No es el acople, son los partidos…

09 Jun 2019 Por Juan Manuel Asis

Hoy se desarrollará una suerte de guerra en Tucumán, por medios democráticos y con armas electorales. El ganador conquistará el poder, o lo retendrá. Una rara inversión del concepto del prusiano Carl von Clausewitz, quien sentenció que la guerra es la continuación de la política por otros medios. En 1992, en otra batalla electoral, Bill Clinton inmortalizó es la economía, estúpido. Fue en la pelea que le ganó a George Bush (padre), abriendo las puertas a la imaginación de la clase política. Algunos la acomodaron a sus necesidades y llegaron a decir, por ejemplo: no es la economía, es la política, estúpido. Siempre el adjetivo despectivo detrás para reforzar la idea, de imprescindible presencia para que la afirmación gane en contundencia.

El discurso es trasladable al presente tucumano a partir del sistema de acoples, que hoy mostrará su peor cara: el desborde de boletas en cualquier cuarto oscuro. Vale, entonces, parafrasear al licencioso Bill pero sin llegar al agravio: no es el acople, son los partidos... ¿Acaso el acople no tiene culpa? Afirmar esto, justamente en esta jornada de votación, no parece razonable, menos cuando el esquema de colectoras concentra la crítica por complicar al votante.

Afecta al elector, pero no a los principales dirigentes, incluso hasta aquellos referentes que poseen mínimas parcelas de poder territorial. Los enamorados del régimen, o “acopleros” por excelencia, frenan cualquier discusión sobre su eventual modificación -en tono de advertencia- sosteniendo que para eso hay que reformar la Constitución. Tocar la Carta Magna suena a violación, a mala palabra, lo que inhibe a la oposición para exigirla. Maniobra ajedrecística del peronismo: amenazar con jaquear.

Sin embargo, sostener que sólo hay que alterar la letra constitucional para eliminar el acople es una verdad a medias. Porque para reducir los efectos negativos del sistema -la multiplicidad de votos en el cuarto oscuro y la presencia de miles de candidatos desconocidos- no alcanza con erradicarlo de la Carta Magna. Se le puede entrar al hígado, además, por el lado de retocar la ley orgánica de los partidos políticos, circunstancia que pondría los pelos de punta a popes del peronismo y hasta obligaría a jugar un rol más decisivo a la Junta Electoral Provincial.

Incluso serviría aplicar la prohibición de las dobles afiliaciones -a partidos de distrito y provinciales-, tema en el que se estuvo mirando hacia otro lado en los últimos años a la hora de controlarlas, ya que existe un fallo de la década del 80 que no se estaría cumpliendo a nivel local, como ya veremos.

Vamos por partes. El artículo 43 de la Constitución (bases del régimen electoral) fija que los partidos políticos o alianzas electorales podrán celebrar acuerdos para apoyar a un único candidato a gobernador y/o intendente de un partido o frente distinto. Los detractores del acople sostienen que hay que sacar el párrafo por completo e idear un nuevo mecanismo electoral, mientras que los defensores apuntan al “podrán” para sugerir que los que reniegan deberían no adherir si se sienten incómodos.

La polémica parece reducirse a ese capítulo constitucional, aunque el debate podría ir más allá del texto: por el lado de las condiciones que se les exigen a los partidos políticos para constituirse y funcionar como tales. He ahí un costado inexplorado por donde entrarle para atenuar las consecuencias de las colectoras. Porque, obvio, los acoples no son simples papeletas llenas de fotos y de nombres de postulantes ignotos: son partidos políticos, estructuras reconocidas como tales por la Junta Electoral.

Usted, lector -hoy elector-, recuérdelo; es un dato clave. De hecho, existen 112 organizaciones en Tucumán, de las cuales 77 compiten en los comicios de este domingo. Está de más decir que la mayoría de ellas se convirtieron, precisamente, en acoples. Si se mira con atención los votos se verá que el nombre del partido está en letritas pequeñas y que en mayor tipografía aparece el número de la boleta.

