Transparencia mata críticas

05 Dic 2018

Cada tanto la Legislatura vuelve a ser centro de atención. No por su acción de representación ciudadana, no por su calidad de debate político, no por su caudal de leyes sancionadas, sino por la oscuridad que rodea el manejo de sus fondos.

Es un clásico más disputado que el de San Martín y Atlético y más polémico que el último entre River y Boca. E igual de vergonzoso. Suena paradójico que los ciudadanos no puedan conocer en qué gastan quienes los representan, pero ya resulta grave que no puedan saberlo ni los propios integrantes de ese poder del Estado. El radical Eudoro Aráoz confesó que no podía acceder a la información respecto de cuánto y cómo gasta la Legislatura y mucho menos cuántos empleados posee. Estamos hablando de que un poder completo de los tres que forman el Estado oculta sus números. Estamos hablando de poco más de $ 4.000 millones que se manejan discrecionalmente, porque así se entiende si nadie puede explicar cómo se distribuyen ni en qué se gastan ni pueden verse esos números en ningún lugar.

Esa postura de las autoridades de la Cámara voltea el mito del fin de los gastos sociales o “reservados” y del comienzo de la era de la transparencia. ¿Se trató de un maquillaje para que pareciera que todo cambió y en realidad nada cambiara? El susto de las fotos de las valijas con cientos de millones en efectivo para la Legislatura decretó que no haya más ese dinero oscuro que utilizaban a “gusto” los parlamentarios. ¿Ahora se instaló otro sistema? Hasta aquí nadie se atreve a romper el pacto de silencio o a exigir que se muestren las cifras para que dejen de tratar de “ilegales” nada más y nada menos que a los legisladores.

Algunos avezados dirigentes se agarraban la cabeza cuando escuchaban las revelaciones sobre que el 90% del presupuesto de la Legislatura se destina a personal. Entienden que esa puede ser la tumba para el poco prestigio del Parlamento. ¿Cómo explicar que tremenda cantidad se gasta en “gente”? Se trata de unos $ 3.900 millones, distribuidos en 49 legisladores y en una planta fija que supuestamente no llega a los 2.000 empleados. Ya esa cifra es exhorbitante. ¿Tantos administrativos fijos son necesarios para que la Cámara funcione? Más números. Cualquier contratado de bloque de ese poder sabe que el sueldo promedio por hacer “política” ronda los $ 15.000, lo cual implica que habría unos 13.000 o 15.000 empleados de ese tipo, si se descuentan los de planta, los legisladores y los profesionales (ganar salarios más abultados). La Legislatura es, entonces, una gran empleadora más que una casa en la que se elaboran proyectos, se debaten políticas y se sancionan leyes.

En el oficialismo provincial suelen renegar de los “ataques” contra la Legislatura cuando se posa la mirada sobre sus gastos, pero nunca buscó enrostrar a los críticos los números, para mostrar con claridad que allí está todo en orden y que las sospechas son infundadas. ¿Por qué no se publican en internet? ¿Por qué no está el listado de los montos que se entregan en subsidios a instituciones diversas? ¿Por qué no hay una ley de acceso a la información pública?

La declaración del gobernador, Juan Manzur, en el entredicho con la Nación por las viviendas deja más preocupaciones en ese sentido. A varios dejó boquiabiertos que el mandatario haya sido tan descuidado con sus palabras. Cuando el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, le pidió transparencia para enviarle fondos para la construcción de casas sociales, Manzur le respondió que Tucumán las hará con su plata. El mandatario no dijo que el funcionario nacional estaba equivocado ni que la Provincia sí cumplía ni que la transparencia existía ni que era mentira que las casas no iban a quienes más las necesitaban (Kerr endilgó que iban a gremios y no a familias vulnerables). Simplemente contestó que cumpliría con los acuerdos establecidos con los gremios y que las haría con la plata de los tucumanos. ¿Es preferible resignar dinero nacional para Tucumán y gastar fondos de la provincia que ser transparente? ¿Por qué no desmintió a Kerr? ¿La Nación tiene razón y falta transparencia?

La oscuridad en los actos de Gobierno genera desconfianza y ello se traduce en malestar social. El “caso IPV”, justamente, empezó así y terminó con protestas callejeras que hoy persisten.

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