El tribunal de los Danieles

La cúpula del Poder Judicial de Tucumán empezó otro ciclo. Los cambios, por ahora, son paisajísticos. Pero en los detalles del cuadro presentado este miércoles a propósito del juramento del vocal Daniel Leiva hay pistas que anticipan novedades más profundas. La primera conclusión surge de la observación del estrado: la Corte reincorporó al ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, y admitió al de la Defensa, Washington Navarro Dávila. Con la partida de Antonio Gandur cesó aparentemente la separación de aguas que mantenía “a cada chancho en su rancho”, división regulada en la Ley 9.115 de agosto de 2018, que establece que cada cuerpo preside sus propios actos de investidura. Por aplicación de esa norma, Jiménez y Navarro Dávila habían sido enviados abajo, como “meros” invitados especiales. El año 2019 los encuentra físicamente reinstalados en las alturas tribunalicias.

Los dos sillones agregados a los extremos diluyeron la ausencia de René Goane. El vocal decano quedó como el único exponente de la Justicia del siglo pasado: también es el único integrante de la cúpula que no debe su nombramiento ni al gobernador Juan Manzur ni al ex gobernador José Alperovich. Esas circunstancias incrementan la cotización de la vocalía de Goane, pero su futuro es un arcano. El juez supremo no volvió de las vacaciones y hay quienes creen que la situación es delicada. Goane ya superó otros achaques y hace tiempo avisó que retendría su puesto mientras pudiese respirar. En octubre de 2013, tras una licencia médica prolongada, soltó una carcajada cuando esta periodista le mencionó la palabra “jubilación”. “Nunca pasó eso por mi cabeza. De aquí solamente me sacará la muerte. Yo digo que me iré con los pies para adelante”, sentenció. Entonces tenía 72 años.

La cúpula exhibe una coincidencia insoslayable. Daniel Posse, Antonio Estofán, Leiva, Goane, Jiménez y Navarro Dávila, sus seis miembros varones, llegaron a la Justicia tras cumplir funciones en el Poder Ejecutivo. Sólo Claudia Sbdar, la primera y única mujer de la cúspide judicial, está exenta de esa biografía, aunque su hijo primogénito, Oscar Bercovich, tuvo una carrera tan meteórica como breve en la administración anterior: entre septiembre de 2012 y noviembre de 2013 fue secretario privado de Alperovich, director de Canal 10 y secretario general de la Gobernación.

El vínculo entre la política y los Tribunales se remonta a los tiempos del catapum (o ñaupa). Armando Baunaly, ministro de Fernando Riera, puso las cosas en estos términos. “Una de las condiciones para integrar la Corte es ser peronista”, enunció. Su verdad lo eyectó del cargo, pero la anécdota mantiene vigencia, como apuntó el sábado un abogado con mucho porvenir. El episodio consta en la página 456 de “Tucumán, la historia de todos”, obra por fascículos de Carlos Páez de la Torre (h) que publicó LA GACETA.

El nexo entre políticos y jueces llegó al clímax en 2003-2006, cuando el Gobierno del contador suprimió el Consejo de la Magistratura limitado al análisis de los antecedentes que instauró la gestión de Ramón Bautista Ortega. Durante aquellos años cundieron la discrecionalidad y el nepotismo en todos los ámbitos del Poder Judicial de la mano de Jiménez, quien se desempeñó como ministro alperovichista hasta 2014, cuando pasó a ser jefe de los fiscales. La implantación del Consejo Asesor de la Magistratura actual, judicialización mediante, redujo el factor político en beneficio del mérito para los despachos sometidos a concurso. Pero la cima permaneció ajena a ese proceso de profesionalización y atenuación del partidismo. Un príncipe del foro -con perdón de la lectora que aborrece el apelativo- asegura que los altos tribunales llevaron la firma de los oficialismos que los armaron desde que comenzaron a existir, la diferencia es que antes las filias y fobias cesaban cuando el candidato del poder político ingresaba a la magistratura. Ese cordón umbilical era cercenado porque, como recordó el viernes el “triple” juez Guillermo Acosta, sin independencia no hay Justicia, sino sólo una fachada.

Con la excepción “goanesca”, los cargos máximos de este Poder Judicial son producto de una mayoría legislativa autosuficiente, que se impone arrollando el valor de la legitimidad. Ese oficialismo ciego a críticas e impugnaciones gestó también el año pasado una Junta Electoral única en su arquitectura: en la misma sesión primero ungió al ex fiscal Navarro Dávila como jefe de los defensores oficiales, y, después, lo sentó a organizar y controlar los comicios provinciales junto a Posse, presidente del alto tribunal, y a Jiménez. Más allá de las militancias en el justicialismo -por cierto, Reinaldo Jiménez, hijo del ministro público fiscal, integra la lista interna que encabeza Manzur-, el resultado de esa creatividad es una Junta donde los ministerios públicos sin autonomía constitucional son más poderosos que la Corte que sí la tiene. Bastan esos dos votos para tomar todas las decisiones, incluso la de mantener o desplazar al secretario histórico, Darío Almaraz.

El combinado de autoridades judiciales vigente desde la semana pasada ya está siendo desafiado por las vicisitudes del año electoral. El río de la historia lleva hacia la reedición de los conflictos cuya repercusión contribuyó al triunfo nacional ajustadísimo de Cambiemos. La Corte provincial orbita en el centro del estrés que implica renovar el poder estatal en “Trucumán”, acto de la democracia que se traduce en presiones cada vez más concretas y menos sugerentes. La fórmula del azar que cincela los destinos colocó a tres hombres con el mismo nombre en la misma institución. Desde hace seis días los Danieles (Posse, Estofán -también se llama así aunque use el primero, Antonio- y Leiva) son mayoría en el alto tribunal, lo que no quiere decir por el momento más que eso: una casualidad. Pero resulta que esa denominación de origen hebrea significa “Dios es mi juez” o “Justicia de Dios”. Sólo un dato de color para agregar a esta Corte, que no es inmune a la máxima del portugués José Saramago: “conoces el nombre que te dieron, no conoces el nombre que tienes”.