Largaron

23 Feb 2019 Por Álvaro José Aurane
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El Gobierno tucumano ha bajado la bandera de largada para los comicios en los que buscará la reelección de Juan Manzur y de Osvaldo Jaldo al frente de los poderes políticos del Estado.

La convocatoria anticipada de los comicios era inminente, como lo había adelantado ayer LA GACETA. Apenas se notificó del segundo fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que fulminó la última norma constitucional que anclaba los comicios provinciales inexorablemente en agosto, el gobernador y el vicegobernador confirmaron que 9 de junio era la fecha con más chances para una temprana cita con las urnas.

El oficialismo apuesta a pleno por la doctrina de los actos consumados. Todavía hay instancias judiciales respecto del pleito iniciado por el massismo tucumano. Pero en la Casa de Gobierno asumen que abortar judicialmente una elección ya convocada es varias veces más complicado (y definitivamente mucho más bélico) que dictar una cautelar que le ordene al Poder Ejecutivo abstenerse de efectuar el llamado.

Ahora que ya es un hecho puede resultar anecdótico, pero lo cierto es que había una decisión tomada en las cumbres del poder, a comienzos de esta semana, para avanzar a como diese lugar en el anticipo de las elecciones. Esto es, arremeter contando con el pronunciamiento judicial que lo avalaba (como finalmente ocurrió) o inclusive si el tribunal se mantenía en silencio.

Tres apuros empujaron al Gobierno tucumano en su determinación. Uno podría calificarse como coyuntural: la administración de la cosa pública tucumana llega ordenada hasta junio. Más allá de la mitad del año, el escenario nacional es difuso para el Ejecutivo tucumano, que ya sufre de una caída sensible de la recaudación provincial como consecuencia de la recesión. Y el contexto económico es trascendental para el oficialismo, tanto a niveles macroeconómicos como en los órdenes más domésticos. Por caso, razonaba ayer uno de los operadores electorales del palacio, una razón “estratégica” para llamar a votar el 9 de junio consiste en que, para esa fecha, el Estado ya pagó los sueldos.

La segunda urgencia gubernamental busca aprovechar el incondicional desorden de la oposición tucumana. El de Cambiemos, donde todavía hay gente con buenas intenciones y malos relojes políticos que quiere abrir un debate acerca de cuál es el mecanismo que debe emplearse para definir la fórmula de gobernador y vice. El de Fuerza Republicana, que todavía cicatriza algunas heridas que dejó la diáspora de 2017. Y el del alperovichismo: Manzur y Jaldo, personalmente, todos los días desmembran los armados que trabajosamente intenta tejer el senador José Alperovich en el interior.

Finalmente, el tercer apremio que motoriza al oficialismo es una de las variables más importantes y, acaso, menos tenida en cuenta por los “compañeros” tucumanos: la proyección nacional por la que el manzurismo trabaja a destajo.

El horizonte que otean en los poderes políticos tucumanos no tiene en el kirchnerismo su fin último. Como ya se ha avisado, el gobernador viene empeñándose en un acercamiento con la senadora Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente, en el marco de su asedio al alperovichismo. Jaldo busca jaquear al ex gobernador en el terreno de la dirigencia; Manzur busca poner en crisis la pretensión de su antecesor de convertirse en el único referente de la ex presidenta en la provincia.

Ahora bien, el oficialismo tucumano también escudriña más allá de Alternativa Federal. En los hechos, el gobernador dejó abierta en esa playa su sombrilla de “Por la unidad del peronismo”, pero no asistió al último encuentro en Mar del Plata. Si Manzur apunta de frente las ahora cercanas elecciones provinciales, mira de reojo la inminente apuesta presidencial de Roberto Lavagna.

Esa urdimbre tiene como columna vertebral al peronismo que logró aglutinar hasta ahora Alternativa Federal, pero aspira a que uno de sus brazos sea el sector del radicalismo que encabeza Ricardo Alfonsín; y que el otro sea corporizado por el Movimiento Popular Neuquino de los Sapag. Y anhela que una pata sea el socialismo del gobernador santafesino Miguel Lifschitz; y que la otra sea el kirchnerismo. Pero no en los términos que desean los “K” de todas las latitudes, que se simplifica en el reduccionismo: “si no va Cristina, ella arma todas las listas”. El ideal deseado es sumar a la senadora como una socia importante, no como un hegemón. Y si no se puede, entonces será sin el kirchnerismo.

Hay un dato a tener en cuenta respecto de estas telerañas electorales: hay un hilo que se conecta sin escalas con el Gobierno tucumano. Humberte Neme, el secretario de Relaciones Institucionales del Gobierno tucumano, tiene amistad con Roberto Lavagna y, especialmente, con su hijo Marco.

