Por Guadalupe Norte
11 Septiembre 2019
EN TUCUMÁN. El sistema de salud gasta hasta U$S 4.000 por herido.
Como si fuera una epidemia, cada año los siniestros viales (con y sin víctimas fatales) aumentan a nivel país. Tal es así que los datos recolectados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -en su programa de Estudios sobre Siniestros Viales- arrojan el resultado de 80.000 accidentes anuales.
En Tucumán, este panorama muestra un registro alarmante en la cantidad de víctimas que transitan por los hospitales públicos. Tal es así que- en base a un estudio realizado por el Padilla sobre “Estimación de costos de hospitalización por lesiones asociadas al tránsito”- la asistencia médica (estadía, prótesis, implantes y cirugías) a cada accidentado le cuesta al establecimiento hasta U$S 1.350 por día y alcanzó el monto de U$S 1.063.052 en los primeros seis meses del año.
En paralelo a la consideración de estos siniestros como una cuestión importante en la agenda de Salud Pública, son muchos los damnificados que consideran necesario intensificar los castigos para los conductores responsables. Dicha percepción, ¿puede encauzarse como una herramienta eficaz para disminuir los siniestros?
Para el abogado Patricio Char la solución debe anteceder a la intervención de la Justicia. “Hay ciertas conductas que tratan de prevenirse aumentando penas, pero esto no alcanza. De hecho, hay muchos ejemplos de que la inflación punitiva no es una solución sino que se necesita de cambios políticos, sociales y culturales. Día a día vemos vehículos en mal estado o conductores de motocicletas que no usan casco”.
Además, el letrado alude al importante papel que cumple la conciencia vial. “Todos los ciudadanos somos cómplices. En vez de no beber alcohol cuando se maneja, las personas están más preocupadas en evitar los controles de alcoholemia”, especifica.
Al respecto, su compañero de profesión Guillermo Villalba considera que los castigos son la última instancia a contemplar. “Las políticas de Estado suelen causar mayor efecto en la sociedad al endurecer las penas, pero el objetivo no siempre se logra. Para un verdadero control de los incidentes la solución no pasa primero por el Código Penal, sino por temas como la educación y la prevención”, detalla.
No obstante, existe otra arista a tener en cuenta. “En Tucumán, es común que estos delitos culposos terminen con un sabor amargo para las víctimas. Esto se debe a que hay pocas condenas efectivas y más del 90% de los casos terminan en probation. El pensar que el culpable no cumplirá siquiera un mes o día de privación de la libertad hace que lo perciban como una injusticia”, comenta Villalba.
Reforma nacional
Con el objetivo de prever agravantes para los siniestros vehiculares, en 2017 se realizó una reforma en el Código Penal bajo la ley 27.347. “En estos cambios fue importante el aporte y la lucha de diferentes ONG que trabajaron para reducir el número de víctimas fatales y generar penas efectivas de prisión”, agrega Char.
Acorde al Observatorio Nacional de Seguridad Vial en nuestra provincia los accidentes más frecuentes involucran el consumo de alcohol, la conducción a alta velocidad y el uso de maniobras prohibidas. Sumado a que el 75% de los sucesos tienen por protagonistas a las motos.
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