A la dirigencia no le preocupa que detrás de los números haya partidos. Es una noción desdibujada y relegada a un segundo o tercer plano, tanto en el interés del sufragante como del postulante.

El acople, como sistema, podría hasta desaparecer con sólo imponer condiciones un poco más rígidas para la constitución y el control de los partidos. ¿Cómo? Por ejemplo: si en vez de exigirle a un partido que cuente con una cantidad de afiliados correspondiente al cuatro por mil del total de electores del distrito para obtener la personería jurídica se hubiera solicitado el doble (el ocho por mil), hoy únicamente podrían estar compitiendo en las elecciones ¡tres partidos! Sí, como para poner la misma cara del personaje del dibujo. Serían el PJ, la UCR y Fuerza Republicana, porque superan esos 8.000 afiliados de esa mínima (ocho por mil del padrón, en distritos de hasta un millón de electores), ya que tienen 173.600, 54.000 y 48.500 socios, respectivamente, según la Cámara Nacional Electoral (CNE).

En ese hipotético caso el sistema de acople sería inaplicable pese a su existencia constitucional y, en el cuarto oscuro, sólo se necesitarían tres pupitres para instalar las boletas. No como hoy, ya que faltarán lugares en las aulas para ubicarlas.

En ese caso, 109 partidos locales desaparecerían y no participarían de las elecciones provinciales. Problema resuelto. Es que el que más afiliados tiene entre los 25 partidos de distrito (o nacionales) es el Movimiento libres del Sur, con 7.900 simpatizantes. Y entre los provinciales ninguno llega siquiera a los 7.000 socios. El que más reúne es el Movimiento Independiente, con 6.600, según los últimos datos proporcionados por la Junta Electoral. El último es Propuesta Popular, con 3.322 afiliados.

Esta situación lleva a preguntar si los electos de hoy decidirán atacar la legislación referida a los partidos políticos para mejorar la calidad institucional de estas estructuras y, por ende, el nivel de representatividad de los elegidos por el pueblo. Si se acometiera ese proyecto, el efecto práctico derivaría en más facilidades para el votante para pensar su sufragio. ¿Es posible?

El muro franqueable que permite que haya tantos partidos es ese famoso “cuatro por mil” que exigen las normas nacionales y provinciales en materia de armado partidario. Franqueable porque parecería fácil armar y mantener un partido político en Tucumán. Para tener una idea sobre la cifra exagerada de organizaciones partidarias existentes en la provincia -incluso después que el Gobierno eliminó a 600 partidos municipales y comunales-, cabe señalar que en algunas cuadras de la Capital hay más partidos que farmacias. Irónico, pero real. Y eso que la ley provincial de farmacias (7.556) establece que “la distancia que medie entre una farmacia y otras ya establecidas no debe ser inferior a trescientos (300) metros”.

Sucede que en San Miguel de Tucumán hay radicados 98 de los 112 partidos reconocidos. O sea, un poco más de uno por kilómetro cuadrado. Casos para destacar: dos partidos tienen la misma dirección, pero distintos pisos, en 9 de Julio 485: Propuesta Ciudadana y Corriente Popular. En la Junín están Nuevo Espacio Popular (115), Nueva Fuerza (311) y Frente Grande (669). En la misma cuadra de la Maipú conviven el Partido Solidario (41) y el Frente de la Lealtad (70). Hay dos en la Monteagudo: Trabajo y la Equidad (112) y Unión por la Libertad (220). Y hay tres por la Congreso: Ciudadanos contra la Corrupción (555), Cambio Popular Tucumano (787) y Laborista de la Independencia (856). Y hay muchos más casos.

Vaya una comparación con otra provincia para revelar que esa cantidad de partidos es elevada: Córdoba, con 2,9 millones de electores, tiene 90 partidos en total: 42 provinciales y 48 municipales. Tucumán, en cambio, tiene 1,2 millón de electores. Entonces, la provincia mediterránea, en promedio, tiene un partido cada 32.000 electores; mientras que en el “Jardín de la República”, literalmente, florecen: hay uno cada 10.700 electores.

