Clientelismo electoral con visos de legalidad

15 May 2019 Por LA GACETA

Todo vale y a cualquier precio pareciera ser el lema electoralista. El ahogo económico, que es extremo en algunos sectores de la sociedad, es un buen pretexto para conseguir votos. Los tradicionales bolsones fueron desplazados por otras modalidades que tienen viso de legalidad. Hace unas semanas, aparecieron los “mercaditos sociales”, ideados por un partido oficialista, cuyos dirigentes vendían alimentos y productos de higiene a precio de costo, a cambio de afiliarse a ese espacio político. Para comprar era necesario afiliarse la primera vez o hacerlo en la segunda compra. Apenas LA GACETA sacó a la luz esta “ayuda bien intencionada”, los locales fueron cerrados abruptamente. Fue debut y despedida.

A los pocos días, colas de cientos de personas en un banco de Yerba Buena no pasaron inadvertidas. Uno de los candidatos vinculados a esta propuesta de “ayuda mínima”, dijo que no poseía recursos propios para entregar subsidios, pero sí el Gobierno. “Nosotros hicimos gestiones en muchos casos, como otros dirigentes. Esto no está oculto, se le entrega el subsidio en una entidad transparente”, fue su argumentación.

El 9 de mayo, el Gobierno provincial dio a conocer una lista con 450 beneficiarios de ayudas sociales de $3.000 para ser entregadas por tres meses y a partir de abril. De acuerdo con el decreto 1.266/1 del Poder Ejecutivo, del 2 de mayo, el pago de esas sumas se daba en respuesta a la presentación efectuada por distintas personas para que se les concediera un subsidio.

En nuestra edición de ayer, se informó que en la filial de una entidad bancaria de la provincia, en Concepción, se había abonado la primera cuota de $9.000, que contempla ese beneficio.

Ayer, en un banco del microcentro había una larga cola para percibir subvenciones del municipio capitalino, que iban desde los $3.000 a los $6.000, según testimoniaron los favorecidos. Consultado por nuestro diario, el secretario municipal de Hacienda negó la existencia de ayudas sociales o subsidios pagados con dinero. El funcionario sostuvo que podría tratarse de empleados municipales que perdieron sus tarjetas de débito y que fueron a cobrar por cajero humano.

Este año, el Gobierno provincial aumentó un 5.000% el tope mensual para la entrega de subsidios a personas e instituciones. Hasta enero pasado, el máximo mensual para estos aportes girados desde la Secretaría General de la Gobernación llegaba a $800.000. A partir de marzo, por un decreto dictado por el gobernador, la suma se elevó a $ 40 millones mensuales.

Y aunque faltan poco más de 20 días para los comicios provinciales en los que se postulan más de 18.000 tucumanos para 347 cargos electivos, no sería improbable que salieran a la luz otras variantes para canalizar estas “ayudas”, que no hacen más que denigrar la dignidad del votante, claro está que con su propio consentimiento. En este contexto, escuchar palabras o expresiones como “cada uno es libre de votar a quien quiera”; “hay que fortalecer las instituciones, la democracia”; “no a la corrupción, sí a la transparencia”, reflejan las contradicciones de parte de una sociedad que desea y proclama una cosa, pero hace lo contrario. Los dineros que se otorgan como subvenciones a los sectores más desfavorecidos son del Estado, no de un gobierno en particular, en todo caso, esa plata surge del bolsillo de quienes pagan los impuestos.

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