El código del “oficial Zurita”

09 Feb 2019 Por Roberto Delgado
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La historia de la coima que denuncia el guía de pesca correntino Carlos Viccini es la de un virtual asalto. Los (supuestos) policías que lo pararon en el camino de Garmendia a Tucumán, en Las Piedritas (ruta 304) lo rodearon de tal manera que no tenía cómo escaparse del asedio ni evitar que le sacaran dinero para no secuestrar los caballos que transportaba. Él creía tener todo legal, pero el ariete en el control fue que supuestamente el tráiler era 10 cm más ancho de lo permitido. La única salida era el secuestro de los animales o pagar. Estaba atrapado y pagó, según cuenta, y quedó habilitado para circular, no con un comprobante de multa, sino con la posibilidad de citar, en otro posible control, “que ya habló con el oficial Zurita”. Y no se trata de una persona, sino de un código que indica que ya se ha cobrado (pagado) un soborno. Según lo que se entiende de sus declaraciones, este episodio bien puede ser una muestra de un sistema de corrupción que funciona aceitadamente.

¿Un oscuro lado B?

Cierto es que no hay una sola prueba de esta coima, excepto el hecho de que Viccini da la cara para contarla públicamente a la vez que dice que no hizo denuncia penal. El jefe de la Policía Vial reconoce que hubo cuatro actas de infracción en ese lugar (ninguno corresponde a Viccini, dice) y añade que fue la Dirección de Transporte la que estuvo a cargo. Pide que se haga denuncia, aunque la investigación seguramente se va a diluir antes de empezar. Pero este caso, ocurrido el miércoles, ha sido el último de una semana plagada de irregularidades de policías. Un día antes había sido el episodio del comprador de un auto que tenía problemas de papeles que, según denunció, fue llevado a la Digedrop y “apretado” para pagar $ 100.000. Cuatro hombres, entre ellos un policía, fueron detenidos por esta maniobra. Y el lunes había sido el escándalo del comisario de Los Sarmiento, Alfredo Pineda, acusado por vecinos de cortar cables del alumbrado público y que se encuentra detenido. Puede ser casualidad pero también puede ser una muestra de un lado B de la Policía, que funciona sin control. En este caso, las situaciones que se ven bien pueden ser esporádicas, pero también pueden formar parte de prácticas habituales en las que el “código del oficial Zurita” encaja justo.

La Policía es un organismo con mucho poder en la regulación de la vida ciudadana. Interviene en todos los conflictos que no resuelven otras áreas del Estado y su poder discrecional es gigantesco. La misma gente se lo reconoce. Por eso el comisario Pineda, cuando fue acusado hace un año de balear a una persona por la espalda en Los Sarmiento, fue apoyado por los mismos vecinos cuando adujo que se trataba de un ladrón. Ese tremendo poder está expresado en el código de Contravenciones (declarado inconstitucional pero en uso) que permite multar a los que cometen infracciones. La discrecionalidad está en que la autoridad –el policía- es quien determina lel error y la magnitud de la falta del infractor. De allí a que haya oficiales y agentes que entablan un sistema irregular de cobro de dineros hay un paso. Pero probar que existe un sistema paralelo puede ser tan difícil como confirmar la veracidad la denuncia del guía de pesca. Aunque con un poco que se escarbe se pueden encontrar muchos casos de irregularidades en este sentido. Muchos aparecieron en la prensa. Otros han quedado entre los “delitos bagatela” de la burocracia judicial, que jamás se resuelven.

Hace dos años el recientemente fallecido vocal de la Corte Suprema, Antonio Gandur, reclamó una mejora en el control interno policial y la creación de una Auditoría General de Asuntos Internos u otro sistema que “supere al actual que ha mostrado graves falencias”. Gandur citó un caso de irregularidades policiales que le parecía escandaloso. Pero la cuestión quedó lavada cuando se supo que un juez había liberado al oficial detenido en ese escándalo. Esto, que se hizo en el marco de las reuniones de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia de Seguridad, se olvidó después. Hace un año, cuando fue el incidente de Pineda en Los Sarmiento, nadie protestó por el hecho de que las mismas autoridades del Ministerio de Seguridad fueron a apoyar al comisario cuestionado. Ahora se sabe que en diciembre lo ascendieron y condecoraron.

Camino a la nada

En agosto, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, informó a la comisión legislativa que había proyectos para modificar el sistema de servicio adicional y para asuntos internos. De los adicionales se ocuparon: hay una ley que se está poniendo en práctica y cuya bondad aún se desconoce. En cuanto a asuntos internos, sólo se sabe que hay una Oficina de Sumarios Administrativos perdida en la Jefatura. Según el informe de agosto, había 70 policías pasivos bajo proceso con el artículo 119 inc. 7 del Régimen Disciplinario. Aparte, se explica que el 10% de los casos son faltas graves y que prácticamente todos los sumarios administrativos dependen del resultado de las causas penales. No hay más detalles. Cuando hace dos años se analizó el pedido de Gandur, se sugería que Asuntos Internos fuera una oficina fuera del control de la misma Policía.

Lo más probable es que los acusados en estos casos sigan el lento derrotero de las causas penales menores, que van hacia la nada. Por eso muchos policías acumulan una foja de servicios irregulares, sin que los limpien ni los castiguen, mientras la vida y sus trabajos siguen, como si lo que regulara el funcionamiento de las cosas en la calle y en la vida cotidiana fuera ese código surgido de la discrecionalidad: el del “oficial Zurita”.

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