Lo curioso es que dentro del propio oficialismo, cuando se interrogan por el paradero de Neme, sólo lo hacen para preguntarse equivocadamente a qué va a postularse (no podría candidatearse a ningún cargo, ni aunque lo quisiera, porque nació en Buenos Aires, nunca hizo el cambio de domicilio que sigue figurando en la ciudad autónoma, y ni siquiera tiene una propiedad en esta provincia), en lugar de averiguar qué será lo que, exactamente, está haciendo cuando no está en la provincia.

Todavía en boxes

La mitad de Cambiemos de Tucumán recibió la noticia de que hay que ir a votar en junio en pleno proceso de deshojar la margarita con los nombres de Domingo Amaya, José Cano, Silvia Elías de Pérez y Alfonso Prat-Gay, los cuatro autoproclamados precandidatos del macrismo en la provincia.

Pasó la segunda semana desde la última visita del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y todavía no hay definiciones. En todo caso, en un lento decantamiento, Prat-Gay se ha ido desdibujando.

Paralelamente, ha ido ganando espacio la idea de que una fórmula que incluya a Amaya y a Cano, cualquiera sea el orden, implicaría resolver en el distrito la sempiterna interna entre Frigerio y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Amaya es el subsecretario del Interior de Frigerio mientras que Cano se encolumnó tempranamente con Peña.

Pero Elías de Pérez no es una competidora menor. Como primera medida, ocupa una de las 25 valiosas bancas con que cuenta Cambiemos en la Cámara Alta: no es una referente a la cual desairar. Y es la que concita las adhesiones de los intendentes radicales de Tucumán. Uno de ellos, Mariano Campero, empachó al “canismo” cuando dijo esta semana, en el programa televisivo “Buen día”, de LA GACETA, que la parlamentaria es quien debe encabezar la fórmula.

Por cierto, Frigerio se llevó una última impresión de la interna tucumana, cuando su avión ya había dejado el suelo tucumano. Uno de los funcionarios nacionales que lo acompañó en el regreso a Buenos Aires le dio una síntesis de lo que viene: a los efectos territoriales, hay dos -y sólo dos- modelos de fórmula a gobernador y vicegobernador: una que incluya a la diputada Beatriz Ávila, y otra que no. Es decir, hay un esquema en el cual el intendente de la Capital, Germán Alfaro (a la sazón, el esposo de la diputada) jugará en toda la provincia, y otro en el cual se abocará únicamente a San Miguel de Tucumán.

Pero el alfarismo, en esta coyuntura, no sólo corre con la ventaja de administrar una ciudad que tiene un número de habitantes (poco más de 600.000) equiparable a las provincias de San Juan, Jujuy y Río Negro; y superior a las de Neuquén, Formosa, Chubut, San Luis, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En rigor, el jefe municipal preside el único partido político regularizado del frente Cambiemos. El PRO está intervenido y el radicalismo se encuentra en proceso de internas partidarias, luego de que renovación de autoridades fracasara escandalosamente el año pasado, nada menos que por presuntas irregularidades en los padrones de afiliados.

El asunto no es menor y es la variable que no viene teniendo en cuenta la oposición, pese a que será trascendental por partida doble.

Por un lado, el adelantamiento de los comicios provinciales pone en una encerrona al centenario partido. Las internas han sido convocadas por Federico Romano Norri (a cargo de la UCR de los mandatos vencidos al solo efecto de convocar a esas primarias, según la propia carta orgánica) para el 31 de marzo. Sin embargo, las listas de candidatos para renovar todos los cargos electivos provinciales deben estar presentadas apenas 10 días después. Para mayor presión, tres legisladores radicales (Ariel García, Raúl Albarracín y Fernando Valdez) reclaman que, junto con las autoridades del partido, también se elijan los candidatos a los cargos públicos. Ellos denunciaron el año pasado -y encontraron eco en la Justicia Federal- que los padrones radicales no incluían miles de afiliados de su sector. Todo se encamina hacia el estallido.

Como agravante, los radicales tampoco tienen margen de negociación para ofrecer lugares en la lista de diputados nacionales que se votan este año porque es casi una obviedad que también habrá internas para disputar los lugares en esa nómina, nada más que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

En este caso, del que no deben olvidarse, otra vez, es del jefe municipal de la Capital. Si Alfaro consagra su reelección el 9 de junio, estará festejando el triunfo a tan sólo dos semanas del último plazo para inscribir los precandidatos a la Cámara Baja: los que se medirán en las PASO pueden anotarse hasta el 22.

Tal vez algunos no se hayan notificado, pero esta semana el Partido de la Justicia Social instaló, en un multitudinario acto en Central Córdoba, que ya trabaja para “Alfaro 2023”. Y ese camino tiene dos escalas. La de 2021, cuando se renuevan las tres bancas tucumanas en el Senado de la Nación. Y no hay 2021 si antes no hay octubre de 2019.

El intendente no quiere el título de “gran elector” de Cambiemos en Tucumán, sino el ejercicio del cargo.

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