La naturalización de la inseguridad

La naturalización de la inseguridad

Alberto Arturo Córdoba fue la penúltima víctima de homicidio en la provincia. Fue ultimado de un disparo en la espalda. Cayó sin vida en la céntrica esquina de Córdoba y Salta. Los tucumanos quedaron espantados por el crimen. Pero lo hicieron por el lugar, no por su gravedad. El hombre de 64 años pasó a engrosar la lista de los 15 tucumanos que murieron cuando fueron asaltados. Es un número que asusta. Y más aún si se tiene en cuenta que entre enero y el 6 de mayo de 2018 se produjeron 10 hechos de estas características, es decir, ese índice se incrementó un 50%.

El caso de Córdoba también reflejó lo que sucede en Tucumán. A la par de su cuerpo se encontró una pistola calibre 22. En un principio se pensó que se trataba del arma asesina, pero después un pariente confirmó que él circulaba con esa pistola para protegerse. Él, como muchos, estaba dispuesto a defenderse de los delincuentes. En lo que va del año, 12 presuntos asaltantes murieron en manos de sus víctimas. Cuatro delincuentes fueron abatidos por la Policía y un hombre murió al intentar evitar que asaltaran a una vecina en el barrio Manantial Sur. Entonces, en la provincia, en lo que va del año, se registraron 31 crímenes en situación de robo, es decir, un 150% más que en idéntico período de 2018, en el que hubo 13.

En medio de esta espantosa situación, se coló la contienda electoral. Tiempos en los que se habla mucho y se hace poco. El oficialismo busca revertir la pésima imagen que dejó en materia de seguridad en estos casi cuatro años. Los opositores se aprovechan de la situación mostrando estadísticas que no son del todo reales; planteando propuestas descabelladas como traer el Ejército para custodiar las calles o no alimentar a los presos que no trabajen en la cárcel; y recién ahora anuncian que tomarán medidas para tratar de frenar los cada vez más altos índices de inseguridad. Nadie habla, por ejemplo, sobre las iniciativas que tomarán para cambiar con ciertas conductas de la sociedad.

A Córdoba lo mataron porque quisieron robarle la moto para desarmarla y comercializar sus partes o venderla entera en el mercado negro. Muchísimos tucumanos reclaman seguridad, pero son los mismos que no dudan comprar cualquier bien por izquierda con tal de ahorrarse un par de miles de pesos. Y se habla de celulares, pasando por computadoras y terminando en motos. Nunca se preguntan a quién habría pertenecido ese objeto y tampoco les importa saber si está manchado con sangre.

Polémicas

En estos días volvió a surgir la polémica de si Tucumán cuenta con la cantidad de policías suficiente. Todo se inició porque el ministro de Seguridad, Claudio Maley, aseguró que se necesitaban tener un 35% más. El funcionario recibió una tormenta de cuestionamientos. Muchos compararon con la cantidad de efectivos que cuentan estados de otros países. Y obviamente que en Estado Unidos se necesitarán menos; en Suiza menos y en Suecia, muchos menos. Pero vivimos en Tucumán, donde la sociedad hace muy poco para respetar las leyes. Esa es la principal razón por la que se necesitan más efectivos.

Por ejemplo, en ningún país del hemisferio norte los policías andan persiguiendo a motociclistas porque no llevan los cascos puestos, cuyos rodados no están debidamente identificados o porque se trasladan hasta cuatro personas cuando sólo pueden hacerlo dos. No hay municipio en la provincia que no cuente con una Dirección de Tránsito con un ejército de inspectores, pero los controles los debe hacer la Policía, pese a que el motociclista que está circulando de manera irregular no está cometiendo un delito, sino una infracción. La fuerza debería apoyar esos controles, no hacerlos, porque destina hombres que deberían estar haciendo prevención.

Otro ejemplo. El intendente Germán Alfaro invirtió unos $22 millones en los móviles y gastará unos $1,5 millones mensuales en los sueldos para los miembros de la Agencia de Protección de Espacios Públicos. Semejante gasto, en el que no están incluidos varios ítems, se hace para evitar hechos vandálicos en plazas y para que los vecinos no arrojen basura en diferentes lugares de la capital. Todo eso, porque los habitantes de la ciudad no respetan normas mínimas de convivencia. Qué distinto sería si esos móviles (un 25% total de la flota de la fuerza) y los hombres (un 12% del total de la cantidad de efectivos) se volcaran a la Policía para realizar tareas de prevención.

Medidas y humo

En Tucumán está naturalizado el incumplimiento de normas. Desde una infracción mínima como estacionar en doble fila, pasando por comprar bienes robados y terminando con hacer justicia por mano propia. Para colmo, nuestros dirigentes miran hacia otro lado o no quieren mirar bien lo que sucede para debatir ideas y buscar acciones concretas. “El uso de chalecos reflectivos no será efectivo para el propósito de bajar los índices de inseguridad”, dijo Enrique Romero en una nota publicada por LA GACETA el 14 de marzo de 2017. Dos años después, el mismo funcionario, de un solo plumazo, decidió que el uso de elemento identificatorio sería obligatorio a partir del 15 de mayo. “El objetivo de esta medida es que el motociclista esté más visible para otros conductores; además, también servirá para ayudar para haya más seguridad”, indicó el subsecretario de Tránsito y Transporte en una nota del 2 de mayo. Con humo tampoco alcanza para frenar la inseguridad.

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