Piden que no se indague a dos médicos

Piden que no se indague a dos médicos

Capítulo judicial por la cesárea a una niña de 11 años violada.

27 Abril 2019

Las organizaciones de derechos humanos Andhes y Cladem le exigieron ayer a la Fiscalía Especializada en Homicidios N° 1, a cargo de Adriana Giannoni, que levante el secreto de sumario de la denuncia y que la fiscala se abstenga de intervenir hasta que se resuelva la recusación interpuesta contra ella por la defensa de los médicos Cecilia Ousset y José Gijena.

Los profesionales de la salud fueron quienes le practicaron una microcesárea a la niña de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela. Ousset y Gijena fueron denunciados por homicidio luego de operar a la niña, que junto a su madre había solicitado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Ayer por la mañana, mediante un escrito, las organizaciones Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y Abogadas y abogados del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes) solicitaron se les de vista de las actuaciones realizadas hasta el momento en la causa y que se levante el secreto de sumario.

Junto al abogado de los médicos, Emilio Guagnini, reiteraron el pedido de que la fiscala se abstenga de continuar realizando actos de investigación, debido a que está pendiente de resolución un pedido de recusación. “Tomamos conocimiento que siguió investigando a pesar de nuestra presentación en su contra”, indicaron.

Finalmente, en el escrito plantearon que en caso que continúe la investigación se realicen con el debido control de parte.

“Habiendo tomado conocimiento que actualmente se están realizando diversas actuaciones de investigación en esta causa sin informar a las partes denunciadas, es que exhortamos se permita el debido control de actos procesales fundamentales de este proceso, tales como autopsia y pericias médicas”, concluye la presentación.

Desde Andhes y Cladem advirtieron que “si la fiscala sigue realizando actos investigativos estaría afectando el derecho de defensa de las partes y el debido proceso. Esto le acarrearía responsabilidad internacional al Estado argentino por su accionar”.

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