En riesgo de ir al narcoestado

12 Mar 2019 Por Gustavo Rodríguez

El narcotráfico es un monstruo que tiene varias caras y decenas de garras que lastima todo lo que se le cruza en el camino. Desde hace años que esclaviza y mata a los tucumanos que consumen drogas. Tiene el poder económico suficiente para comprar las voluntades de muchos. Y ahora pareciera estar empecinado en avanzar en diferentes instituciones y lugares ante un Estado que no termina de entender lo que está pasando o mira hacia otro lado porque no encuentra una solución al problema.

Ni el más ingenioso productor de Netflix hubiera imaginado lo que sucede en el penal de Villa Urquiza. Los reclusos denunciaron que son torturados por no querer vender la marihuana, la cocaína y los psicofármacos que les entregaban los mismos guardiacárceles. En todas las prisiones del mundo hay tráfico de droga. Pero en Tucumán todo es mucho más grave.

Los hombres que tuvieron un cargo importante en diferentes estructuras del Servicio Penitenciario están siendo investigados por la comercialización de estupefacientes en el penal. Sus nombres también aparecen en la causa donde se trata de esclarecer el crimen de Fernando Medina, el recluso que los denunció por dirigir una banda de narcomenudeo. La fiscala Adriana Giannoni sumó indicios para acusarlos de haber realizado varias maniobras para facilitar el crimen, es decir, lo habrían entregado para que lo maten. La actuación del juez de Ejecución y Sentencias Roberto Guyot, ex director del penal, también es cuestionada.

El jueves, después de varios intentos fallidos, la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal pudo desarticular el quiosco de venta de drogas que manejaba un tal “Gordo Pedro” en San Cayetano. Fuentes judiciales confirmaron que en el operativo, como normalmente ocurre, se secuestraron drogas, armas y dinero. Pero hubo un papel que despertó la atención. La copia de un habeas corpus firmado por el juez Francisco Pisa a favor del detenido. En la copia, el magistrado le pedía al ex jefe de Policía José Díaz para que tres efectivos de la seccional 4ª dejaran de perseguirlo. Sin embargo, en la Justicia Federal no figura que estos uniformados hayan iniciado una investigación formal, por lo que se sospecha que acosaban al acusado para que pudiera “trabajar” sin problemas.

Lazos políticos

“Uno, como político, por conseguir más votos no se cuida mucho”, reconoció el legislador oficialista Santiago “Cacho” Cano días antes de su empleado Julio César Trayán fuese condenado por integrar una banda que se dedicaba al tráfico nacional de drogas. El condenado, en la audiencia, se encargó de no dejar a nadie pegado, pero él fue el primer narco vinculado a la política de la provincia. Desde su detención, los teléfonos de las fuerzas que luchan contra el narcotráfico se ponen al rojo vivo cada vez que realizan un procedimiento. No los llaman para felicitar a los hombres por el trabajo realizado, sino para preguntar quién es el detenido y si conocían para quién trabajaba políticamente el sospechoso.

Y no es ilógico que esto suceda. En los últimos 15 años el monstruo del narcotráfico modificó las estructuras sociales de los barrios. Antes, un dirigente debía negociar con el referente -o puntero, si se prefiere- para trabajar políticamente en determinados sectores. Pero estos personajes perdieron el poder en manos de los transas que venden muerte en dosis de un gramo envueltan en papel de muchos colores y no dudan en brindar asistencialismo social. Trayán, durante el juicio en su contra. declaró que él era el nexo entre la gente y los dirigentes. Él conseguía los remedios y los ataúdes para que los ciudadanos de escasos recursos pudieran enterrar a un ser querido y que probablemente haya sido un joven que decidió quitarse la vida por no poder afrontar la adicción que le generó la droga que él traía a la provincia. Entonces, a un candidato desesperado por sumar votos no le quedará otra que recurrir a la bendición del hombre fuerte del barrio para poder “trabajar” territorialmente. Y es lo que “Cacho” Cano dice haber sufrido.

Candidatos y algo más

Decían que Máximo Ruoti era un empresario exitoso. También ex candidato a legislador, primero por el Frente Para la Victoria, y después trabajó para el Acuerdo por el Bicentenario. Su nombre se hizo famoso cuando lo detuvieron en Santiago del Estero con un cargamento de cocaína. Lo acusaron de ser líder de una organización que trasladó hasta 1.000 kilos de esa droga en menos de cinco meses. En Santiago del Estero investigan si hizo aportes en las campañas de 2011 y 2015, como se sospecha. José “Pico” Peralta, uno de los líderes del clan “Los 30”, que recibió ayuda policial para escaparse de la comisaría de Delfín Gallo, fue empleado del bloque alperovichista del Concejo Deliberante. A Antonio “Tony” Lobo se le destruyó en mil pedazos el sueño de ser delegado comunal de El Puestito (Burruyacu) cuando fue detenido por ser sospechoso de traer droga desde Bolivia hacia la provincia.

El monstruo crece porque el Estado lo permite. Por ejemplo, se cumple un año de la promesa que hicieron los tres poderes para definir si la justicia ordinaria se haría cargo de luchar contra el narcomenudeo para acabar con los amos y señores de los barrios. Tampoco se avanzó en la legislación para que cada uno de los candidatos informe quiénes son las personas que aportan a su campaña. Y lo que es peor aún: no hay un reconocimiento del grave problema. Por ejemplo, el ministro Claudio Maley, al estallar el escándalo de la cárcel de Villa Urquiza, dijo que la situación de los penales era normal. Así la provincia corre riesgo de que se instale un narcoestado.

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