Aquel “muro” del cuatro por mil despierta una razonable curiosidad, especialmente cuando estudiosos y funcionarios de la Justicia Electoral consultados no hallan -por el momento- una razón que justifique o que indique por qué se puso precisamente ese porcentual y no otro. Algunos conciben que quienes lo impusieron pensaron en un mínimo de representatividad para que los partidos no sean calificados como sellos de goma. Otros concluyen que es un número arbitrario y caprichoso, lo que hasta ahora parece la mejor interpretación.

¿Se animarán a ser más caprichosos los futuros legisladores o integrantes del Ejecutivo para promover un cambio en la legislación local, como aumentar la altura del muro y con ello atenuar los efectos del acople y mejorar la calidad y la vida institucional de los partidos políticos? No hay albañiles. (Chiste: será por eso que siempre hay más abogados que ingenieros en la Legislatura). Es algo excesivo para los acopleros de la primera hora, pues deberían someterse a riesgosas internas partidarias o a tratar de duplicar la cifra de afiliados para mantener el partido. Ya no podrían resolver sus internas por fuera, como generalmente lo hace el PJ en cada elección.

El valor del cuatro por mil aparece en el artículo 7 de la ley nacional orgánica de los partidos políticos (23.298) y en la norma provincial (5.454). Esta última, en su artículo 13 (el reconocimiento definitivo se obtiene al acreditar la afiliación de un número de electores no inferior al cuatro por mil del total de los inscriptos en el correspondiente distrito). Lo mismo estableció la reforma electoral que concluyó en la ley nacional 26.571. Pero nadie sabe por qué se puso ese valor. Capricho o arbitrariedad, es lo que más se dijo. De igual forma se lo podría cambiar y hablar de un cinco por mil, de un ocho por mil o de un 10 por mil. Si ocurriese así, como se explicó, decenas de partidos se extinguirían. Y eso no parecería ser inconstitucional o antidemocrático, pues las organizaciones seguirían siendo vitales para el sistema, pero con otro marco numérico.

Como lo señaló una reconocida constitucionalista de Tucumán: “el número es arbitrario. No tiene una explicación racional. Quizás explica por qué fomentaron ex profeso el multipartidismo o la atomización partidista local”.

Pero hay más todavía, y que favorece la multiplicidad de los partidos: el incumplimiento de las normas que prohíben las dobles afiliaciones entre partidos nacionales (de distrito) y los provinciales. El artículo 25 ter de la ley nacional orgánica de partidos políticos (23.298) dice expresamente que no puede haber doble afiliación. Es condición para la afiliación a un partido la renuncia previa expresa a toda otra afiliación anterior. Está prohibida esa la doble afiliación según el fallo 652/88, en la causa “Luis Ramacciotti y Juan Di Leo, apoderados del Partido Justicialista. Río Negro”. En Tucumán se puede sostener que hay afiliados a estructuras nacionales, como el PJ, que también figuran afiliados a partidos locales. Si, por ejemplo, no hubiera dobles afiliaciones se debería concluir que en Tucumán hay 660.000 personas afiliadas a un partido político, ¡la mitad del total de empadronados en condiciones de votar hoy! Imposible.

Eso ocurre porque no hubo un control efectivo, porque se desoyó la ley y porque se hicieron travesuras a la luz del sistema de acople. Un ejemplo puede poner más luz: el PJ nacional tiene 173.600 afiliados. Ese número -dividido por 4.000- puede cobijar a 43 partidos provinciales de cuatro mil afiliados (por aquello del “muro”). Si al oficialismo acoplaron 46 partidos, es fácil deducir que todos los socios de estas estructuras locales salieron del PJ nacional.

O sea, muchos miraron para otro lado y se hicieron los distraídos. Porque si se aplicara la ley, el PJ nacional debería haber desaparecido al quedar sin socios, o bien no debería haber tantos provinciales. Pero siguen existiendo. Es porque uno no hizo bien los deberes y porque otros cometieron picardías. En fin, se mira más al sistema de acople cuando habría que detenerse en los partidos. Si se viene una reforma política y electoral, por ahí se podría empezar.

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