue estruendoso.

Jaldo estornudó y los parlamentarios (oficialistas y opositores) corrieron a buscar abrigo. El tema se trató en tres comisiones y, con algún que otro retoque, el proyecto de Ley quedó listo en menos de una semana. Pero la iniciativa se amasó en el edificio del lujoso edificio de Muñecas al 900, sin conocer la opinión de algunos de los especialistas en la materia. Al secretario de Lucha contra el Narcotráfico Juan Carlos Driollet lo llamaron a última hora para que diera su opinión. No consultaron con los representantes de la Justicia Federal, que son los encargados de investigar este delito; no convocaron a los miembros de las fuerzas de seguridad que luchan contra los “quioscos” de drogas; no llamaron a los representantes del Ministerio Público Fiscal y tampoco escucharon a los especialistas en adicciones. Un detalle: casi todos los ausentes forman parte de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia y ese podría haber sido el ámbito ideal para que surgiera la base de una futura ley. Esta situación es un indicio del nivel de importancia que le dan a este cuerpo que, indudablemente, ya tiene fecha de vencimiento: 31 de octubre.

Dudas

La rápida sanción de la nueva Ley de Narcomenudeo dejó más dudas que certezas sobre su aplicación. Y lo más grave es que debe entrar en vigencia 1 de enero:

- No está en claro cuándo deberá intervenir la Justicia ordinaria o la Federal. Cuál es el límite que divide el microtráfico o el narcotráfico. Tampoco se avanzó en la coordinación de los dos fueros para que no surjan problemas de competencia.

- En la provincia no hace falta crear una fuerza especial para combatir el narcomenudeo, porque hay cinco cumpliendo esta tarea: Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop); Policía Federal; División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal; Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional. Queda saber si habrá un coordinador de las tareas que realicen o cada uno trabajará por su cuenta, lo que puede generar un verdadero caos en el marco investigativo.

- La norma sancionada por la Legislatura establece el nombramiento de tres fiscales (dos para el ámbito del Centro Judicial Capital y uno para Concepción) y ocho magistrados (tres de instrucción y cinco para dictar sentencias). Por la mora que existe, es muy poco probable que se cubran esos puestos para el 1 de enero. Tampoco sería una buena alternativa que se designen a los ayudantes fiscales por temor a futuras nulidades. Mucho menos, por la cantidad de causas que tienen en su poder, recurrir a las subrogancias con los actuales investigadores y magistrados. Hay más: en el sur se aplicará el nuevo Código, en la capital, se atenderá con el viejo, y en mayo, con el digesto reformado.

- La provincia atraviesa la peor crisis carcelaria de su historia y por eso se declaró la emergencia. Driollet reconoció que hasta agosto se había detenido a 229 personas por narcomenudeo y se supone que con la aplicación de la nueva ley serán muchos más. No existe un Plan B para solucionar este problema.

- Hay temor que con esta norma se persiga a los consumidores porque no se estableció qué cantidad de droga debe considerarse para consumo y para comercialización.

La otra mirada

Hasta aquí la ley tiene un claro espíritu punitivo, es decir, perseguir penalmente a los transas, pero no se dijo ni una palabra de recuperar el territorio que dominan los señores que venden muerte. Las redes de narcomenudeo se han transformado en el Estado en los diferentes barrios de la provincia y no sólo en los marginales. Dan empleo (contratan gente para que oculte, traslade, cuide y venda dosis), asistencia social (pagan remedios, apoyan a los niños para que sigan estudiando y facilitan dinero para que, por ejemplo, compren el cajón de los adictos que se suicidaron) e imponen las normas de convivencia en su dominio (quién vive, dónde y cuándo se puede robar). Encerrarlos es uno de los objetivos que se debe buscar. El otro es quitarles el poder. Y se lo consigue de una sola manera: generando empleo; fortaleciendo la educación y el deporte; brindando asistencia médica y social para que sus habitantes puedan volver a creer que hay un futuro. Si ello no ocurre, la “narcodeuda” seguirá vigente.