Urge un gran debate sobre la ley de narcomenudeo

A 14 años de la sanción de la norma nacional que desfederaliza la lucha contra el narcotráfico y propone que las provincias se hagan cargo de las investigaciones por narcomenudeo, la Legislatura se apresta a modificar la norma de adhesión sancionada en 2015. Hoy se reúnen los legisladores para analizar los aportes de distintos sectores de la sociedad al respecto y mañana sesionará la Cámara para sancionar una norma que permita avizorar una salida a un problema complejo e inquietante.

La venta de droga en los barrios -centrada principalmente en los de la periferia de las ciudades- se ha convertido en una actividad ilegal que paulatinamente ha sido adueñándose de la vida cotidiana en muchas barriadas empobrecidas. En cada visita a esos vecindarios abundan los relatos sobre las actividades de “soldaditos” organizando las tareas de adolescentes y niños enfrascados en el reparto de sustancias prohibidas, y la proliferación de “quioscos” de comercialización de estupefacientes en pequeñas dosis. Esto ha dado lugar, por un lado, al incremento geométrico de adictos, víctimas de ese negocio ilegal y, por otra parte, a la transformación el mundo del trabajo y de las expectativas de vida de sus habitantes por un negocio marginal sin futuro para ellos, que resulta sumamente beneficioso para los narcotraficantes, que casi nunca aparecen en escena. Además, en los informes de fiscales y policías se da cuenta constantemente del hallazgo de estupefacientes en los operativos antidelito, ya sea que se trate de allanamientos por robos o secuestros de armas, o en causas por homicidios, siempre se encuentran drogas o elementos vinculados con esto.

El crecimiento de la comercialización de estupefacientes ha crecido de modo imparable en los últimos años. “Se naturaliza la venta de drogas”, dijo un psicólogo social que trabaja en adicciones en los barrios. Allí se han formado “PyMEs de la droga”, al decir de un camarista federal. La Nación, a la vez que incrementó notoriamente el combate al narcotráfico, insistió ante las provincias para que se adhieran a la ley de 2005. Tucumán lo hizo hace cuatro años, pero todo quedó paralizado con una medida judicial planteada por el mismo ministro Fiscal, que argumentó que la Justicia no estaba en condiciones ni había infraestructura adecuada para implementar la norma.

Ahora, al parecer, se van a crear juzgados y fiscalías, se ampliará el presupuesto para este efecto y habrá capacitación permanente para el personal que deba atender estas causas. También se definirá claramente la competencia, es decir cuándo debe intervenir la Justicia ordinaria y cuándo la Federal, asunto arduo: “es difícil dividir un delito”, dijo el ministro fiscal.

Convendría estudiar claramente cómo ha resultado la experiencia de las provincias que se adhirieron a la norma nacional; es decir, cómo hicieron con la infraestructura, con el choque de competencias y con el incremento de tareas de los organismos provinciales. Y de eso, analizar los resultados obtenidos. Asimismo, estudiar qué ocurrió con la Justicia Federal, que durante años padeció de falta de jueces, infraestructura y personal: ¿logró, ya descomprimida de trabajo, la captura y condena de grandes narcos? No parece que se trate de un debate que se pueda resolver sólo en una reunión de un día. Pero es un debate urgente y necesario. Bienvenido sea.