Urge cambiar la dispersión de políticas de seguridad vial

11 Feb 2019

Un desconocido e inquietante panorama sobre los accidentes de tránsito sale a luz cada tanto, cuando alguna tragedia deja ver una realidad de controles precarios y de riesgos elevados. En tiempos de vacaciones suele verse esta situación en las carreteras, por las que se vuelcan los argentinos en busca de lugares de descanso; y en épocas de actividad normal son las calles y avenidas los escenarios de los accidentes viales, y las rutas de circulación intensa. Pero la estimación del fenómeno escapa a las posibilidades de un análisis preciso, debido a la dispersión de mediciones y a la precaria recolección de datos. Por ello, sólo se habla con estimaciones, aunque con preocupación. Hace tres años fue el gobernador Juan Manzur quien dijo que los accidentes viales (causan unas 340 muertes cada año en Tucumán) eran una epidemia; en 2018, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Mauricio Macri dijo: “nos estamos matando en accidentes en las rutas y en las calles... El año pasado murieron 5.000 personas que no tenían que morir”.

¿Qué se hace para bajar cifras? Muy poco, en principio porque la recolección de datos es motivo de permanentes disputas, ya que cada área trabaja sin coordinación y sin someterse a auditorías de gestión, que permitirían evaluar si lo que se hace está bien o mal. No se hace adecuado seguimiento de las víctimas (saber qué ocurre con las personas accidentadas en hospitales o en clínicas privadas) para establecer cifras precisas. Por ello siempre hay discordancias entre los informes provinciales o municipales con las de organizaciones como Luchemos por la Vida o el Instituto de Educación y Seguridad Vial (ISEV), que recopilan, además de informes policiales, datos aparecidos en medios de comunicación. Así, es frecuente que se publiquen informaciones como el reciente estudio de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que señala que hubo menos accidentes de tránsito en la capital, sin que se pueda contrastar con informes de hospitales. Al mismo tiempo, el informe del ISEV que compara los años 2018 y 2017 dice que hubo una suba de la mortalidad del 5,6% en el país.

La dispersión está disfrazada de autonomías administrativas. Hay una ley nacional de Tránsito pero hay regulaciones provinciales que hacen que la situación no sea igual en todas partes. Hay un Consejo de Seguridad Vial nacional pero sus políticas no son vinculantes. Los objetivos de la Agencia de Seguridad Vial, creada en 2008, no se cumplen, como el carnet por puntos. Es que falta que algunas municipalidades se adhieran a la norma. El hecho de que en 11 años desde la creación de la Agencia de Seguridad Vial no se haya podido bajar la cifra anual de accidentes en el país indica el fracaso de las medidas, más allá del autoelogio y de las cifras parciales presentadas por cada área.

Luchemos por la vida cita el cambio de paradigma que aporta el enfoque de la visión cero en seguridad vial, a partir del ejemplo de Suecia, que en 15 años redujo sus cifras de accidentes para convertirse en el país más seguro del mundo: con 9,6 millones de habitantes, tiene un promedio de muertes por accidentes similar a Tucumán. La visión cero consiste en compensar el error humano mejorando la infraestructura, la ingeniería vehicular y la educación. Reducir los límites de velocidad en áreas urbanas, crear zonas específicas para peatones, instalar barreras que separan los autos de las bicicletas, eliminar las rutas de doble mano; trabajar, más que con las multas (que sí deben cobrarse) con las estadísticas bien elaboradas.

Si realmente se considera que los accidentes son una epidemia, la política debería ser de coordinación entre las áreas de tránsito de provincia y municipalidades (junto con la Nación) y las de Salud, con la supervisión crítica de las organizaciones independientes, para llegar a resultados concretos y comprobables. Eso se logra con debates de alto nivel y disposición para enfrentar de verdad el problema.

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