La prolongada huelga de los choferes de ómnibus

El paro, impulsado por la Unión Tranviarios Automotor que afectó a miles de trabajadores tucumanos y ocasionó perjuicios a la actividad privada y al comercio, en particular, fue finalmente levantado anoche. Desde el sábado pasado, no circulaban las unidades de las 70 empresas de transporte público que brindan servicio a nivel urbano e interurbano. Pero el levantamiento durará poco porque mañana habrá una nueva medida de fuerza a nivel nacional por 24 horas.

Directivos de Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán habían argumentado que no podían hacer frente al pago de los salarios en una sola vez, como reclamaban los conductores. Habían solicitado al Concejo Deliberante el incremento del boleto de $19.30 a $37,85 y le pidieron ayuda al Gobierno provincial que aporta mensualmente $130 millones para subsidiar el servicio.

El gobernador había dicho ayer que ese pago se encuentra al día, pero no podía adelantar el dinero a las empresas por carecer de presupuesto y responsabilizó por la actual situación al Poder Ejecutivo Nacional porque más del 90% del subsidio al transporte público se queda en Buenos Aires.

El ministro de Transporte de la Nación sostuvo que el Gobierno provincial era el responsable del paro, por lo tanto era el que debía brindar una solución por tener bajo su responsabilidad el transporte público de pasajeros.

Un funcionario nacional del Plan Belgrano había afirmado que los pagos estaban paralizados desde abril, por improlijidades en la rendición de envíos anteriores. Acotó que no cuadraban algunas cifras y que no se respetaban las exigencias para aprobar esas rendiciones.

Un sindicalista había aseverado que iban a mantener la medida hasta que no tuviesen una oferta superadora de los empresarios. “¿Qué hacemos nosotros, salimos a prestar servicio sin cobrar? Desde Aetat nos dicen que somos intransigentes porque no queremos cobrar como ellos quieren. Entendemos el enojo de la gente, ¿pero quién nos entiende a nosotros? Trabajamos como cualquier persona y vivimos de un sueldo”, había señalado.

El comercio fue uno de los sectores más perjudicados; ello cual se reflejó en la merma considerable de las ventas. Según el responsable de la Cámara de Comercio, la medida los afectó en casi en un 80% o 90% y dijo que si bien algunos comerciantes podían hacerse cargo de la movilidad de sus empleados, el consumidor o el público no podía llegar a los comercios.

Lo cierto es que ninguna de las partes intervinientes (empresarios y gobiernos) se hizo responsable de esta situación; cada uno pateó la pelota hacia el campo del otro, sin que la trama de fondo fuese revelada. Por ejemplo, nada dijeron los empresarios o la Provincia acerca de las irregularidades en la rendición de cuentas que estarían demorando desde hace tres meses la llegada del subsidio nacional. La realidad muestra que algún sector no ha dicho totalmente la verdad en este asunto, que se viene repitiendo desde el año pasado.

Como ocurre a menudo en estos conflictos, el ciudadano que mantiene con su bolsillo este servicio público, es el principal perjudicado. ¿Quién lo defiende? No puede ser que cada sector tenga “su verdad” y nadie sea en consecuencia responsable. Es necesario que haya un sinceramiento, así como la voluntad necesaria para solucionar definitivamente este asunto, de manera que no vuelva a repetirse.